Un informe del gobierno de Perú estima por primera vez el impacto económico de la criminalidad, que asciende al 1,7% del PBI nacional. Los pequeños negocios son los más afectados por la violencia, la extorsión y la inseguridad.
El gobierno peruano ha revelado una alarmante estimación: el crimen le cuesta a Perú más de $5.000 millones al año. Esta cifra equivale aproximadamente al 1,7% del producto bruto interno (PBI) del país y refleja el impacto negativo que la creciente inseguridad tiene sobre la economía nacional, especialmente en el sector de las micro y pequeñas empresas.
La estimación fue presentada oficialmente por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de un estudio basado en datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Aunque el análisis parte de cifras del año 2022, se ha proyectado su impacto al presente 2025, en un contexto de aumento sostenido de delitos como extorsiones, asesinatos y ataques a negocios.
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El crimen le cuesta a Perú oportunidades de inversión
El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, explicó durante una conferencia de prensa internacional que los delitos violentos están alejando a inversionistas potenciales, especialmente en regiones con baja presencia policial. “La problemática de la inseguridad es importante, eso afecta negativamente las inversiones”, declaró. “Algunos inversionistas dejan de venir al Perú porque el clima no es favorable”.
Fotografía de archivo de militares en las calles de Arequipa (Perú). EFE/José Sotomayor
Según el estudio, el cálculo económico incluye tanto el gasto en seguridad privada por parte de las empresas como los recursos públicos destinados a combatir la inseguridad. Entre ellos, se cuentan los presupuestos de vigilancia, contratación de personal de seguridad, instalación de cámaras y rejas, así como medidas de protección comunitaria. Todo esto representa dinero que podría destinarse al crecimiento empresarial o a programas sociales.
Pérez Reyes advirtió que los $5.000 millones anuales representan probablemente una subestimación del impacto real. “Sea cual sea el valor de la criminalidad, es un valor alto porque estamos hablando de recursos que se podrían destinar a otras actividades y no a poner rejas”, afirmó.
El crimen le cuesta a Perú miles de vidas y empleos
Las cifras del Ministerio del Interior son contundentes: entre el 1 de enero y el 12 de junio de 2025, se han registrado 990 homicidios, frente a los 823 del mismo periodo en 2024. A esto se suman 6.412 denuncias por extorsión en el primer trimestre del año, lo que representa un aumento del 14% en comparación con las 5.640 denuncias del mismo periodo del año anterior.
Transportistas se manifiestan durante una protesta este jueves en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar
En muchas ciudades del país, empresarios y comerciantes han debido cerrar sus locales tras recibir amenazas o sufrir atentados. Los gremios de transportistas también han sido blanco de la violencia, con asesinatos cometidos a plena luz del día dentro de buses repletos de pasajeros. En Lima, la ola de crímenes incluso ha provocado la suspensión de clases para más de dos millones de escolares debido a la falta de garantías mínimas para el transporte seguro.
El fenómeno de la extorsión se ha convertido en un flagelo cotidiano. Grupos criminales exigen pagos a comerciantes, dueños de restaurantes, barberos, panaderos y transportistas a cambio de “protección”. El incumplimiento de estas amenazas ha derivado en explosiones de locales, ataques armados y asesinatos, especialmente en zonas como Trujillo, Piura y San Juan de Lurigancho.
El crimen le cuesta a Perú la confianza en sus autoridades
La creciente criminalidad también ha generado una fuerte desconfianza en el Estado. Diversas protestas han sacudido el país en los últimos meses, con manifestaciones de transportistas, trabajadores independientes y ciudadanos exigiendo mayor presencia policial y medidas efectivas de seguridad.
Aunque el gobierno de Dina Boluarte ha intentado reforzar el combate a la delincuencia con operativos policiales y declaratorias de emergencia en distritos críticos, los resultados aún no son suficientes para contener el miedo generalizado. En paralelo, la corrupción dentro de algunas instituciones policiales y municipales ha dificultado la eficacia de las intervenciones.
Frente a esta realidad, los especialistas coinciden en que el crimen organizado no solo representa una amenaza para la vida y la propiedad, sino que además ahuyenta la inversión, eleva los costos operativos de las empresas, y restringe el desarrollo económico de amplios sectores de la población.
El informe del Ministerio de Economía es un primer paso hacia la comprensión del costo económico de la violencia, pero también evidencia la necesidad de una respuesta coordinada entre el Ejecutivo, las autoridades regionales y la sociedad civil. Sin seguridad, advierten los expertos, no hay crecimiento económico sostenible.