Casa Blanca busca corregir error: migrante guatemalteco podría volver a EE.UU.

Casa Blanca busca corregir error: migrante guatemalteco podría volver a EE.UU.

Un migrante guatemalteco que fue deportado erróneamente a México podría ser devuelto a Estados Unidos por orden de un juez federal, en un caso que marca un precedente sin precedentes en la política migratoria actual. Según documentos judiciales recientes, funcionarios de inmigración en Phoenix están coordinando con ICE Air y Air Charter Operations (ACO) el retorno del migrante identificado en los documentos como O.C.G., tras una orden judicial que exige facilitar su regreso.

Se trata de la primera vez, bajo la administración del presidente Donald Trump, que el Gobierno se dispone a traer de regreso a un migrante después de haber sido deportado, a raíz de un fallo que expone irregularidades en el proceso de remoción.

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El caso de O.C.G. y las fallas del sistema migratorio

El caso ha sido supervisado por el juez federal Brian Murphy en Boston, quien dictó la semana pasada que O.C.G. debía ser regresado a territorio estadounidense luego de descubrirse que fue enviado a México de forma incorrecta. El migrante había solicitado asilo en 2024 al ingresar por segunda vez a Estados Unidos, alegando haber sido víctima de múltiples actos de violencia en Guatemala.

Durante su travesía más reciente hacia Estados Unidos, el guatemalteco también fue secuestrado y violado en México, según consta en documentos presentados ante el tribunal. A pesar de que en 2025 un juez determinó que no debía ser devuelto a Guatemala, el Gobierno lo deportó a México apenas dos días después de esa resolución, una acción que Murphy calificó como violatoria del debido proceso.

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Deportación sin acceso a defensa legal ni evaluación de riesgo

O.C.G. denunció que antes de ser deportado a México, no se le permitió expresar su temor ante esa posibilidad, ni se le brindó acceso a un abogado. En su testimonio, afirmó que sus solicitudes para hablar con un representante legal fueron ignoradas. Inicialmente, el Gobierno sostuvo que el migrante había declarado no temer ser enviado a México. Sin embargo, en una admisión reciente, funcionarios reconocieron que no podían identificar a ningún agente de inmigración que confirmara esa versión de los hechos.

La falta de pruebas documentales y testimoniales por parte de los funcionarios generó serias dudas sobre la legalidad del proceso de deportación, lo que impulsó al juez Murphy a ordenar el regreso inmediato del migrante.

El migrante vive escondido y en temor constante en Guatemala

En una declaración presentada antes del fallo judicial, O.C.G. relató que se encuentra actualmente en Guatemala, donde vive escondido y bajo un estado de “pánico constante”. Expresó temor por su seguridad personal y afirmó que su vida corre peligro debido a los antecedentes de violencia que enfrentó en su país natal, los mismos que lo llevaron a buscar asilo en Estados Unidos.

El Gobierno de Trump, que ha endurecido drásticamente las políticas migratorias durante su mandato, enfrenta ahora una situación inusual. A diferencia de los habituales procedimientos de expulsión rápida o envío a terceros países, esta vez se ve obligado a revertir una decisión de deportación tras reconocer irregularidades y tras la intervención del sistema judicial.

Una posible excepción en medio de políticas migratorias restrictivas

Este caso podría sentar un precedente importante para otros migrantes en situaciones similares, especialmente aquellos que fueron removidos sin una evaluación adecuada de su solicitud de asilo o sin acceso a representación legal. Aunque el Departamento de Justicia no ha dado detalles públicos sobre el estatus actual del proceso logístico para traer de vuelta a O.C.G., la mención explícita de una operación aérea coordinada con ICE Air sugiere que el retorno está siendo preparado activamente.

El caso también se produce en un momento en que diversas organizaciones de derechos civiles y abogados especializados en inmigración han denunciado el uso indebido de acuerdos de “tercer país seguro” por parte del Gobierno, lo que ha derivado en la deportación de solicitantes de asilo a países donde podrían enfrentar graves riesgos.

El desenlace del regreso de O.C.G. será seguido de cerca por defensores de derechos humanos, expertos legales y otros migrantes que actualmente enfrentan procesos similares. Por ahora, la orden judicial marca un giro significativo dentro de un panorama migratorio cada vez más restrictivo.

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