Legisladores demócratas del Congreso de Estados Unidos, miembros del Caucus Hispano (CHC), denunciaron este jueves las condiciones “crueles e inhumanas” que enfrentan los migrantes detenidos en centros gestionados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Según afirmaron, estas prácticas representan un trato a migrantes bajo custodia federal que vulnera los derechos fundamentales de los detenidos.
Durante una rueda de prensa en el Capitolio, los congresistas, encabezados por el líder del CHC, Adriano Espaillat, y la representante Nydia Velázquez (D-NY), exigieron que se investigue lo que consideran un sistema punitivo con fines de lucro. Las declaraciones se dieron luego de realizar visitas no anunciadas a instalaciones migratorias en distintos estados.
Trato a migrantes bajo custodia federal es comparado con “cárceles privadas”
“Lo que vimos fueron cárceles privadas disfrazadas de centros de detención. Lugares donde el trato a migrantes bajo custodia federal no solo es indigno, sino ilegal”, declaró Velázquez. La congresista criticó que muchos de estos centros están gestionados por empresas que obtienen ganancias a costa de la detención prolongada de personas que, en su mayoría, no han cometido ningún delito.
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En una de las visitas, la congresista Sylvia García (D-TX) informó que en un centro de detención en Houston había aproximadamente 800 migrantes detenidos, de los cuales solo diez tenían antecedentes penales. “Estamos hablando de familias, residentes legales, incluso cónyuges de ciudadanos estadounidenses que están siendo capturados sin orden judicial, sin abogado, sin proceso legal adecuado”, afirmó.
Vista de una cárcel para migrantes operativa desde el primer Gobierno de Donald Trump, en Otay Mesa en San Diego, California. Foto:David Maung/EFE
García también cuestionó la transformación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en una supuesta “unidad policial secreta” que, según testimonios, utiliza tácticas de emboscada para detener a personas en paradas de autobús, supermercados o juzgados locales. “No se trata solo de inmigración. Se trata de si permitimos que el gobierno opere al margen de la ley”, remarcó.
Legisladores revelan testimonios sobre el trato a migrantes bajo custodia federal
Los legisladores señalaron que muchos migrantes entrevistados se encontraban bajo detención indefinida, algunos con órdenes de deportación vencidas que no han sido ejecutadas por razones burocráticas. Tal es el caso de una ciudadana rusa que, según los congresistas, debió ser deportada hace más de un año, pero continúa en el centro de detención sin explicación clara.
Además de la privación de libertad, denunciaron graves deficiencias médicas, falta de acceso a servicios legales y condiciones de hacinamiento. “Hay personas con enfermedades crónicas que no reciben atención. Hay mujeres embarazadas sin seguimiento médico y niños en espacios sin ventilación adecuada”, aseguró Espaillat.
Actualmente, cerca de 50,000 personas están bajo custodia del ICE, y más de 12,000 se encuentran en centros ubicados en Texas. Esta cifra preocupa a los legisladores, especialmente porque muchas de esas personas tienen vínculos con comunidades locales, empleos estables o solicitudes de asilo en proceso.
Foto: Giorgio Viera/EFE
Nydia Velázquez también criticó el desbalance presupuestario del sistema migratorio. “Gastamos 3,400 millones de dólares al año en encarcelar inmigrantes, mientras que solo destinamos 840 millones para fortalecer el sistema judicial migratorio. Esto significa que invertimos más en detenerlos que en permitirles defenderse”, subrayó.
El trato a migrantes bajo custodia federal será llevado a las cortes
Ante esta situación, el Caucus Hispano del Congreso adelantó que emprenderá acciones legales para bloquear algunas de las políticas migratorias de la actual administración. Aseguran que las recientes órdenes ejecutivas emitidas por el expresidente Donald Trump —quien lidera las encuestas republicanas para 2026— reactivan una política de tolerancia cero que ya fue duramente criticada en el pasado.
La congresista García señaló que ya están trabajando en coordinación con organizaciones como la ACLU y Human Rights Watch para documentar casos de abusos, especialmente los que involucran a menores de edad. “Ningún niño debería ser arrancado de su familia sin explicación. El trato a migrantes bajo custodia federal debe ajustarse al debido proceso, al derecho humanitario y a los estándares internacionales”, afirmó.
Los legisladores dejaron en claro que no permitirán que este tipo de prácticas se normalicen. “Nos enfrentamos a un sistema que castiga a las personas por su estatus migratorio. Esto no es justicia, es una industria del encierro”, concluyó Espaillat.