El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó este viernes que la administración federal intensificará su estrategia de seguridad fronteriza mediante la implementación de nuevas “zonas de defensa nacional”. Esta política busca lograr un control operativo total de la frontera frente al incremento de cruces irregulares.
En una declaración publicada en su cuenta oficial en la red social X, Hegseth fue directo: “Permítanme ser claro: si cruzan al Área de Defensa Nacional, se les aplicará todo el peso de la ley. Solo pregúntenle a los 100 inmigrantes ilegales que han sido acusados hasta ahora”.
Las afirmaciones del jefe del Pentágono se producen en medio de crecientes tensiones en la frontera sur, especialmente tras la creación de nuevas zonas bajo jurisdicción militar en Nuevo México y Texas.
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Zonas militarizadas buscan reforzar el control operativo total de la frontera
Durante las últimas tres semanas, el gobierno estadounidense ha establecido dos zonas de defensa nacional en áreas clave de la frontera con México. La primera se implementó en abril en Nuevo México y la segunda, a comienzos de mayo, en El Paso, Texas.
Estas zonas permiten al Departamento de Defensa actuar con autoridad extendida. De acuerdo con Hegseth, el Ejército ahora tiene potestad para detener temporalmente a cualquier persona que cruce “ilegalmente” en esos sectores. Esta medida, explicó, forma parte de una estrategia más amplia que tiene como objetivo un control operativo total de la frontera.
Según datos oficiales, 258 migrantes fueron detenidos durante el último mes por ingresar a estas zonas restringidas. La cifra evidencia la rápida activación de las nuevas medidas y el endurecimiento del enfoque migratorio bajo la actual administración Trump.
El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, durante un acto en la Casa Blanca, el 21 de abril de 2025, en Washington. EFE/Samuel Corum/Pool
Hasta diez años de prisión por ingresar en zonas restringidas
Uno de los aspectos más controvertidos de esta política es el severo castigo para quienes ingresen en las zonas militarizadas. El secretario de Defensa advirtió que la violación de estas áreas puede traducirse en penas de hasta diez años de cárcel, incluso si no se comete ningún otro delito adicional.
“El simple hecho de entrar a una zona de defensa nacional ya implica cargos federales. Si haces otras cosas, puede ser aún más grave”, remarcó Hegseth.
El funcionario defendió la medida alegando que es una respuesta “necesaria” ante lo que considera una crisis de seguridad nacional. “Nos estamos tomando esto en serio y vamos a lograr un control operativo total de la frontera”, afirmó.
Fotografía general donde se observa a migrantes en un campamento junto al muro fronterizo, en Tijuana, Baja California (México). EFE/Joebeth Terriquez
El control operativo total de la frontera: una promesa de campaña que toma forma
La intensificación de la vigilancia fronteriza responde también a una promesa de campaña del expresidente Donald Trump, quien ha regresado al escenario político con una agenda centrada en la seguridad y la migración. Su gobierno sostiene que el control operativo total de la frontera es indispensable para garantizar la soberanía y el orden interno del país.
Según voceros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se espera que se designen al menos tres nuevas zonas de defensa nacional en los próximos meses, en puntos considerados de alta vulnerabilidad.
Diversos analistas coinciden en que este tipo de acciones puede tener un fuerte impacto disuasorio en los flujos migratorios, pero también han generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre posibles abusos por parte de las fuerzas armadas en la frontera.
Reacciones divididas ante el plan de militarización fronteriza
Las nuevas medidas han provocado un intenso debate político. Mientras sectores conservadores celebran lo que consideran una política de “tolerancia cero”, grupos progresistas y defensores de los derechos de los migrantes critican el uso del Ejército para tareas de control civil.
“El uso de zonas de defensa nacional para restringir el movimiento de personas en busca de asilo es preocupante y puede violar acuerdos internacionales sobre protección a refugiados”, señalaron desde la organización Human Rights Watch.