Violencia en México: matan a alcalde y a su escolta
La violencia ligada al crimen organizado cobró una nueva víctima en México. El alcalde de Tacámbaro, Salvador Bastidas, fue asesinado a tiros la noche del viernes junto con su escolta, en un ataque directo que evidencia el grave riesgo que enfrentan las autoridades locales en regiones dominadas por cárteles.
El hecho ocurrió cerca de la medianoche en la colonia Centro del municipio, ubicado en el estado de Michoacán. Según informó la Fiscalía estatal, Bastidas llegaba a su domicilio a bordo de una camioneta oficial cuando fue interceptado por sujetos armados que abrieron fuego contra el vehículo.
En el lugar falleció un agente de la Guardia Civil que servía como escolta del funcionario, mientras que el alcalde fue trasladado con heridas graves a un hospital, donde murió horas después.
Te Recomendamos
Michoacán, un foco rojo de violencia criminal
Tacámbaro forma parte de la región montañosa central de Michoacán, uno de los estados más golpeados por la violencia en México. La entidad se ha convertido en campo de batalla entre distintas organizaciones criminales que se disputan rutas para el tráfico de drogas, extorsión y control de territorios.
Entre los grupos que operan en la zona destacan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras y células locales que responden a intereses regionales. Las autoridades estatales han reconocido la dificultad de establecer el control pleno en varios municipios debido al poder de fuego de estos grupos y a la corrupción institucional.
De acuerdo con cifras oficiales, Michoacán cerró el 2024 con más de 2.500 homicidios dolosos, muchos de ellos vinculados directamente a disputas entre grupos del crimen organizado o ataques contra funcionarios y fuerzas de seguridad.
Ataques a alcaldes, una tendencia alarmante
El asesinato de Salvador Bastidas no es un hecho aislado. Se suma a una serie de homicidios de autoridades municipales que ha encendido las alarmas en todo el país, especialmente en medio del proceso electoral de este 2025.
Apenas tres semanas antes, fue asesinado Mario Hernández García, alcalde del municipio de Santiago Amoltepec, en Oaxaca. El funcionario fue atacado junto con dos personas en una región conocida por disputas agrarias y conflictos por límites territoriales, muchos de ellos exacerbados por la presencia de grupos armados ilegales.
Según datos de la organización Etellekt, al menos 34 alcaldes o exalcaldes han sido asesinados en México desde 2018, una cifra que muestra la creciente vulnerabilidad de los funcionarios locales frente a la violencia criminal.
Condolencias oficiales y llamado a la justicia
Tras confirmarse el asesinato de Bastidas, autoridades estatales y federales condenaron el crimen y prometieron una investigación a fondo. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, lamentó los hechos y aseguró que no habrá impunidad.
“Rechazamos con firmeza estos actos cobardes y violentos. Vamos a colaborar plenamente con la Fiscalía para que los responsables sean capturados y llevados ante la justicia”, expresó en una breve declaración pública.
Por su parte, el Gobierno del presidente Donald Trump ha mantenido su política de colaboración bilateral con México en materia de seguridad, aunque ha instado al país vecino a reforzar su capacidad institucional frente al crimen organizado.
Escalada de violencia en temporada electoral
El crimen se produce en un momento clave para México, donde miles de cargos públicos —incluidas presidencias municipales— están en disputa. La violencia electoral se ha convertido en un patrón recurrente en los últimos ciclos, con candidatos y autoridades bajo amenaza constante.
Organismos de derechos humanos y expertos en seguridad han advertido que el asesinato de funcionarios públicos tiene un efecto inhibidor sobre la participación política y debilita la gobernabilidad local, especialmente en zonas rurales o con fuerte presencia del crimen organizado.
Mientras avanza la investigación, la comunidad de Tacámbaro permanece consternada por la pérdida de su alcalde, mientras organizaciones civiles exigen medidas urgentes para proteger a los servidores públicos y restaurar el Estado de derecho en regiones afectadas por la violencia.