De defender a El Chapo a impartir justicia: polémica boleta judicial en México
Por primera vez en la historia, México celebrará elecciones para que la ciudadanía elija directamente a jueces y magistrados. Esta transformación, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum, busca supuestamente combatir la corrupción en el sistema judicial. Sin embargo, la lista de candidatos incluye perfiles polémicos que han generado preocupación nacional e internacional.
Uno de los casos más sonados es el de Silvia Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien representó legalmente al exlíder del Cártel de Sinaloa en 2016. Ahora, busca convertirse en jueza penal en el estado fronterizo de Chihuahua. “No soy corrupta. No te pueden quemar por haber defendido a alguien”, afirmó recientemente Delgado en un mitin en Ciudad Juárez, mientras entregaba volantes entre los votantes.
Exconvictos y exjueces destituidos también compiten
Delgado no es la única figura cuestionada en la boleta. En el estado de Durango, Leopoldo Chávez, quien pasó casi seis años en una prisión de Estados Unidos por contrabando de metanfetamina, también aspira a convertirse en juez federal. “Ya cumplí mi condena. No tengo nada que esconder”, aseguró en un video difundido en redes sociales.
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En Jalisco, el exjuez Francisco Hernández busca un puesto como magistrado penal, pese a haber sido destituido por el Consejo de la Judicatura Federal tras enfrentar acusaciones de abuso sexual y corrupción. “Todo fue calumnia. La gente me juzgará”, declaró en entrevistas recientes.
Otro caso relevante es el de Fernando Escamilla, quien en el pasado asesoró a abogados de integrantes del cártel de Los Zetas. Él defiende su historial legal como una muestra de experiencia: “Representar a criminales no me descalifica. Conozco la ley de extradición mejor que muchos”.
Organizaciones denuncian vacíos en el filtro de candidatos
El grupo de derechos humanos Defensorxs ha señalado que al menos 20 aspirantes a cargos judiciales tienen antecedentes penales, vínculos con el crimen organizado o acusaciones graves de corrupción. Su presidente, Miguel Meza, lamentó que el proceso de selección haya sido tan apresurado que no permitió un examen riguroso de los perfiles.
“Todo esto es consecuencia de querer acelerar la reforma sin construir controles adecuados. Hay candidatos que no debieron haber sido aprobados”, explicó Meza, quien aseguró que su organización continúa revisando más nombres que podrían representar riesgos.
Según el Observatorio Electoral Judicial (OEJ), más de 130 aspirantes tienen una alta probabilidad de ganar simplemente porque no enfrentan competencia, lo cual eleva la preocupación sobre el posible acceso de intereses criminales al poder judicial.
Temores sobre la influencia del crimen organizado
Expertos y asociaciones judiciales temen que esta elección pueda abrir la puerta a una mayor injerencia del crimen organizado. “Lo que está pasando es peligroso”, advirtió Juana Fuentes, directora de la Asociación Mexicana de Jueces (JUFED). “Hay riesgo real de que grupos delictivos o quienes los representan lleguen a tener poder en el sistema judicial”.
Los cambios aprobados con la reforma judicial también incluyen la reducción del número de jueces en la Suprema Corte de 11 a 9, una disminución en los años requeridos de experiencia, y la eliminación del requisito de edad mínima. Para muchos, esto disminuye la profesionalización del poder judicial y lo vuelve más vulnerable.
Silencio oficial y controversia electoral
Ni la oficina de la presidenta Sheinbaum ni el poder judicial han respondido a los señalamientos. Por su parte, Gerardo Fernández Noroña, líder en el Senado y miembro destacado del partido gobernante Morena, calificó las críticas como una campaña “racista y clasista” contra la reforma.
“Si alguien resulta inelegible, se le puede remover después de la elección. No es importante ahora”, dijo.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha dejado claro que no puede modificar la boleta a estas alturas. Su consejera, Claudia Zavala, expresó que el INE debió haber sido incluido en el proceso de revisión desde el inicio. Sin embargo, indicó que, tras los comicios, podrán analizar las quejas formales y, si algún candidato no cumple los requisitos, el puesto se asignará al segundo lugar más votado.
Una elección que pone a prueba al sistema
Más de 5.000 candidatos compiten por 840 cargos judiciales, incluidos los de magistrados y jueces federales. A pocos días de la jornada electoral, crecen las dudas sobre el impacto de esta inédita reforma en el futuro del sistema de justicia mexicano.
Delgado, quien asegura que solo cumplió con su deber como abogada, defiende su candidatura con firmeza: “El mejor legado que puedo dejar es ser una persona íntegra que siempre defendió a otros”.
A pesar de las críticas, su nombre y el de otros perfiles polémicos estarán en la boleta este 2 de junio, mientras México se adentra en un experimento judicial sin precedentes.