La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, presentó este miércoles 28 de mayo, un proyecto de ley para legalizar el aborto sin causales hasta la semana 14, cumpliendo una de las principales promesas del presidente Gabriel Boric.
La iniciativa, que se discutirá en el Congreso a partir del lunes, busca poner fin a décadas de restricciones y ofrecer una alternativa segura a las miles de mujeres que enfrentan embarazos clandestinos. El anuncio, realizado en el Palacio de La Moneda, ha generado un torbellino de reacciones, desde el apoyo entusiasta de organizaciones feministas hasta el rechazo contundente de sectores conservadores, marcando un momento clave en la agenda de derechos reproductivos en el país.
Orellana destacó que la propuesta llega 36 años después de que el régimen de Pinochet prohibiera el aborto terapéutico en 1989, un decreto que marcó un retroceso en los derechos de las mujeres chilenas. “Hoy abriremos la discusión en el Congreso”, afirmó con firmeza, subrayando que el proyecto incluye una norma técnica para realizar interrupciones voluntarias de forma ambulatoria hasta las 12 semanas, con casos excepcionales derivados a hospitales. La ministra llamó a un debate respetuoso basado en evidencia, asegurando que “no debemos seguir vetando un tema que sabemos sigue ocurriendo” y que afecta a miles de mujeres anualmente, muchas de las cuales recurren a métodos inseguros por la falta de opciones legales.
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Aborto en el centro del debate político
El proyecto ha encendido las pasiones políticas en Chile, donde el tema del aborto ya divide aguas. Orellana reconoció las críticas de algunos parlamentarios de oposición, pero insistió en la necesidad de dialogar con apertura. “A quienes han abortado, que sabemos son miles según las estadísticas, queremos decirles que no deben ser tratadas como criminales ni perseguidas”, expresó, apuntando a cambiar la percepción social y legal que estigmatiza a las mujeres. El Gobierno había pospuesto la presentación tras esperar el visto bueno de la Contraloría para un reglamento sobre objeción de conciencia, aprobado la semana pasada, lo que permitió avanzar con esta iniciativa largamente esperada.
Chile despenalizó el aborto en 2017 bajo el segundo mandato de Michelle Bachelet, permitiéndolo en tres casos: riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación. Sin embargo, denuncias sobre obstáculos en su aplicación, como la objeción de conciencia de médicos y la falta de recursos en regiones rurales, han llevado a muchas mujeres a recurrir a abortos clandestinos.
Según estimaciones del Ministerio de Salud, entre 40.000 y 170.000 procedimientos ilegales ocurren cada año, una realidad que el Gobierno busca enfrentar con esta nueva ley. El proyecto también incluye capacitación para personal médico y garantías de acceso equitativo, aunque su implementación dependerá del apoyo legislativo en un Congreso donde la derecha tiene mayoría hasta las elecciones de noviembre.
Reacciones al nuevo proyecto de aborto
La izquierda y organizaciones feministas han recibido la iniciativa con entusiasmo, viéndola como un paso hacia la igualdad de género y el reconocimiento de los derechos reproductivos. Grupos como la Corporación Humanas celebraron el anuncio, destacando que permitirá a las mujeres tomar decisiones autónomas sobre sus cuerpos. Sin embargo, sectores conservadores, especialmente de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), han expresado su oposición, argumentando que la ley va en contra de los valores familiares y religiosos arraigados en partes de la sociedad chilena.
El debate se enmarca en un contexto donde las encuestas muestran una sociedad dividida, con un 52% a favor de ampliar los derechos al aborto según datos recientes del Instituto Nacional de Derechos Humanos. En 2022, una propuesta para incluir el aborto libre en una nueva Constitución fue rechazada por un 62% de la población, reflejando la polarización.
A pesar de esto, el Gobierno confía en que el diálogo y la evidencia científica, como estudios que muestran la reducción de mortalidad materna en países con leyes similares, puedan inclinar la balanza. La discusión en el Congreso promete ser intensa, con sesiones que podrían extenderse por semanas, mientras las autoridades preparan campañas de educación pública para informar a la ciudadanía.