El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, renovó este martes el estado de excepción en el Distrito Metropolitano de Quito y en siete provincias del país. La medida fue tomada «por grave conmoción interna» y se extenderá por 30 días más, en medio de un contexto de creciente violencia vinculada al crimen organizado.
Las provincias afectadas son Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, junto con Quito, que pertenece a la provincia de Pichincha. Esta renovación ocurre mientras Ecuador se encuentra bajo una declaratoria de “conflicto armado interno” desde enero de 2024, con el fin de enfrentar a las bandas criminales que operan principalmente en la costa del Pacífico.
Quito y siete provincias bajo estado de excepción
Con esta ampliación del estado de excepción, el Gobierno ecuatoriano suspende garantías constitucionales como la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, así como la libertad de tránsito. Las autoridades también están autorizadas a realizar controles, allanamientos y operativos sin necesidad de órdenes judiciales previas.
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Fotografía de archivo de una cinta perimetral en Guayaquil (Ecuador). EFE/ Mauricio Torres
En el decreto presidencial se sostiene que estas restricciones buscan contener los actos de violencia generados por bandas criminales, a las que el Ejecutivo considera «grupos terroristas». Según el presidente Noboa, esta clasificación facilita la intervención directa de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para combatir estos grupos de forma más efectiva.
La renovación del estado de excepción ocurre en paralelo a hechos violentos como el asesinato de siete personas en menos de una hora en la provincia de Guayas, una de las más golpeadas por el crimen organizado. Cinco de las víctimas fueron atacadas frente a un mercado local, en un acto que las autoridades calificaron como una posible represalia entre bandas rivales.
Noboa insiste en prolongar el estado de excepción pese a críticas
El estado de excepción ha sido una herramienta recurrente del gobierno de Daniel Noboa desde que asumió el poder en noviembre de 2023. Aunque la medida ha contado con apoyo ciudadano en algunos sectores, también ha sido blanco de duras críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, legisladores y la Corte Constitucional de Ecuador.
El pasado 5 de marzo, el máximo tribunal del país ordenó al Ejecutivo conformar una comisión con representantes de distintas instituciones estatales para evitar la prolongación indefinida del estado de excepción. La Corte advirtió que se deben explorar alternativas dentro del marco legal ordinario para enfrentar al crimen organizado sin recurrir de forma sistemática a medidas extraordinarias que restringen derechos fundamentales.
Miembros de la Infantería de Marinade Ecuador, en una fotografía de archivo. EFE/ Carlos Durán Araújo
A pesar de este llamado, el Ejecutivo no ha respondido a la orden judicial ni ha presentado una estrategia alternativa. Por el contrario, el gobierno ha mantenido el estado de excepción vigente en diversas provincias, justificando que los niveles de violencia en zonas como Esmeraldas, Guayaquil y Santo Domingo del Tsáchilas exigen respuestas inmediatas.
El argumento principal del gobierno gira en torno a que Ecuador enfrenta una amenaza real y estructural por parte de redes del narcotráfico transnacional, con presencia de grupos armados ilegales que controlan puertos, rutas de distribución y barrios enteros.
Seguridad, elecciones y derechos suspendidos en Ecuador
El estado de excepción también ha tenido implicancias políticas. Daniel Noboa, quien busca la reelección en los comicios presidenciales de 2025, ha basado buena parte de su campaña en promesas de mano dura contra el crimen. En su discurso, ha reiterado que el uso de estas medidas excepcionales es necesario para devolver la paz a las calles.
Sin embargo, la estrategia ha sido cuestionada por expertos y actores sociales que señalan que, pese a los toques de queda, patrullajes y allanamientos masivos, la violencia no ha disminuido de manera sostenida. Más bien, los asesinatos, extorsiones y desapariciones han aumentado en varias regiones del país.
Además, la Corte Constitucional ha declarado inconstitucionales varios estados de excepción emitidos previamente, al considerar que no estaban sustentados con información clara ni con evidencia que justifique la suspensión de derechos como la libertad de reunión, la movilidad nocturna y el respeto a la privacidad en los domicilios.
En este contexto, la población se encuentra dividida entre quienes respaldan las medidas por seguridad y quienes las ven como una amenaza al orden democrático. Las organizaciones de la sociedad civil han insistido en que el estado de excepción no puede ser la norma sino la excepción, y exigen que se implemente una política de seguridad que no vulnere los derechos humanos.