La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández se entregará a la justicia el próximo miércoles 18 de junio, tras haber sido condenada a seis años de prisión por corrupción. El anuncio lo realizó ella misma a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), donde confirmó que se presentará en los tribunales federales de Comodoro Py, en Buenos Aires.
Fernández, quien tiene 71 años y lidera el Partido Justicialista, enfrenta una sentencia firme por irregularidades en la concesión de obras públicas durante su presidencia (2007-2015) y la de su fallecido esposo Néstor Kirchner (2003-2007). La exmandataria solicitó cumplir su condena en prisión domiciliaria, amparada en su edad y en motivos de seguridad personal.
«Me presentaré para estar a derecho, como siempre lo he hecho», escribió la exmandataria. Agregó que su solicitud de prisión domiciliaria no responde a un privilegio, sino a razones de seguridad personal, aludiendo a su condición de expresidenta, que le otorga custodia de por vida. En ese contexto, recordó que en 2022 fue víctima de un intento de asesinato cuando un hombre armado intentó dispararle a corta distancia.
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Cristina Fernández se entregará pero pide prisión domiciliaria
La confirmación de que Cristina Fernández se entregará marca un momento político clave en Argentina. En medio de una crisis económica, social y política, la figura de Fernández continúa polarizando al país. Sus simpatizantes aseguran que la causa judicial es parte de una persecución política, mientras que sus opositores celebran el fallo como un acto de justicia tras años de denuncias de corrupción.
El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención…
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 13, 2025
El pedido de prisión domiciliaria ha generado reacciones divididas. Dirigentes peronistas y legisladores del ala kirchnerista han solicitado que se respete su edad y su trayectoria política. Reclaman que no se convierta su detención en un espectáculo mediático y que se la trate «con decoro», según palabras del senador Oscar Parrilli.
Por su parte, voceros del Gobierno de Javier Milei han mantenido silencio sobre la decisión judicial. Sin embargo, sectores libertarios y conservadores presionan para que cumpla su condena en una cárcel común. La resolución sobre el tipo de cumplimiento de pena —domiciliaria o en prisión efectiva— aún está en manos del tribunal federal.
Movilizaciones en Buenos Aires tras anuncio de Cristina Fernández
Desde que se conoció que Cristina Fernández se entregará, miles de manifestantes se han concentrado en diferentes puntos de Buenos Aires. Cortes de calle y actos de respaldo se han registrado frente a su domicilio en Recoleta, en Plaza de Mayo y en la entrada a los tribunales federales.
Simpatizantes de Cristina Fernandez protestan por la sentencia que se le dictó a la exmandataria. Foto: EFE
Las protestas fueron convocadas por organizaciones sociales, agrupaciones peronistas y militantes de La Cámpora, la agrupación juvenil kirchnerista. En ellas, se ha repetido la consigna de que la exmandataria es una “presa política”. Varios manifestantes expresaron temor a que el Gobierno actual utilice su encarcelamiento como parte de una campaña de distracción ante el descontento popular por los recortes económicos y las reformas impulsadas por el presidente Milei.
Desde el oficialismo, algunos funcionarios señalan que las decisiones judiciales deben respetarse sin intervención política. Sin embargo, en redes sociales, los comentarios se han dividido entre quienes ven la entrega de Cristina como un símbolo de justicia y quienes creen que debería haber recibido una condena aún más severa.
Cristina Fernández se entregará por caso de obras viales en Santa Cruz
La causa por la cual Cristina Fernández se entregará involucra una serie de contratos de obras públicas adjudicadas durante más de una década en la provincia de Santa Cruz. La justicia argentina determinó que existieron irregularidades sistemáticas en la asignación de fondos estatales, favoreciendo a empresarios vinculados al kirchnerismo.
El proceso judicial, que comenzó en 2019, fue uno de los más seguidos del país y contó con la declaración de decenas de testigos y la presentación de cientos de documentos. En 2022, el tribunal dictó una condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Fernández apeló el fallo, pero recientemente la Corte Suprema rechazó su apelación, dejándola sin más instancias legales.
Como consecuencia del fallo, Fernández tampoco podrá postularse a cargos públicos en las elecciones legislativas previstas para septiembre en la provincia de Buenos Aires, donde era considerada una figura clave para el peronismo.