Milei limita el derecho a huelga en Argentina: ¿qué cambia?
El Gobierno de Javier Milei restringió parcialmente el derecho a huelga en Argentina mediante un decreto que amplía las actividades consideradas esenciales y crea una nueva categoría llamada “actividades o servicios de importancia trascendental”. Esta medida obliga a garantizar una prestación mínima de los servicios incluso durante conflictos laborales, lo que generó controversia en sindicatos y sectores sociales del país.
Ampliación de servicios esenciales y nuevas categorías
El decreto 340/2025, que en principio estaba enfocado en desregular el transporte marítimo y fluvial, incluyó modificaciones importantes a la Ley del Régimen Laboral. La normativa establece ahora que, en caso de huelgas, las actividades esenciales deben mantener un mínimo del 75 % de prestación, mientras que las actividades consideradas de importancia trascendental deberán garantizar al menos el 50 % del servicio.
Los servicios esenciales, que hasta ahora incluían sectores sanitarios, hospitalarios, agua potable, energía eléctrica, gas y control de tráfico aéreo, se ampliaron para incluir:
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Transporte marítimo y fluvial
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Educación en todos sus niveles
Además, se definió la nueva categoría de actividades o servicios de importancia trascendental, donde se incluyen sectores claves como:
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Producción de medicamentos e insumos hospitalarios
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Transporte terrestre y subterráneo
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Radio, televisión y medios de comunicación
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Industrias alimenticias e industriales
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Materiales de construcción
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Reparación de aeronaves y buques
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Servicios aeroportuarios y logísticos
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Minería y actividad frigorífica
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Correo, distribución y comercialización de alimentos y bebidas
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Actividades agropecuarias
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Servicios bancarios, financieros, hoteleros y gastronómicos
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Comercio electrónico y producción ligada a exportaciones
Reacciones sindicales y sociales al decreto
La Central General del Trabajo (CGT), principal central obrera del país, rechazó con dureza la medida, calificándola como un intento de eliminar el derecho a huelga sin diálogo ni análisis previo. En un comunicado, la CGT afirmó que no permanecerá en silencio frente a esta “grave avanzada” que busca borrar derechos laborales históricamente conquistados y defendidos por los trabajadores.
Por su parte, otros sindicatos y organizaciones sociales alertaron que la medida afecta el derecho constitucional a huelga, poniendo en riesgo el poder de negociación de los trabajadores en conflictos laborales y debilitando la capacidad de protesta en sectores estratégicos.
Aspectos legales y cuestionamientos constitucionales
El abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano señaló que la ampliación de las actividades esenciales ya había sido incluida en un decreto previo firmado por Milei tras asumir en diciembre de 2023, pero que esa norma fue declarada inaplicable por inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Ottaviano destacó que la nueva medida es contraria a la Constitución argentina y a los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pues no se puede restringir el derecho a huelga mediante decreto sin respetar criterios y procesos legales establecidos.
Asimismo, expertos en derecho laboral advierten que la ampliación excesiva de servicios esenciales puede convertir en casi imposible el ejercicio legítimo del derecho a huelga, debilitando las garantías que protegen a los trabajadores en Argentina.
Contexto político y económico de la medida
La medida se enmarca en una serie de reformas impulsadas por el Gobierno de Milei que buscan flexibilizar el mercado laboral y desregular sectores económicos clave, con el argumento de atraer inversiones y mejorar la competitividad del país.
Sin embargo, estas iniciativas han generado fuertes críticas por parte de sindicatos, opositores políticos y organizaciones sociales que señalan un retroceso en derechos laborales fundamentales y un aumento de la conflictividad social.
La ampliación del número de servicios esenciales se suma a un contexto ya tensionado, en el que las huelgas históricamente han sido una herramienta clave para la defensa de los derechos de los trabajadores en Argentina, un país con una tradición sindical muy fuerte y activa.
Impacto esperado en la sociedad y sectores productivos
Con la nueva normativa, sectores como el transporte, la educación y la salud deberán mantener un servicio mínimo aún en caso de huelgas masivas, lo que para el Gobierno representa una forma de garantizar el orden público y evitar paralizaciones totales que afecten gravemente a la economía y la población.
No obstante, para los sindicatos esta medida representa una restricción grave que puede socavar la negociación colectiva y el equilibrio de poderes entre empleadores y trabajadores.
El debate sobre el derecho a huelga en Argentina continúa abierto, y esta reforma marca un giro importante en la política laboral del país que tendrá impacto en la relación entre el Estado, las empresas y los trabajadores durante los próximos años.