Desde este 30 de marzo, la venta de comida chatarra en escuelas está oficialmente prohibida en México, marcando un hito en la lucha contra la obesidad infantil. La medida, aprobada por el Congreso en 2024 y respaldada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), busca transformar los hábitos alimenticios de millones de estudiantes en el país. Tiendas escolares, cooperativas y cafeterías ahora tienen restringido ofrecer productos como frituras, refrescos y dulces con alto contenido calórico.
La iniciativa forma parte de una estrategia nacional para reducir los índices de sobrepeso y obesidad, que afectan a más del 70% de los adultos y a un tercio de los niños mexicanos, según datos de la Secretaría de Salud. El titular de esta dependencia, Jorge Alcocer, destacó la importancia del cambio durante un evento en Ciudad de México: «Estamos protegiendo la salud de las futuras generaciones. Las escuelas deben ser espacios de aprendizaje, no de riesgos».
En las primeras horas de la implementación, inspectores de la SEP recorrieron planteles en estados como Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México para garantizar el cumplimiento. En una primaria de Guadalajara, por ejemplo, se retiraron más de 200 paquetes de snacks que no cumplían con los nuevos lineamientos nutrimentales. Las multas por incumplimiento pueden llegar hasta los 100,000 pesos, advirtió la dependencia.
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Comida chatarra en escuelas: Un cambio radical
La prohibición no ha estado exenta de desafíos. Directores y padres de familia han reportado dificultades para adaptar los menús escolares. En lugar de papas fritas y bebidas azucaradas, ahora se promueven alternativas como frutas frescas, agua natural y tortas de granos integrales. «Es un ajuste grande. Los niños están acostumbrados a lo otro», comentó María López, directora de una secundaria en Monterrey.
La medida amplía una ley previa de 2014 que ya limitaba ciertos productos en las escuelas, pero que enfrentó problemas de supervisión. Esta vez, el gobierno federal ha destinado 500 millones de pesos para capacitar a maestros y vendedores sobre nutrición, además de subsidiar alimentos saludables en comunidades de bajos recursos. La Comisión Nacional de Protección Social en Salud señaló que el objetivo es reducir en un 15% las tasas de obesidad infantil para 2030.
Sin embargo, algunos padres han expresado preocupación por el impacto económico en las cooperativas escolares, que dependían de la venta de comida chatarra en escuelas para financiar actividades. «Entendemos la salud, pero ahora necesitamos apoyo para no perder esos ingresos», dijo Juan Pérez, padre de familia en Oaxaca.
El impacto de esta prohibión en escuelas
En las calles, las opiniones están divididas. Mientras algunos celebran la medida como un paso hacia una generación más sana, otros la ven como una imposición. «Mis hijos traen sus propios snacks de casa. No veo por qué el gobierno tiene que decidir», afirmó Laura Gómez, madre de dos estudiantes en Puebla. Por su parte, nutriólogos locales han aplaudido la decisión, destacando que el consumo excesivo de azúcares y grasas saturadas está detrás de enfermedades como la diabetes tipo 2, que afecta a más de 600,000 menores en México, según el Instituto Nacional de Salud Pública.
La prohibición también ha puesto los reflectores en la industria alimenticia. Empresas que producen golosinas y bebidas azucaradas han prometido ajustar sus productos para cumplir con los estándares de la nueva norma, que exige menos de 10% de azúcar añadida por porción. Sin embargo, activistas de salud pública insisten en que la vigilancia será clave para evitar que las reformulaciones sean solo cosméticas.
A nivel internacional, México se suma a países como Chile y Brasil, que han implementado restricciones similares con resultados mixtos. La Organización Panamericana de la Salud felicitó al gobierno mexicano por la medida, calificándola de «ejemplo para la región». Mientras tanto, en las aulas, el cambio apenas comienza: estudiantes y maestros se adaptan a un entorno donde la comida chatarra en las escuelas ya no tiene cabida, y las autoridades prometen mantener la presión para que la salud prevalezca.