Una comisión del Congreso de Perú archivó este viernes tres denuncias constitucionales por el delito de asesinato que habían sido presentadas contra la presidenta Dina Boluarte. Las denuncias estaban vinculadas a la muerte de más de 50 personas durante las protestas antigubernamentales que estallaron tras su llegada al poder en diciembre de 2022.
Las manifestaciones, que se extendieron durante los primeros meses de 2023, exigían su renuncia, nuevas elecciones y justicia para las víctimas. Los enfrentamientos se concentraron principalmente en regiones del sur andino como Puno, Cusco y Ayacucho, donde la represión dejó la mayor cantidad de fallecidos.
Perú archiva denuncias contra Dina Boluarte por muertes en protestas de 2022
Las tres denuncias archivadas fueron impulsadas por legisladores de bancadas opositoras que responsabilizaban a Boluarte por los fallecimientos registrados durante la respuesta de las fuerzas de seguridad a las manifestaciones sociales. Según informes de la Defensoría del Pueblo y autopsias forenses, más de la mitad de las víctimas murieron por disparos de arma de fuego.
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Pese a estos antecedentes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso determinó que no existía una “relación directa” entre la presidenta y los operativos en los que ocurrieron los fallecimientos. Con esta decisión, los expedientes fueron archivados, impidiendo su avance hacia una eventual inhabilitación o juicio político.
Familiares de víctimas de las represión policial en la ciudad peruana de Juliaca esperan la entrega de los cuerpos de los fallecidos ante los ataúdes vacíos. Foto: Stringer/EFE
La presidenta Dina Boluarte, quien asumió el poder tras la destitución de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, ha enfrentado una fuerte presión social e internacional por el manejo de las protestas. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señalaron violaciones graves durante los operativos policiales y militares.
Ambos organismos documentaron uso excesivo de la fuerza, armas de fuego contra civiles desarmados, y casos de detención arbitraria y tortura, especialmente en zonas quechuas y aymaras del sur peruano. Pese a estos informes, hasta ahora no se ha responsabilizado penalmente a ninguna alta autoridad del Ejecutivo.
Perú archiva denuncias contra Dina Boluarte pero mantiene otras investigaciones abiertas
Aunque el Parlamento de Perú archiva denuncias contra Dina Boluarte relacionadas con las muertes en protestas, la mandataria aún enfrenta una investigación penal por los mismos hechos. La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional por homicidio calificado y lesiones graves, que aún está pendiente de evaluación por parte del Congreso.
Además, Boluarte tiene otras investigaciones en curso por enriquecimiento ilícito, colusión agravada y abandono del cargo. Estas denuncias han sido impulsadas tras conocerse viajes sin autorización, presuntos beneficios personales con relojes de lujo y contratos otorgados durante su mandato.
La presidenta no cuenta con una bancada propia en el Congreso, pero recibe respaldo de bloques conservadores como Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, y Alianza para el Progreso, del empresario y político César Acuña. Este apoyo ha sido clave para bloquear intentos de destitución y mantener la estabilidad de su gobierno, a pesar del rechazo ciudadano.
La Policía se enfrenta con grandes grupos de personas durante protestas contra Dina Boluarte a la Presidencia de Perú y el cierre del Congreso. Foto de archivo: EFE/Aldair Mejia
Según las últimas encuestas de opinión pública en Perú, la aprobación de Boluarte no supera el 10 % a nivel nacional. El descontento es aún mayor en el sur del país, donde comunidades indígenas y campesinas han encabezado las protestas más intensas contra su gestión.
Perú archiva denuncias contra Dina Boluarte mientras crece presión internacional
La decisión del Congreso de Perú archiva denuncias contra Dina Boluarte en un momento en que organismos internacionales han vuelto a llamar la atención sobre la impunidad en los casos de violaciones a derechos humanos. El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales reiteró su pedido de colaboración con la justicia peruana para esclarecer las muertes ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
En el plano judicial, la presidenta está protegida por la inmunidad presidencial, que impide procesarla penalmente mientras se mantenga en el cargo. Sin embargo, la Constitución del Perú permite iniciar un juicio político o autorizar un proceso judicial apenas concluya su mandato. La inmunidad se extiende por cinco años tras dejar la presidencia.
Pedro Castillo, el expresidente derrocado en 2022 tras intentar disolver el Congreso, permanece en prisión preventiva mientras es procesado por rebelión y casos de presunta corrupción. El ascenso de Boluarte al poder, en su calidad de vicepresidenta, ha sido objeto de controversias legales y sociales. Desde entonces, Perú ha atravesado uno de los periodos de mayor inestabilidad política y conflicto social de las últimas décadas.
La decisión parlamentaria de archivar denuncias por las muertes ocurridas bajo su gobierno podría tensar aún más el escenario político y motivar nuevas movilizaciones en el país.