La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció una ambiciosa reforma constitucional como parte de una nueva estrategia nacional de seguridad, con el objetivo de frenar el alarmante avance de la extorsión en el país. Durante su conferencia matutina del martes 8 de julio de 2025, Sheinbaum reconoció que las políticas actuales han sido insuficientes y planteó una serie de cambios estructurales que buscan transformar la manera en que el Estado mexicano enfrenta este delito.
El núcleo de la propuesta consiste en otorgar al Congreso federal facultades para legislar de manera unificada sobre el delito de extorsión, lo que implicaría la obligación para los 32 estados del país de armonizar sus códigos penales locales. A la par, se propone una ley general que permita perseguir de oficio a quienes cometan este crimen, sin que sea necesaria la denuncia directa de las víctimas, quienes muchas veces temen represalias o carecen de mecanismos de protección.
Reforma constitucional en México: objetivo, alcance y urgencia
La reforma constitucional en México propuesta por Sheinbaum tiene como prioridad eliminar las barreras legales que hoy dificultan el combate a la extorsión. Actualmente, las legislaciones estatales presentan grandes diferencias en sus definiciones y sanciones para este delito, lo que, según especialistas, ha impedido respuestas efectivas desde el ámbito judicial y policial.
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Personas sostienen carteles durante una manifestación este viernes, entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas (Ciudad Juárez). EFE/ Luis Torres
La mandataria explicó que el nuevo marco normativo buscará fortalecer la capacidad del Estado para actuar de oficio. “Le estamos quitando a la víctima ese peso… La víctima es el Estado”, expresó Sheinbaum, en referencia a la necesidad de proteger a los ciudadanos que muchas veces no se atreven a denunciar por miedo a represalias.
Según cifras de la Secretaría de Seguridad federal, durante el primer semestre de 2025, la extorsión aumentó un 27.7% en comparación con el mismo periodo del año 2019. Esto convierte a la extorsión en el único de los once delitos de alto impacto que continúa al alza, lo que subraya la urgencia de una intervención estatal integral.
Reforma constitucional en México busca frenar “el cobro de piso”
Uno de los principales flagelos derivados de la extorsión en México es el llamado “cobro de piso”, una práctica delictiva que obliga a comerciantes, empresarios y hasta trabajadores informales a pagar sumas periódicas a grupos criminales para poder operar. De no cumplir con esta exigencia, los afectados enfrentan amenazas, agresiones e incluso la pérdida de sus negocios.
Personas sostienen carteles durante una manifestación este viernes, entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas (Ciudad Juárez). EFE/ Luis Torres
Organismos empresariales han advertido desde hace años sobre las millonarias pérdidas generadas por este fenómeno. Según el Consejo Coordinador Empresarial, más del 30% de los negocios en zonas de alto riesgo han tenido que cerrar o modificar sus operaciones debido a la presión de grupos delictivos.
La reforma constitucional en México impulsada por Sheinbaum propone también una reestructuración institucional: se creará un número telefónico único para denuncias anónimas de extorsión, se unificarán las unidades especializadas de secuestro y extorsión para mejorar el uso de recursos y se incrementarán los operativos en centros penitenciarios, ya que muchos delitos se coordinan desde las cárceles a través de llamadas extorsivas.
Además, se buscará una colaboración más efectiva entre autoridades locales y federales, con capacitación conjunta y el despliegue de fuerzas de seguridad en los estados más afectados.
Reforma constitucional en México: ¿qué estados concentran más casos?
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, precisó que ocho entidades del país concentran el 66% de los casos de extorsión reportados. Estos son: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México.
Estas entidades comparten características como alta presencia de grupos criminales organizados, concentración industrial y comercial, y estructuras institucionales debilitadas o colapsadas en materia de seguridad pública. En algunos municipios, la extorsión ha escalado al punto de que incluso las pequeñas tiendas o repartidores informales deben pagar “derecho de operación” a bandas locales.
La reforma constitucional en México busca revertir esta situación permitiendo al Estado actuar con mayor rapidez y contundencia. Para ello, también se contemplan sanciones más severas a quienes resulten responsables de extorsión, incluyendo agravantes cuando se realice desde centros penitenciarios o a través de redes criminales.
Reacciones ante la reforma constitucional en México por extorsión
La propuesta de reforma constitucional en México ha generado diversas reacciones. Desde el sector empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó su respaldo al anuncio de Sheinbaum, aunque pidió garantías de que la implementación sea efectiva y no se quede solo en el papel.
Por su parte, defensores de derechos humanos han pedido que la reforma contemple mecanismos de protección para víctimas y testigos, así como protocolos claros para evitar abusos de autoridad bajo la figura de la persecución de oficio.
Algunos partidos de oposición han cuestionado que esta reforma se anuncie cuando el sexenio ya avanza y consideran que Sheinbaum debería asumir con mayor responsabilidad los resultados de su política de seguridad hasta el momento.
Sin embargo, el Gobierno federal defiende que la reforma constitucional en México no es un cambio superficial, sino una transformación necesaria para enfrentar una amenaza que ha crecido sin control en los últimos años.