La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó al Ejército mexicano de cometer graves violaciones a los derechos humanos en un operativo realizado en el estado de Chiapas en octubre de 2024, que terminó con la muerte de seis personas migrantes de origen egipcio, salvadoreño y peruano, entre ellas una menor de edad.
En una recomendación pública dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la CNDH afirmó que los militares responsables del ataque incurrieron en uso excesivo de la fuerza, disparando sus armas de fuego sin seguir los protocolos establecidos para el trato con población civil y personas migrantes.
El incidente ocurrió el 1 de octubre en una carretera del sur del país, en el contexto de un patrullaje militar en una zona de alto conflicto, donde operan células de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se disputan las rutas del tráfico de drogas y personas.
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Graves violaciones a los derechos humanos en Chiapas
De acuerdo con el informe oficial de la CNDH, la agresión ocurrió sin que los soldados intentaran maniobras alternativas, como detener el vehículo por medios no letales o realizar advertencias previas. Los elementos castrenses abrieron fuego de manera directa contra el automóvil donde se trasladaban al menos 34 personas migrantes, lo que dejó un saldo de seis muertos, nueve heridos y 19 ilesos.
“Los elementos militares involucrados actuaron de forma desproporcionada, sin considerar la posibilidad de minimizar los daños. No se demostró que el uso de armas de fuego haya sido inevitable”, indicó la comisión en su resolución.
Además, identificó a dos soldados como presuntos responsables directos del tiroteo. El expediente revela que tampoco hubo un intento de brindar asistencia inmediata a las víctimas tras el ataque, lo que agrava la responsabilidad institucional.
La CNDH concluyó que se trató de violaciones a los derechos humanos particularmente graves, por haberse cometido contra población migrante en situación de alta vulnerabilidad y sin ningún tipo de amenaza directa hacia las fuerzas de seguridad.
Mario Guzman/EFE
Violaciones a los derechos humanos y uso militar en tareas migratorias
El incidente ha reavivado el debate sobre el uso del Ejército en tareas de control migratorio, una política que se ha mantenido durante varios sexenios, pero que se agudizó bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador. Durante su mandato, llegaron a desplegarse hasta 36.000 elementos de las Fuerzas Armadas en funciones de contención migratoria, principalmente en la frontera sur.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que no tiene intención de «blindar» la frontera con más soldados, en los hechos ha continuado la misma estrategia. El tiroteo ocurrido en Chiapas tuvo lugar durante su primer día en funciones, lo que generó un fuerte llamado de atención nacional e internacional.
Organizaciones de derechos humanos, tanto mexicanas como extranjeras, han criticado la creciente militarización del trato hacia personas migrantes. Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos han documentado casos similares en años recientes, señalando que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad civil suele derivar en abusos, impunidad y un debilitamiento del Estado de derecho.
Recomendaciones y exigencias a la SEDENA por violaciones a los derechos humanos
Ante la gravedad del caso, la CNDH emitió una recomendación a la SEDENA para que reponga integralmente el daño a las víctimas y sus familias, garantice justicia, y presente de inmediato un “Protocolo de Atención a Personas Migrantes” que defina los límites de la intervención militar en estos casos.
También solicitó que se inicie un proceso disciplinario y penal contra los elementos responsables, y que se fortalezcan los mecanismos de supervisión del Ejército en tareas no estrictamente militares.
“La SEDENA debe garantizar que hechos como este no se repitan. El uso de la fuerza por parte del Estado debe estar sujeto a los más altos estándares internacionales, especialmente cuando se trata de población vulnerable como las personas migrantes”, indicó el organismo autónomo.
Por ahora, la Defensa Nacional no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el caso, aunque fuentes cercanas a la institución confirmaron que ya se abrió una investigación interna sobre los hechos y que los elementos señalados fueron retirados temporalmente del servicio.
Alonso Cupul/EFE
Contexto de violencia y migración en la frontera sur
El sur de México ha sido escenario de una creciente militarización desde que Estados Unidos exigió mayores controles migratorios como parte de los acuerdos bilaterales para frenar los flujos de personas centroamericanas, sudamericanas y africanas.
Chiapas, en particular, se ha convertido en un punto crítico del tránsito migrante. La región es utilizada por redes delictivas para el tráfico de personas, mientras las autoridades federales intensifican operativos que muchas veces resultan en abusos, detenciones arbitrarias y, como en este caso, en acciones letales injustificadas.
Desde 2021, la CNDH ha emitido al menos cinco recomendaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad contra migrantes en tránsito. La situación ha generado crecientes tensiones con organismos internacionales y ha deteriorado la imagen de México en foros multilaterales de derechos humanos.