México brinda apoyo a detenido por ICE en California
El gobierno de México ha tomado medidas para respaldar a un ciudadano mexicano detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Santa Ana, California, tras un incidente que ha generado controversia por presuntos abusos. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que el Consulado General en California busca esclarecer los hechos y garantizar la defensa del detenido, en un contexto de crecientes operativos migratorios bajo la administración del presidente Donald Trump.
Detención en Santa Ana
El arresto ocurrió cerca de un restaurante en Santa Ana, donde el ciudadano mexicano, quien realizaba labores de jardinería, fue interceptado por agentes de ICE. Videos que circulan en redes sociales muestran a los agentes forcejeando con el hombre y, según testigos, utilizando gas pimienta durante la detención. La SRE señaló que el Consulado está en comunicación con ICE para investigar posibles irregularidades en el procedimiento y garantizar que se respeten los derechos del detenido.
Personal consular visitó el centro de detención donde se encuentra el mexicano, solicitando una evaluación médica para verificar su estado de salud. La Cancillería también estableció contacto con la familia del detenido, asegurándoles el apoyo del gobierno mexicano en este proceso.
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Asistencia legal a través del PALE
El caso ha sido referido al Programa de Asesorías Legales Externas (PALE), una iniciativa de la SRE que proporciona asistencia jurídica gratuita o de bajo costo a mexicanos en situación vulnerable en EE.UU. Desde el inicio de la administración Trump en enero de 2025, el PALE ha ofrecido más de 9,000 asesorías legales. La SRE indicó que el programa evaluará las opciones legales para defender al detenido, incluyendo posibles violaciones a sus derechos durante el arresto.
La intervención del PALE refleja el compromiso de México de proteger a sus ciudadanos en el extranjero, especialmente en un momento de endurecimiento de las políticas migratorias en EE.UU.
Aumento de detenciones de mexicanos
El incidente en Santa Ana se enmarca en un incremento significativo de operativos migratorios. Según datos de la Cancillería mexicana, entre el 6 y el 20 de junio de 2025, 222 mexicanos fueron detenidos por ICE en ciudades como Los Ángeles, Omaha, Oxnard, Bergen y Richford. Desde la toma de posesión de Trump el 20 de enero, se han registrado 1,154 detenciones de ciudadanos mexicanos en 111 operativos a nivel nacional.
Estas cifras reflejan la intensificación de las políticas migratorias de la administración Trump, que ha priorizado deportaciones rápidas y operativos en áreas urbanas y fronterizas. Organizaciones de derechos humanos han criticado estas acciones, argumentando que afectan desproporcionadamente a comunidades migrantes sin antecedentes criminales.
Respuesta de México
La SRE reiteró que la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior es una prioridad. A través de su Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica, el gobierno mexicano mantiene comunicación constante con las autoridades migratorias estadounidenses para garantizar un trato justo. El Consulado en California seguirá monitoreando el caso, buscando esclarecer las circunstancias del arresto y cualquier uso excesivo de la fuerza.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado un enfoque humanitario, asegurando que los ciudadanos mexicanos reciban apoyo consular y legal, independientemente de su estatus migratorio. Este compromiso se extiende a la coordinación con albergues y organizaciones locales para asistir a los deportados y sus familias.
Contexto migratorio
El caso de Santa Ana se produce en un momento de tensión migratoria, tras la reciente decisión de la Suprema Corte de EE.UU. que autoriza deportaciones rápidas. Estas políticas han generado preocupación en México, que ha rechazado convertirse en un “tercer país seguro” para recibir migrantes no mexicanos. La SRE ha instado a EE.UU. a respetar los derechos humanos en sus operativos, mientras México refuerza su red consular para proteger a sus ciudadanos frente a la creciente vigilancia migratoria.