El nombre de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, vuelve a ocupar titulares tras ser deportado este miércoles 9 de abril por las autoridades de Estados Unidos y entregado a México a través de la frontera terrestre entre San Diego y Tijuana. Su regreso al país marca un nuevo episodio en una larga historia de señalamientos por corrupción, crimen organizado y vínculos con el narcotráfico, que ha atravesado fronteras y durado más de una década.
Yarrington, quien gobernó Tamaulipas bajo las siglas del PRI de 1999 a 2004, fue acusado de facilitar las operaciones del Cártel del Golfo y su violento brazo armado, Los Zetas, durante su gestión. En 2017 fue detenido en Florencia, Italia, después de años prófugo. En 2018 fue extraditado a EE. UU., donde en 2021 se declaró culpable de aceptar sobornos millonarios provenientes del narcotráfico. Fue condenado a nueve años de prisión, pero sorprendentemente fue liberado a inicios de 2024, antes de completar su sentencia.
Su deportación ocurre semanas después de que el gobierno mexicano entregara a Estados Unidos a 29 líderes del narcotráfico, entre ellos los hermanos Treviño Morales, líderes históricos de Los Zetas. En un giro poco usual, ahora es el gobierno estadounidense quien devuelve a México a uno de los funcionarios más polémicos de las últimas décadas.
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La historia de Tomás Yarrington: del poder en Tamaulipas a la prisión en EE.UU.
El ascenso de Tomás Yarrington fue meteórico. Con estudios en economía y derecho, su carrera política despegó rápidamente dentro del PRI. Fue alcalde de Matamoros, luego diputado federal, y en 1998 ganó las elecciones a gobernador de Tamaulipas, un estado clave por su ubicación estratégica en la frontera con Estados Unidos.
Pero mientras gobernaba, los tentáculos del crimen organizado también crecían. Tamaulipas fue uno de los primeros estados donde los cárteles se infiltraron directamente en la política local, y las acusaciones contra Yarrington no tardaron en llegar.
En 2009, un testigo protegido del Cártel del Golfo señaló al exgobernador como facilitador de actividades delictivas. De acuerdo con el expediente de la Fiscalía General de la República (FGR), Yarrington habría aceptado sobornos para permitir el libre tránsito de drogas por el territorio estatal, a cambio de protección oficial para los cárteles.
En 2012, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos formales en su contra, incluyendo lavado de dinero, fraude bancario, evasión fiscal y tráfico de drogas. Las autoridades estadounidenses lograron decomisar varias propiedades adquiridas por Yarrington en Texas mediante prestanombres.
Fue hasta abril de 2017 que finalmente fue capturado en Italia, luego de años de búsqueda internacional. La extradición se concretó un año después. En 2021, se declaró culpable ante una corte federal en Texas de haber recibido sobornos mientras ocupaba cargos públicos.
A pesar de haber sido condenado a nueve años de cárcel, fue liberado en 2024 por razones que aún no han sido divulgadas oficialmente.
Tomás Yarrington deportado: proceso legal continúa en México
Luego de su arribo a Ciudad de México este miércoles, Tomás Yarrington fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1, mejor conocido como El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Es la misma prisión donde han estado figuras como Joaquín “El Chapo” Guzmán y otros capos de alto perfil.
La Fiscalía General de la República busca imputarle ahora nuevos cargos por lavado de dinero y delincuencia organizada, delitos que presuntamente cometió durante y después de su paso por la gubernatura. Sin embargo, el proceso judicial ha tropezado con obstáculos.
A inicios de este año, un juez federal devolvió a la FGR su solicitud de orden de aprehensión por «diversas deficiencias» en la indagatoria, exigiendo que el expediente fuera subsanado antes de avanzar. Aun así, su permanencia en México y su presencia en prisión preventiva permiten al Ministerio Público continuar con las investigaciones y buscar que enfrente un juicio en suelo mexicano.
Especialistas en derecho penal consultados por El Universal señalan que el caso Yarrington se ha vuelto un ejemplo del complejo entramado entre poder político y crimen organizado en México. Su retorno representa una oportunidad para que las instituciones judiciales mexicanas demuestren capacidad para impartir justicia en casos de alta corrupción.