Las redadas de ICE han transformado la vida diaria en Barrio Obrero, un vecindario de San Juan, Puerto Rico, donde la comunidad dominicana vive con miedo desde que comenzaron los operativos migratorios el 27 de enero de 2025. En este territorio estadounidense, conocido por ser un refugio para inmigrantes, las calles que antes vibraban con música y comercio ahora están casi vacías.
Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico, más de 732 inmigrantes han sido detenidos este año, la mayoría dominicanos, lo que ha generado una ola de incertidumbre. En redes sociales, los residentes comparten mensajes como: “Barrio Obrero ya no es el mismo, el miedo nos está apagando”. Aquí te contamos cómo estas redadas están afectando a la isla y qué están haciendo las comunidades para enfrentarlo.
Un cambio drástico
El 27 de enero, apenas días después de que Donald Trump asumiera la presidencia, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) irrumpieron en Barrio Obrero, arrestando a más de 40 personas en un operativo que incluyó registros en casas y negocios. Según Annette Martínez, directora de la ACLU en Puerto Rico, las detenciones han sido agresivas, con reportes de puertas derribadas y personas esposadas frente a sus familias.
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La comunidad dominicana, que representa cerca del 60% de la población nacida en el extranjero en la isla, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha sido la más afectada. De los 732 detenidos hasta el 6 de julio, 421 eran dominicanos, y solo el 13% tenía antecedentes penales, lo que contradice el enfoque en “delincuentes” prometido por ICE.
En X, los testimonios reflejan el impacto emocional. Una usuaria escribió: “Mi vecino salió a comprar comida y no volvió. Era un buen hombre, no un criminal”. La ACLU y organizaciones como Ayuda Legal Puerto Rico han respondido con iniciativas como una línea telefónica gratuita que ha recibido más de 300 llamadas de familias buscando orientación legal. Ariadna Godreau, abogada de Ayuda Legal, explicó que un camión conocido como “tumba coco” recorre Barrio Obrero difundiendo mensajes sobre los derechos de los inmigrantes, un esfuerzo para combatir el miedo y la desinformación.
Historias de impacto
Casos como el de Aracely Terrero, una dominicana detenida mientras vendía helados en Cabo Rojo, muestran la dureza de estas redadas de ICE. Terrero, quien estaba en proceso de obtener su residencia permanente, pasó un mes en tres centros de detención en el continente estadounidense antes de ser liberada tras la intervención de un juez. “Me trataron como criminal, con esposas, sin explicaciones”, relató.
Su caso no es aislado. En Santurce, un hombre fue detenido mientras compraba un aguacate, a pesar de estar en proceso de regularización. La falta de centros de detención permanentes en Puerto Rico, según Rebecca González-Ramos, agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Juan, obliga a trasladar a los detenidos a miles de kilómetros, dificultando el acceso a sus familias y abogados.
Organizaciones locales denuncian que estas redadas han generado una crisis social. En Barrio Obrero, negocios como barberías y restaurantes han cerrado o reducido sus horarios, y las escuelas reportan un 70% de absentismo en áreas con alta población dominicana, según el Departamento de Educación de Puerto Rico. La reverenda Nilka Marrero, de la Iglesia Metodista de San Pablo, organiza entregas de alimentos para familias que evitan salir por temor a ser detenidas. En X, un voluntario compartió: “Llevamos comida a sus puertas porque muchos no se atreven ni a ir al supermercado”.
Polémica y respuestas
La gobernadora Jenniffer González-Colón enfrenta críticas por su manejo de la situación. Aunque inicialmente aseguró que las políticas de Trump se centrarían en la frontera con México, el DHS confirmó que el gobierno local proporcionó datos de 6,000 licencias de conducir emitidas a inmigrantes bajo una ley de 2013, facilitando las redadas. Martínez, de la ACLU, calificó esto como una “traición” que ha roto la percepción de Puerto Rico como un santuario. En respuesta, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, aclaró que la policía municipal no colabora con ICE y ofrece asistencia legal a los afectados.
Mientras tanto, la comunidad dominicana, que suma más de 100,000 personas en la isla, lucha por adaptarse. José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, recomienda llevar siempre documentos de identificación y acogerse a la Quinta Enmienda en caso de detención. A pesar del temor, la solidaridad crece, con voluntarios y organizaciones trabajando para proteger a los inmigrantes. Sin embargo, con más redadas previstas y la amenaza de nuevas políticas federales, Puerto Rico enfrenta un futuro incierto para sus comunidades migrantes.