El caso de expulsiones al Salvador ha intensificado las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en Estados Unidos, con la administración Trump acusando al juez federal James Boasberg de provocar una crisis constitucional al bloquear las deportaciones de migrantes a El Salvador, según un comunicado de la Casa Blanca del 17 de abril de 2025.
El Departamento de Justicia sostiene que Boasberg, quien suspendió el 15 de marzo los vuelos que trasladaron a más de 200 venezolanos y salvadoreños al Centro de Confinamiento de Terroristas (CECOT), una prisión de máxima seguridad, excede su autoridad al exigir información clasificada.
La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) justificó estas expulsiones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, alegando vínculos de los deportados con bandas como Tren de Aragua y MS-13, clasificadas como organizaciones terroristas. Sin embargo, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y organizaciones como Amnistía Internacional denuncian violaciones al debido proceso y riesgos de tortura. A continuación, se detallan los hechos, las acusaciones y las implicaciones de esta controversia.
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Expulsiones al Salvador: El origen del conflicto
El 15 de marzo de 2025, la administración Trump ejecutó vuelos desde Harlingen, Texas, deportando a 238 migrantes, principalmente venezolanos, a El Salvador vía Honduras, según la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron. El juez Boasberg, de la Corte de Distrito de Columbia, suspendió estas operaciones por 14 días, argumentando que el gobierno ignoró una orden previa que prohibía traslados sin debido proceso.
En una decisión del 20 de marzo, Boasberg calificó las explicaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como “lamentablemente insuficientes”, exigiendo una declaración jurada de un alto funcionario sobre posibles invocaciones del privilegio de secreto de estado. El DHS sostiene que los deportados son criminales peligrosos, pero la ACLUafirma que muchos carecen de antecedentes penales, basándose en datos de registros públicos.
El caso de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado erróneamente pese a una orden judicial de 2019, ha avivado el debate. La Corte Suprema ordenó al gobierno “facilitar” su retorno, pero el DHS argumenta que la decisión está en manos del presidente Nayib Bukele, aliado clave de Trump, quien se niega a liberarlo, según un comunicado tras su visita a la Casa Blanca el 14 de abril. La Organización de Estados Americanos (OEA) expresó preocupación por las condiciones en el CECOT, citando informes de hacinamiento y abusos.
Confrontación judicial
El 16 de abril, Boasberg emitió una orden de 46 páginas, advirtiendo que el gobierno podría ser declarado en desacato si no justifica sus acciones antes del 23 de abril. “La Constitución no tolera la desobediencia voluntaria de órdenes judiciales”, escribió, según la Corte de Distrito.
La Casa Blanca, a través de la secretaria de prensa Karoline Leavitt, acusó al juez de “obstruir la seguridad nacional” y sugirió que busca destituirlo, una medida que la Fiscalía del Distrito de Columbia calificó de inconstitucional. La jueza Paula Xinis, en un caso paralelo, también exigió al gobierno cumplir con la sentencia de la Corte Suprema sobre Ábrego García, intensificando el enfrentamiento.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, apoyó al gobierno en X, afirmando que “los jueces federales no pueden dictar la política migratoria”. Por otro lado, el senador Chris Van Hollen, quien intentó visitar a Ábrego García en El Salvador, denunció la falta de cooperación del gobierno salvadoreño, según un comunicado de su oficina. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México instó a respetar los derechos humanos en los acuerdos de deportación, según un mensaje del 15 de abril.
Implicaciones del caso
El bloqueo de Boasberg afecta a más de 350,000 migrantes con órdenes de deportación, según la ACLU, ofreciendo un respiro temporal mientras las cortes evalúan la legalidad de la Ley de Enemigos Extranjeros en este contexto. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) pidió evaluaciones individuales para evitar persecución o tortura, citando la Convención contra la Tortura de la ONU. Organizaciones como CASA han comenzado a brindar asesoría legal a los afectados, mientras el DHS insiste en que los acuerdos con El Salvador son esenciales para combatir el crimen transnacional.
El enfrentamiento ha generado temores de una crisis constitucional, con el Departamento de Justicia argumentando que los jueces interfieren en la política exterior. La OEA advirtió sobre el impacto regional de estas políticas, mientras el gobernador de Maryland, Wes Moore, llamó a priorizar el debido proceso en un mensaje en X. Mientras el caso avanza, la disputa sobre las expulsiones al Salvador pone en juego el equilibrio de poderes en EE.UU. y los derechos de miles de migrantes.