Una redada de ICE en Puerto Rico terminó en tragedia para Antonio Báez Ortega, un inmigrante dominicano indocumentado de 52 años, quien murió tras intentar escapar de los agentes federales. Báez realizaba labores de construcción en un almacén en Toa Baja cuando, el 28 de marzo de 2025, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llegaron al lugar con el objetivo de realizar una supuesta “inspección de cumplimiento”. Temiendo su arresto, el hombre trepó al techo del edificio y fue hallado más tarde gravemente herido.
El caso ha generado alarma entre organizaciones de derechos civiles y defensoras de inmigrantes, que denuncian que las redadas de ICE en Puerto Rico están cobrando víctimas humanas, como parte de un operativo más amplio impulsado por el retorno de Donald Trump a la presidencia. A pesar de que la agencia no lo tenía bajo custodia, Báez murió días después de permanecer en cuidados intensivos sin compañía familiar, marcando un nuevo episodio en la preocupante política migratoria que se despliega también en el archipiélago.
REDADAS DE ICE EN PUERTO RICO GENERAN TEMOR ENTRE LOS MIGRANTES
Las redadas de ICE en Puerto Rico, hasta hace poco considerado un refugio relativo para migrantes, se han intensificado en los últimos meses. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) han advertido sobre operativos basados en perfiles raciales y realizados sin las órdenes judiciales correspondientes. En este contexto, el caso de Antonio Báez se convierte en un símbolo del creciente peligro al que se enfrentan los trabajadores migrantes, incluso en sus propios lugares de empleo.
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“Lo que están haciendo es poner en peligro a estas personas”, declaró Fermín Arraiza, director legal de ACLU en Puerto Rico, en conversación con Univision Noticias. Señaló que muchas de estas operaciones son llevadas a cabo con órdenes administrativas emitidas por ICE o el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y no por jueces. “No tienen autoridad legal suficiente, pero igual proceden”, agregó.
Según testigos y versiones oficiales, Báez fue hallado por sus compañeros de trabajo alrededor de las 3:00 p.m., horas después de que ICE abandonara el almacén. Presentaba múltiples fracturas —incluidas costillas y un brazo rotos— y golpes severos en la cabeza. Murió el 4 de mayo en el Centro Médico de San Juan, sin haber podido contar lo que ocurrió.
EL SILENCIO, LA DISTANCIA Y UNA VISA HUMANITARIA DENEGADA
Durante los 36 días que estuvo hospitalizado, Báez no recuperó el habla. Su hijo, Miguel Báez, abogado de 32 años residente en República Dominicana, intentó obtener una visa humanitaria para acompañarlo. La solicitud fue denegada, a pesar de los esfuerzos del hospital y de una abogada del consulado dominicano que intervino en su nombre.
“No me dejaron despedirme de mi papá”, lamentó Miguel en una entrevista telefónica. Asegura que su padre trabajaba incluso los domingos para ahorrar dinero y regresar con algo a su país. Había llegado a Puerto Rico solo, buscando nuevas oportunidades económicas, como lo hacen muchos inmigrantes en condiciones similares.
El hecho de que Báez nunca estuviera formalmente bajo custodia de ICE impide que su muerte sea contabilizada dentro de los registros de la agencia. Esto deja una laguna en la rendición de cuentas y en la posibilidad de investigar la cadena de hechos que derivaron en su fallecimiento.
OTRAS REDADAS DE ICE EN PUERTO RICO: UN PATRÓN PELIGROSO
El operativo en el que murió Báez no ha sido un caso aislado. Solo semanas después, el 8 de mayo, ICE arrestó a 53 inmigrantes indocumentados en un lugar de remodelación de un hotel de lujo en el área turística del Condado, en San Juan. Y el 10 de abril, detuvo a cinco más en Vega Baja, también durante una redada en un sitio de construcción. Estas acciones reflejan una política migratoria agresiva que ha llegado con fuerza al territorio caribeño.
La directora de la organización Kilómetro Cero, Mari Mari Narváez, explicó que, desde su perspectiva, la muerte de Báez constituye un caso de fuerza policial. “La mera presencia de agentes armados en el entorno laboral de personas indocumentadas ya representa una forma de uso de fuerza”, comentó.
Desde un punto de vista legal, sin embargo, el caso se encuentra en una zona gris. “Hay un porcentaje de negligencia por parte de la intervención ilegal de ICE”, afirmó Arraiza. Pero también explicó que sería difícil probar una relación causal directa ante un tribunal, debido a que Báez no fue directamente agredido, sino que sufrió el accidente en un intento de evitar el arresto.
CONTEXTO NACIONAL: LAS REDADAS DE ICE Y LA PRESIDENCIA DE TRUMP
Las redadas de ICE en Puerto Rico son parte de una estrategia nacional más amplia promovida por el actual gobierno. Con el retorno de Donald Trump a la presidencia, su administración ha restablecido medidas que habían sido restringidas durante gobiernos anteriores. Entre ellas, el uso de acuerdos con autoridades locales para facilitar arrestos de inmigrantes, y operativos sin orden judicial en domicilios, lugares de trabajo, y espacios públicos.
En Estados Unidos continental, se han reportado incidentes en los que agentes de ICE rompen ventanas de autos, irrumpen en viviendas y se hacen pasar por civiles en operativos camuflados. Puerto Rico, pese a ser territorio estadounidense, había escapado de esta dinámica en parte. Hoy, organizaciones como ACLU sostienen que la isla ha sido incorporada al mismo patrón de persecución y criminalización de los inmigrantes.
Estas intervenciones no solo aumentan el riesgo físico para los trabajadores, sino que también generan un ambiente de temor y desprotección. Muchos inmigrantes, como Báez, evitan buscar ayuda médica o jurídica por miedo a ser deportados, lo que agrava su vulnerabilidad.
UN CASO EMBLEMÁTICO EN MEDIO DE UNA POLÍTICA MÁS AMPLIA
La muerte de Antonio Báez no fue un accidente aislado, sino el resultado de un contexto hostil para los inmigrantes indocumentados. Su historia ha sido difundida por medios y organizaciones defensoras de derechos humanos como un ejemplo del costo humano de las redadas de ICE en Puerto Rico. Aunque no haya una conclusión oficial sobre la responsabilidad legal del incidente, queda clara la relación entre la intervención federal y el desenlace fatal.
ICE, por su parte, sostiene que solo supo del accidente cuando fue informado por los responsables del proyecto de construcción. Alegan que ofrecieron ayuda para identificar al trabajador herido y contactar a su familia, pero que él nunca estuvo bajo su custodia. Esta respuesta ha sido criticada por su carácter limitado y por no reconocer los impactos indirectos de su operación.
Mientras tanto, organizaciones como Kilómetro Cero, ACLU y sectores de la sociedad civil puertorriqueña siguen exigiendo mayor transparencia, rendición de cuentas y el fin de operativos que exponen a los inmigrantes a situaciones de peligro extremo.
