¿Cómo las redadas del ICE hunden la economía de Los Ángeles?
Las redadas de inmigración del presidente Donald Trump, intensificadas desde junio de 2025, están paralizando la economía de Los Ángeles, una ciudad santuario con 3.4 millones de inmigrantes, incluyendo 700,000 indocumentados, según la Corporación de Desarrollo Económico de Los Ángeles. Tras los incendios forestales de enero que destruyeron 16,000 estructuras, la reconstrucción depende de trabajadores inmigrantes, pero las detenciones masivas del ICE han generado miedo, cierres de negocios y retrasos en proyectos clave. La comunidad latina, que representa el 39% de la población según el Censo 2024, enfrenta un impacto desproporcionado.
Una economía en pausa
Entre el 6 y el 22 de junio, el ICE detuvo a 1,618 personas en Los Ángeles, desde lavaderos de autos hasta obras de construcción, según el Departamento de Seguridad Nacional. Lugares como el Fashion District y MacArthur Park, centros de actividad inmigrante, están desiertos. Negocios como Doña Bibi’s en MacArthur Park reportan una caída del 70% en clientes, según la alcaldesa Karen Bass. El transporte público de Los Ángeles perdió un 15% de usuarios en dos semanas, la primera caída en 30 meses, según Metro. Restaurantes, mercados y tiendas de ropa han cerrado o reducido horarios, evocando los días de la pandemia.
Construcción y comercio en crisis
La industria de la construcción, donde el 14.5% de los trabajadores son indocumentados, enfrenta una escasez crítica de mano de obra. Arturo Sneider, de Primestor, que gestiona $1,200 millones en proyectos, reporta retrasos en centros comerciales y 3,000 apartamentos en desarrollo. Los permisos de construcción, que cayeron un 57% en el primer trimestre, apenas repuntaban antes de las redadas, según Hilgard Analytics. El puerto de Los Ángeles, vital para el comercio global, procesó un 19% menos de carga en abril debido a los aranceles de Trump, afectando a miles de trabajadores portuarios, muchos de origen latino.
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Protestas y costos adicionales
Las redadas desataron protestas violentas, con 851 arrestos entre el 6 y el 11 de junio, según el LAPD. Trump desplegó 2,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines, costando $134 millones, según el Departamento de Defensa. La alcaldesa Bass impuso un toque de queda en el centro, mientras el gobernador Gavin Newsom demandó al gobierno federal por violar la soberanía estatal. Los costos policiales por horas extras se dispararon, drenando el presupuesto municipal ya afectado por la reconstrucción post-incendios, que requiere 70,000 trabajadores adicionales para 2026, según el Urban Land Institute.
Impacto en la comunidad latina
La comunidad latina, que aporta $2.8 billones al PIB según Nielsen, vive con miedo. Videos de agentes del ICE persiguiendo trabajadores en campos y lavaderos circulan en redes, intensificando la incertidumbre. Angélica Salas, de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, denuncia detenciones basadas en “el color de piel”. En un caso, un ciudadano estadounidense fue detenido en un Home Depot por grabar un arresto. LULAC organiza un foro el 12 de julio en Los Ángeles para 1,500 familias, abordando la seguridad ante las 19,663 deportaciones de 2025, según el DHS.
Resistencia de la ciudad santuario
Bass calificó las redadas como un “golpe económico” y prometió defender las políticas de santuario, que limitan la cooperación con el ICE. En respuesta, el DHS demandó a Los Ángeles, argumentando que estas políticas fomentan la “inestabilidad”. Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, negó que las redadas afecten la economía, afirmando que “la inmigración ilegal no impulsa el crecimiento”. Sin embargo, pequeños negocios, como el puesto de comida de Jessica Flores en Santee Street, han reducido horarios, y trabajadores como Melvin Maldonado, jornalero guatemalteco, ahora llevan consigo su documentación por temor.
Reconstrucción en riesgo
La reconstrucción tras los incendios, que dejó $27 mil millones en daños, está estancada. Solo 66 de 900 permisos de construcción han sido aprobados en Eaton, según datos municipales. Contratistas como Clare De Briere, de C+C Ventures, ocultan baños portátiles para proteger a trabajadores de las redadas. Tim Kawahara, del Centro Ziman de UCLA, advierte que el aumento de costos laborales podría hacer inviable la reconstrucción para muchos propietarios. Con el ICE intensificando operativos, Los Ángeles enfrenta un futuro incierto, donde el miedo y la inestabilidad amenazan su recuperación económica.