¿Quién es el venezolano deportado por error a El Salvador? Rubio negocia su regreso
El gobierno del presidente Donald Trump se encuentra en el centro de una nueva controversia migratoria tras la deportación por error de un joven venezolano a El Salvador, a pesar de que contaba con protección legal en Estados Unidos. La situación ha llevado al secretario de Estado, Marco Rubio, a encabezar personalmente las negociaciones con el presidente salvadoreño Nayib Bukele para lograr su retorno.
De acuerdo con documentos judiciales divulgados este lunes, Rubio se encuentra a cargo del caso debido a su “relación personal” con Bukele, así como por su “experiencia diplomática con El Salvador”. Según el Departamento de Estado, el funcionario está realizando “todas las diligencias y esfuerzos necesarios” para cumplir una orden judicial que exige el regreso del joven a territorio estadounidense.
La deportación de Daniel Lozano-Camargo
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El caso gira en torno a Daniel Lozano-Camargo, un inmigrante venezolano originario de Maracaibo, que ingresó a Estados Unidos en 2022 cuando aún era menor de edad. Tras cruzar la frontera sin documentos, fue recluido en un centro para menores hasta cumplir los 18 años, edad a partir de la cual se estableció en Houston, Texas, donde trabajaba en un negocio de lavado de autos.
Su situación legal se complicó en 2024 tras dos detenciones por posesión de drogas. Primero fue arrestado en junio por portar entre uno y cuatro gramos de cocaína y luego, en noviembre, fue detenido nuevamente con menos de un gramo en su poder. Se declaró culpable como parte de un acuerdo judicial en enero de 2025 y fue sentenciado a 120 días de prisión.
Pese a contar con un permiso de trabajo vigente y una solicitud de asilo activa, elementos que legalmente impedían su expulsión, las autoridades migratorias lo deportaron en marzo de 2025 a El Salvador. Fue enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad conocida por albergar a miembros de pandillas y bandas criminales.
El gobierno alega presuntos vínculos con el Tren de Aragua
La administración Trump argumentó que Lozano-Camargo fue expulsado por su supuesta pertenencia al Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano con operaciones en varios países de América Latina. No obstante, hasta la fecha no se han presentado pruebas públicas que vinculen directamente al joven con dicha estructura delictiva.
El caso ha sido objeto de fuertes cuestionamientos, ya que Lozano-Camargo era parte de una demanda colectiva presentada en 2019 por inmigrantes menores de edad que buscaban asilo en EE.UU. Como resultado de esa demanda, se estableció un acuerdo con el gobierno federal en 2024, que garantiza a los demandantes permanecer en el país mientras se resuelven sus solicitudes de asilo.
Los abogados de la parte demandante acusan ahora al gobierno de violar ese acuerdo judicial al expulsar al joven sin el debido proceso legal. El Departamento de Justicia, por su parte, sostiene que el venezolano quedó fuera de la protección del pacto por considerarlo un posible integrante de una organización terrorista extranjera.
USCIS desestima su solicitud de asilo
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) declaró en mayo que la solicitud de asilo de Lozano-Camargo sería denegada. Según el abogado del Departamento de Justicia, Richard Ingebretsen, esto eliminaría su derecho a permanecer en EE.UU.
“Si su solicitud de asilo está prácticamente anulada, su derecho a asilo también lo está”, afirmó el funcionario ante una corte federal.
La decisión ha sido criticada por organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que denuncian un patrón de deportaciones sumarias sin revisar adecuadamente cada caso.
Negociaciones en curso y creciente presión política
La intervención directa de Marco Rubio busca revertir esta situación diplomáticamente. El secretario de Estado ya ha entablado conversaciones con la administración de Bukele, aunque no se ha informado públicamente si El Salvador ha respondido a las solicitudes para ubicar al joven y permitir su repatriación.
El caso de Lozano-Camargo salió a la luz poco después de que se denunciara otra deportación considerada ilegal, la de Kilmar Abrego García, un salvadoreño también enviado al CECOT sin una orden válida de expulsión.
Ambos casos han encendido el debate en torno a la política migratoria de Trump, especialmente por el uso del sistema penitenciario salvadoreño como destino para personas acusadas, pero no condenadas, por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Por ahora, el Departamento de Estado sigue a la espera de una respuesta oficial de El Salvador sobre la ubicación y estado de custodia de Lozano-Camargo, mientras crecen los cuestionamientos sobre el cumplimiento de las leyes migratorias y los derechos humanos en Estados Unidos.