Una madre hondureña, identificada como Ms. Z, ha presentado una demanda a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) tras ser arrestada junto a sus dos hijos, uno de ellos un niño de seis años con leucemia, en un tribunal de inmigración en Los Ángeles.
La familia, que huyó de Honduras por amenazas de muerte, lleva semanas detenida en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, Texas, en condiciones que, según la demanda, están afectando gravemente la salud del menor. Este caso, que se cree es el primero en involucrar a niños para cuestionar la política de arrestos en tribunales de la administración Trump, ha generado indignación por lo que los abogados describen como una violación de los derechos constitucionales de la familia. Aquí te contamos los detalles de esta demanda a ICE y por qué está causando tanto revuelo.
La familia ingresó legalmente a Estados Unidos en octubre de 2024 a través de la aplicación CBP One, un sistema que permitía a los solicitantes de asilo programar citas en la frontera. Tras ser evaluados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se determinó que no representaban un riesgo para la comunidad, y fueron liberados para vivir con la madre de Ms. Z mientras continuaban su proceso de asilo. Sin embargo, el 29 de mayo de 2025, durante una audiencia en Los Ángeles, su caso fue desestimado abruptamente. Al salir del tribunal, agentes de ICE vestidos de civil los arrestaron sin previo aviso, según la demanda presentada por el Texas Civil Rights Project.
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Un niño con leucemia en riesgo
El niño de seis años, diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda a los tres años, había completado dos años de tratamiento exitoso en Honduras, pero requiere monitoreo constante para evitar una recaída. Desde su detención, el menor ha mostrado síntomas preocupantes, como pérdida de apetito, moretones fáciles, dolor óseo y palidez, todos indicativos de un posible deterioro de su condición, según la demanda. La madre, desesperada, teme que su hijo no esté recibiendo la atención médica adecuada en el centro de Dilley. La familia asegura que el niño perdió una cita médica crucial el 5 de junio debido a su reclusión.
La demanda a ICE alega que las condiciones en el centro de detención están causando un impacto devastador en la salud física y mental de los niños. La hermana de nueve años también está afectada, con reportes de que ambos menores lloran todas las noches y rezan por su liberación. Los abogados, incluyendo a Elora Mukherjee de la Facultad de Derecho de Columbia, argumentan que la detención es ilegal y viola los derechos de la familia bajo la Cuarta Enmienda (protección contra arrestos irrazonables) y la Quinta Enmienda (debido proceso). “El gobierno no puede detener a personas que están cumpliendo exactamente con lo que se les pidió”, afirmó Mukherjee.
Polémica por arrestos en tribunales
El arresto de la familia forma parte de una campaña más amplia de la administración Trump para acelerar las deportaciones, según la demanda. Los agentes de ICE han intensificado los arrestos en tribunales de inmigración, una práctica que los abogados califican como “sin precedentes”.
La familia fue puesta en un proceso de remoción acelerada, lo que los pone en riesgo de ser deportados en cuestión de días, a pesar de haber apelado la decisión del juez de inmigración. La demanda busca la liberación inmediata de la familia, argumentando que no son un riesgo de fuga ni un peligro para la sociedad, como el propio DHS determinó al permitirles entrar al país.
Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS, defendió las acciones de ICE, asegurando que “en ningún momento se les niega atención médica de emergencia a los detenidos”. Según McLaughlin, el niño ha sido atendido regularmente por personal médico en Dilley y no ha necesitado quimioterapia en más de un año. Sin embargo, los abogados de la familia insisten en que la falta de monitoreo especializado y las condiciones del centro están poniendo en peligro la vida del menor.
Un caso que marca precedente
Este caso ha puesto los reflectores sobre el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, que reabrió en marzo de 2025 para detener a familias migrantes, revirtiendo una política de la administración Biden que había cerrado estas instalaciones. Operado por la empresa privada CoreCivic, el centro tiene capacidad para 2,400 personas y ha sido criticado por su historial de condiciones inadecuadas, incluyendo reportes de agua contaminada y atención médica deficiente en el pasado. La demanda a ICE no solo busca la liberación de Ms. Z y sus hijos, sino también cuestiona la legalidad de arrestar a familias que cumplen con los procesos migratorios.
Organizaciones como el Texas Civil Rights Project y RAICES han condenado la detención de familias, especialmente de niños con condiciones médicas graves. Kate Gibson Kumar, abogada de la familia, señaló: “¿Debería haber alguna protección para familias que hacen todo correctamente, especialmente con niños pequeños? Nosotros decimos que sí”. Mientras el gobierno tiene hasta el 1 de julio para responder a la demanda, el caso sigue generando debate sobre las políticas de detención de la administración Trump y el impacto humano de estas medidas.