El gobierno de Costa Rica anunció el martes que permitirá a algunos de los aproximadamente 200 migrantes que fueron deportados de Estados Unidos y actualmente están detenidos en el país centroamericano, permanecer allí y moverse libremente durante tres meses. Esta decisión surge pocos días después de que abogados de derechos humanos interpusieran una demanda contra el país, alegando que el gobierno violó los derechos de al menos 81 niños migrantes, al haberlos detenido en un campamento rural sin acceso a recursos jurídicos, educación o servicios psicológicos.
La medida que beneficia a migrantes deportados de EE.UU.
El gobierno de Costa Rica indicó que esta medida se toma por razones humanitarias, pero aún no ha especificado cuántos migrantes recibirán los permisos. Se estima que una parte importante de los migrantes afectados proviene de países como Afganistán, Rusia, China, Pakistán e India. De acuerdo con las autoridades, se priorizará a los niños, quienes serán algunos de los beneficiarios de esta decisión.
El permiso otorgado por Costa Rica permitirá que los migrantes permanezcan en el país durante tres meses mientras buscan asilo en Costa Rica o alternativas para continuar su viaje fuera del país. Este anuncio ha generado tanto apoyo como críticas, pues muchos se preguntan si la medida es suficiente para garantizar los derechos de los migrantes y sus familias.
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EFE/ Carlos Lemos
Una respuesta a las críticas de los defensores de derechos humanos
La noticia se dio a conocer poco después de que un grupo de abogados presentara una demanda ante las Naciones Unidas, acusando al gobierno de Costa Rica de violar los derechos humanos de los migrantes detenidos en el país. Según la demanda, 81 niños fueron retenidos en condiciones precarias, sin acceso a recursos básicos, como educación, atención médica o asistencia psicológica.
Silvia Serna Román, una de las abogadas que presentó la demanda, destacó que, aunque la decisión de Costa Rica de permitir que algunos migrantes se queden en el país es un paso positivo, aún quedan muchas preocupaciones. En particular, la abogada señaló que, aunque se permitirá que los migrantes se muevan libremente, estos tienen prohibido trabajar en Costa Rica, lo que dificulta su supervivencia mientras buscan una solución a su situación.
Condiciones de detención y críticas internacionales
Los migrantes, que fueron deportados por el gobierno de Estados Unidos durante el mandato de Donald Trump, se encontraban detenidos en un campamento improvisado en la frontera entre Panamá y Costa Rica. Según los informes, las condiciones dentro del campamento eran extremadamente precarias. Las familias dormían en cartones o tiendas de campaña, con acceso limitado a alimentos, y sin ningún tipo de ayuda significativa por parte de las autoridades locales.
El gobierno de Costa Rica, junto con las autoridades panameñas, había prometido que los migrantes tendrían una estancia temporal en Centroamérica mientras se procesaban sus casos de deportación. Sin embargo, lo que inicialmente se pensó que sería una breve estancia en el país se prolongó durante meses, lo que generó una creciente frustración tanto en los migrantes como en las organizaciones de derechos humanos.
Los migrantes fueron detenidos y sus pasaportes confiscados. Para recuperarlos, se les informó que debían firmar un documento aceptando las condiciones del gobierno, algo que muchos consideraron una medida coercitiva. Este tipo de prácticas fue uno de los principales motivos de la demanda presentada por los defensores de los derechos humanos.
Fotografía de archivo en la que se ve a migrantes cubanos al despedirse de sus familiares antes de salir hacia El Salvador, en un refugio de migrantes cubanos varados en La Cruz (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas
Panamá y Costa Rica enfrentan presiones por las políticas migratorias
La decisión de Costa Rica se suma a las acciones tomadas por Panamá, que el mes pasado permitió la liberación de los migrantes detenidos. Sin embargo, las autoridades panameñas no ofrecieron ninguna solución a largo plazo, dejando a muchos migrantes en las calles de la Ciudad de Panamá, sin un plan claro para su futuro. Algunos migrantes fueron informados de que no podrían solicitar asilo en Panamá, dejándolos en una situación de incertidumbre total.
Este tipo de medidas ha generado una fuerte crítica internacional. Grupos de derechos humanos han advertido que Costa Rica y Panamá están sirviendo de agujero negro para los migrantes deportados, ya que no están ofreciendo soluciones claras ni viables para que estas personas puedan regularizar su situación en el país o continuar su viaje.