Así fue la deportación de migrantes a Sudán del Sur
Ocho migrantes, provenientes de Cuba, México, Vietnam, Laos, Myanmar y Sudán del Sur, fueron deportados desde Estados Unidos a Sudán del Sur el 4 de julio de 2025, tras semanas de disputas legales. Retenidos en una base militar en Yibuti, su traslado a un país al borde de la guerra civil desató críticas por riesgos de tortura y persecución. La comunidad latina, que representa el 18% de la población de EE.UU. según el Censo 2024, expresó preocupación por las políticas migratorias de la administración de Donald Trump, que impulsa deportaciones masivas.
Un vuelo polémico desde Texas
En mayo de 2025, los ocho hombres, identificados como José Manuel Rodríguez Quiñones y Enrique Arias Hierro (Cuba), Jesús Muñoz Gutiérrez (México), y otros de Laos, Myanmar, Vietnam y Sudán del Sur, fueron puestos en un vuelo desde Texas hacia Sudán del Sur. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la medida alegando que los migrantes, condenados por delitos violentos como homicidio y robo, no fueron aceptados por sus países de origen. El vuelo se desvió a Yibuti tras una orden del juez federal Brian Murphy, quien acusó al gobierno de violar el debido proceso al no permitirles impugnar su deportación.
Batalla legal en la Corte Suprema
La Corte Suprema, con mayoría conservadora, autorizó el 23 de junio la deportación rápida a terceros países, revocando la orden de Murphy que exigía notificar a los migrantes y darles 15 días para apelar por riesgos de tortura, conforme a la Convención de la ONU contra la Tortura. El 3 de julio, el tribunal aclaró que esta decisión aplicaba a los ocho hombres, permitiendo su traslado a Juba, capital de Sudán del Sur. Las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson discreparon, argumentando que el fallo “premia la ilegalidad”.
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Condiciones en Sudán del Sur
Sudán del Sur, con 11 millones de habitantes, enfrenta una crisis humanitaria con desplazamientos masivos y violencia armada desde su independencia en 2011. El Departamento de Estado de EE.UU. desaconseja viajar allí por “delincuencia, secuestros y conflicto armado”. Organizaciones como Amnistía Internacional y la ONU advirtieron que los deportados enfrentan “tortura, detención inmediata o muerte”. Trina Realmuto, de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, calificó la medida de “horrenda”. El gobierno de Sudán del Sur afirmó que investigará a los migrantes y podría “redeportarlos” si no son ciudadanos suyos.
Reacciones de la comunidad latina
La deportación de Rodríguez Quiñones, Arias Hierro y Muñoz Gutiérrez, todos con antecedentes penales en Florida, generó indignación entre la comunidad latina, que aporta $2.8 billones al PIB de EE.UU., según Nielsen. En Miami, donde el 70% de la población es latina, según el Censo 2024, LULAC organizará un foro el 12 de julio para 1,000 asistentes, exigiendo respeto a los derechos humanos. México y Cuba no han comentado públicamente, pero México recibió 39,000 deportados en 2025, según la presidenta Claudia Sheinbaum.
Políticas de Trump y costos
La administración Trump, bajo la “Operación Aurora”, busca deportar a un millón de migrantes al año, priorizando a quienes tienen antecedentes penales. El DHS estima que cada deportación a Sudán del Sur cuesta $17,121, un gasto que podría aumentar con vuelos a destinos lejanos como Libia o Ruanda, según el American Immigration Council. La ACLU planea nuevas demandas, alegando violaciones a la Cuarta Enmienda. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, defendió la deportación como una “victoria para la seguridad”, mientras Trump, en Truth Social, celebró el fallo de la Corte Suprema.
Impacto humanitario
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó preocupación por las 142,000 deportaciones desde EE.UU. en 2025, muchas a terceros países sin vínculos con los migrantes. En Yibuti, los hombres fueron retenidos en un contenedor de envío modificado bajo condiciones difíciles. Abogados reportaron que no tuvieron acceso a asesoría legal adecuada antes del traslado. México abordará estas políticas en una cumbre el 15 de julio en Washington, mientras la comunidad latina en California, con 2.6 millones de indocumentados, planea protestas para el 20 de julio.