México pierde batalla legal contra fabricantes de armas en EE.UU.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó por unanimidad este jueves la demanda presentada por el Gobierno de México contra varios de los principales fabricantes de armas del país norteamericano, en un caso que buscaba responsabilizar a estas compañías por facilitar el tráfico ilegal de armamento hacia México y, por ende, la violencia relacionada con el crimen organizado.
El rechazo unánime del Tribunal Supremo
Los nueve jueces del Tribunal Supremo coincidieron en que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de 2005 ofrece una amplia inmunidad legal a los fabricantes y distribuidores de armas de fuego frente a demandas que intenten responsabilizarlos por el uso indebido que terceros hagan de sus productos.
El fallo, redactado por la jueza Elena Kagan, señaló que México no presentó pruebas suficientes que demostraran que las empresas fabricantes de armas —como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock— hayan participado deliberadamente en actividades que fomentaran el tráfico ilegal de armas hacia México.
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La demanda mexicana y el reclamo de compensación millonaria
México interpuso esta demanda en 2021, buscando una compensación de hasta 10.000 millones de dólares por los daños provocados por la violencia armada en su territorio. El gobierno mexicano responsabilizaba a estas compañías por el flujo ilegal de armas que terminan en manos del crimen organizado, alimentando la inseguridad y la violencia en varias regiones del país.
En la demanda, México argumentaba que estas empresas deberían ser responsables por no evitar que sus productos fueran desviados al mercado ilegal, contribuyendo así a la crisis de violencia que afecta a la nación.
Diferencias legales y culturales entre México y Estados Unidos
La batalla legal también refleja diferencias fundamentales entre las legislaciones y visiones sobre las armas de fuego en México y Estados Unidos. Mientras que la posesión y portación de armas está protegida por la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, México mantiene una legislación mucho más restrictiva sobre el acceso y control de armamento.
El Gobierno mexicano, representado en esta demanda, intentó ampararse en una excepción de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas que permite demandas cuando se prueba que una empresa “a sabiendas” ha violado leyes relacionadas con el tráfico ilegal de armas. Sin embargo, el Tribunal Supremo concluyó que esta excepción no aplica en este caso debido a la falta de evidencia concreta.
Impacto político y social del fallo en ambos países
El rechazo a la demanda representa un revés para el Gobierno de México, que desde hace años denuncia el impacto negativo que el flujo de armas procedentes de Estados Unidos tiene en la seguridad nacional. Las armas de fabricación estadounidense son responsables, en gran medida, de la violencia ligada al narcotráfico y otros delitos en México.
Por otro lado, el fallo refuerza la posición de la industria armamentista estadounidense, que ha enfrentado múltiples demandas similares en distintas instancias legales, y que se ampara en la ley federal para evitar responsabilidades por el uso ilegal de sus productos.
Tensiones en la relación bilateral sobre seguridad y narcotráfico
La relación entre México y Estados Unidos sobre temas de seguridad y narcotráfico sigue siendo compleja y tensa. La Administración del presidente Donald Trump designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y ha responsabilizado a México por facilitar el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, hacia territorio estadounidense.
En contraste, el gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha insistido en que el poder de los grupos narcotraficantes radica en el acceso a armas de fuego principalmente fabricadas en Estados Unidos, lo que alimenta el círculo de violencia y descontrol.
Reacciones en México tras el fallo del Tribunal Supremo
Tras el fallo del Tribunal Supremo, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su preocupación por la negativa del alto tribunal estadounidense a atender la demanda, reiterando la necesidad de medidas conjuntas que detengan el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México.
Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos también han criticado la decisión, argumentando que la inmunidad otorgada a los fabricantes de armas limita la capacidad de México para enfrentar eficazmente la violencia armada que afecta a millones de personas.