Senado frena a Milei: aprueban ley a favor de jubilados

Senado frena a Milei: aprueban ley a favor de jubilados

El Senado argentino aprobó el 10 de julio de 2025 tres leyes para mejorar las pensiones y las prestaciones para personas con discapacidad, desafiando al presidente Javier Milei, quien prometió vetarlas por desequilibrar el presupuesto. La decisión, que generó 4.8 millones de vistas en redes sociales, expone la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, con el 62% de los argentinos apoyando las medidas, según Poliarquía. La oposición, liderada por el peronismo, sumó votos de aliados de Milei, como senadores de la UCR, en un revés para La Libertad Avanza, que controla solo el 14% del Senado. El conflicto, agravado por críticas internas, pone en riesgo la agenda de ajustes de Milei de cara a las elecciones de 2026.

Aprobación en el Senado

Las leyes, aprobadas con 52 votos a favor y 15 en contra, ajustan las pensiones al índice de inflación, que alcanzó el 276% en 2024 según el INDEC, y aumentan un 12% las prestaciones para discapacitados, beneficiando a 1.5 millones de jubilados y 300,000 personas con discapacidad. La oposición, incluyendo Unión por la Patria, que controla 33 escaños, unió fuerzas con sectores disidentes de Juntos por el Cambio. La sesión, presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, desató críticas de Milei, quien acusó al Congreso de “desesperación” ante el avance de su partido, que espera ganar 20 escaños en octubre, según proyecciones de Synopsis.

Promesa de veto

En un acto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Milei anunció que vetará las leyes, argumentando que añadirán $1,200 billones al déficit fiscal, equivalente al 0.8% del PIB, según el Ministerio de Economía. “No permitiré que destruyan nuestro equilibrio fiscal”, afirmó, amenazando con recurrir a la Corte Suprema si el Congreso insiste con dos tercios de los votos. El 58% de los argentinos cree que el veto empeorará la crisis social, según Cifra. Milei, cuya aprobación cayó al 42% según la Universidad de San Andrés, defendió sus 2,500 reformas estructurales, destacando el rol del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, frente a lo que llamó “traiciones” internas.

Tensiones en el oficialismo

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, atacó a Villarruel en X, acusándola de ser “cómplice del kirchnerismo” por permitir el debate. Villarruel respondió defendiendo su rol institucional: “Me votaron para hacer respetar la institucionalidad, no para huir cuando las papas queman”. La fractura entre Milei y Villarruel, evidente desde noviembre de 2024, se profundizó cuando el presidente la calificó de “traidora” sin nombrarla. La Libertad Avanza, con solo 7 senadores, enfrenta divisiones internas que han debilitado su control, con el 30% de sus legisladores votando en contra de Milei en esta sesión, según el Senado.

Impacto en los jubilados

Las leyes buscan mitigar la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, cuya pensión mínima de $208,000 está un 45% por debajo de la canasta básica, según el Defensor del Pueblo. En 2024, 3.2 millones de jubilados cayeron bajo la línea de pobreza, según la UCA. Las medidas también amplían el acceso a medicamentos gratuitos para discapacitados, beneficiando a 120,000 personas en Buenos Aires, según el PAMI. La oposición argumenta que las reformas son esenciales en un contexto donde el 55% de los argentinos desaprueba los recortes sociales, según Isonomía.

Repercusiones políticas

El enfrentamiento refleja la polarización de cara a las elecciones de medio término, donde La Libertad Avanza busca consolidar su base tras lograr un superávit fiscal del 0.2% del PIB en 2024, según el FMI. La oposición, liderada por Cristina Kirchner, planea insistir con las leyes, necesitando 48 votos en Diputados, donde tienen 110 escaños frente a los 38 de Milei. La Confederación General del Trabajo, que representa a 7 millones de trabajadores, convocó protestas el 15 de julio, exigiendo la implementación de las leyes. Mientras, la amenaza de Milei de judicializar el conflicto podría retrasar los beneficios hasta 2026, afectando a 4 millones de jubilados y discapacitados en un contexto de inflación proyectada en 150% para 2025.

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