Las denuncias por censura en México no dejan de crecer. A través de resoluciones judiciales, leyes estatales y acusaciones por violencia política de género, periodistas y usuarios de redes sociales enfrentan procesos que, según organizaciones defensoras de derechos humanos, buscan silenciar las críticas hacia figuras del poder, principalmente vinculadas al partido Morena.
Desde inhabilitaciones judiciales hasta multas por comentarios en redes sociales, la presión legal contra la libertad de expresión ha encendido las alertas de asociaciones como Artículo 19, que denuncian una instrumentalización de leyes creadas para proteger a las mujeres con el fin de censurar voces incómodas.
Denuncias por censura en México: tuiteras bajo investigación
Uno de los casos que ha generado mayor indignación es el de Karla Estrella, una ciudadana de Hermosillo, Sonora, que publicó un mensaje en X (antes Twitter) criticando la designación de una candidata. La publicación fue interpretada como violencia política de género y derivó en una sanción que incluye disculpas públicas por 30 días, una multa, un curso obligatorio de género y su inscripción por 18 meses en el Registro de Personas Sancionadas del Instituto Nacional Electoral (INE).
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La denunciante fue Diana Karina Barreras, entonces diputada local y esposa de Sergio Gutiérrez Luna, figura prominente de Morena y expresidente de la Cámara de Diputados. Estrella no es la única. La actriz Laisha Wilkins también enfrenta cargos similares por un comentario irónico en respuesta a una nota periodística.
El tweet de la discordia. Karla Estrella fue censurada debido a este tweet. Foto: X/@CarlosTorresF_
Estas situaciones, según Artículo 19, muestran un patrón preocupante: el uso del marco legal sobre violencia política en razón de género para frenar expresiones críticas, incluso cuando estas no atacan directamente a una persona por su condición de género.
Periodistas enfrentan sanciones legales por denunciar corrupción
Las denuncias por censura en México no se limitan a ciudadanos comunes. Reconocidos periodistas como Jorge González, Héctor de Mauleón y Ángel Camarillo han sido objeto de procesos judiciales luego de publicar investigaciones o columnas críticas.
De Mauleón, por ejemplo, fue denunciado por Tania Contreras, exconsejera jurídica de Tamaulipas y candidata a magistrada, luego de que en una columna se le vinculara a redes de corrupción mediante documentos filtrados por el grupo hacktivista Guacamaya. El Tribunal Electoral de Tamaulipas ordenó a El Universal eliminar la columna y prohibió al medio volver a publicar sobre Contreras.
La exconsejera jurídica Tania Gisela Contreras López, candidata a magistrada del Poder Judicial de Tamaulipas denunció a De Mauleón. Foto: Facebook/10.1 El Poder de tu Imagen
Ángel Camarillo, periodista de Veracruz, recibió una multa y tuvo que retractarse públicamente tras reportar una investigación sobre nepotismo en gobiernos locales. La denuncia provino de una candidata relacionada con los hechos expuestos, y fue resuelta por el Tribunal Electoral con una sanción que los expertos consideran desproporcionada.
“Estamos ante un modelo de censura indirecta que desgasta económicamente y emocionalmente a los periodistas, obligándolos a invertir tiempo y recursos en su defensa”, explica Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19.
Crecen las leyes restrictivas y las denuncias por censura en México
En paralelo a estas denuncias por censura en México, varios Congresos locales han aprobado leyes que podrían restringir aún más la libertad de expresión. Es el caso de Puebla, donde recientemente se aprobó una Ley de Ciberseguridad que castiga con hasta tres años de cárcel a quienes “insulten” o “ofendan” en redes sociales.
La norma ha sido apodada “Ley Mordaza” por organizaciones defensoras de derechos humanos, debido a su ambigüedad y al riesgo de ser usada como herramienta de censura. El texto define el ciberasedio como cualquier acción digital que pueda agraviar a otra persona, dejando amplio margen a la interpretación judicial.
Incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tradicionalmente alineada con el gobierno federal, emitió un comunicado exhortando al Congreso de Puebla a revisar el artículo 480 del nuevo marco legal, por considerarlo ambiguo y contrario al derecho a la libertad de expresión. La CNDH trabaja actualmente en una acción de inconstitucionalidad contra dicha reforma.
Mientras tanto, otros estados como Campeche, Veracruz y Tamaulipas registran un aumento en los procesos penales contra reporteros. El periodista Jorge González fue vinculado a proceso tras ser acusado de delito de odio por parte de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, también militante de Morena.
Las denuncias por censura en México aumentan con el proceso electoral
Uno de los factores que explican el auge en las denuncias por censura en México es el reciente proceso electoral, en el que se eligieron casi 2,700 cargos judiciales. En medio del caos de candidaturas, medios y activistas han intentado fiscalizar perfiles públicos, exponiendo vínculos políticos, antecedentes penales o conflictos de interés.
Estas acciones han derivado en más denuncias por violencia política, muchas de ellas basadas en interpretaciones amplias de la ley, o dirigidas contra personas que no ejercen cargos públicos. Incluso el abogado Miguel Meza, fundador de la plataforma Defensorxs y crítico del proceso judicial, fue denunciado por “violencia política” por un candidato a juez laboral en Ciudad de México, a pesar de que esta figura legal no contempla casos entre hombres.
Según datos de Artículo 19, en 2024 se han registrado 21 procesos legales contra periodistas, y el 28.5% de ellos utilizaron como argumento la violencia política de género. La organización denuncia que esta figura, nacida de luchas legítimas del movimiento feminista, se está usando como pretexto para censurar investigaciones o expresiones críticas.
El contexto de violencia y espionaje contra la prensa se agrava
México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. La represión digital, el acoso judicial y las amenazas físicas conviven en un entorno marcado por la impunidad y el uso del aparato estatal contra quienes cuestionan al poder.
Además del uso de leyes restrictivas, en años recientes se ha documentado el espionaje con Pegasus contra periodistas y activistas, lo cual refuerza la narrativa de una política sistemática de vigilancia y represión.
“Estamos viendo una combinación peligrosa: leyes vagas, jueces afines al poder y actores políticos que utilizan el aparato del Estado para intimidar”, concluye Leopoldo Maldonado. “Las denuncias por censura en México han dejado de ser casos aislados para convertirse en una estrategia institucionalizada”.