La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha denunciado la desaparición de 48 personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nuevo México. Las detenciones se llevaron a cabo a principios de marzo en las ciudades de Albuquerque, Roswell y Santa Fe, como parte de una operación de una semana que finalizó el 8 de marzo.
Falta de información sobre los detenidos por ICE
Según la ACLU, ICE no ha proporcionado detalles sobre la identidad, el paradero o las condiciones de detención de los 48 inmigrantes detenidos. Rebecca Sheff, abogada principal de la ACLU en Nuevo México, expresó su preocupación por la ausencia de comunicación con las familias y la imposibilidad de localizar a los arrestados. «Las desapariciones forzadas están prohibidas tanto por nuestra constitución como por las normas internacionales de derechos humanos», afirmó Sheff.
ACLU presenta queja formal contra ICE
Ante la falta de información, la ACLU presentó una queja formal ante la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional. La organización exige una investigación exhaustiva sobre el paradero y el bienestar de los detenidos, así como garantías de que se respeten sus derechos humanos y legales.
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Respuesta de ICE y antecedentes de los detenidos
ICE reconoció los arrestos, indicando que 21 de los detenidos tenían órdenes de deportación definitivas y que otros enfrentaban cargos o condenas por delitos graves, incluyendo homicidio, delitos sexuales, robo y agresión. Sin embargo, la agencia no ha proporcionado detalles específicos sobre las identidades, condiciones de detención o posibles deportaciones de los involucrados, lo que ha incrementado las preocupaciones sobre la transparencia y el debido proceso.
Preocupaciones sobre la transparencia en las detenciones de ICE
La falta de información detallada por parte de ICE ha generado inquietud entre las organizaciones de derechos civiles. La práctica de trasladar a los detenidos a instalaciones en áreas rurales, lejos de sus lugares de arresto o residencia, dificulta el seguimiento y la comunicación con familiares y abogados. Aunque ICE cuenta con un sistema de localización en línea, este requiere información específica del detenido, lo que complica su uso sin datos proporcionados por la agencia.
Llamado a la acción por parte de organizaciones civiles
En respuesta a la situación, la ACLU y otras organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han instado a los legisladores de Nuevo México a aprobar leyes que restrinjan la colaboración entre las autoridades locales y ICE. Proponen la Ley de Seguridad de los Inmigrantes, que buscaría prohibir que las agencias estatales utilicen recursos para hacer cumplir las normas federales de inmigración, dificultando así las operaciones de ICE en la región.
Contexto de las políticas migratorias actuales
La situación en Nuevo México coincide con la reanudación de las detenciones de familias migrantes bajo la Administración Trump, una estrategia que ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos. Además, la Administración ha incrementado la capacidad de los centros de detención para acelerar las deportaciones, lo que ha generado preocupaciones sobre las condiciones en que se encuentran los migrantes detenidos y el respeto a sus derechos fundamentales.
Impacto en las comunidades locales
Las acciones de ICE y la falta de transparencia en los procedimientos afectan directamente a las comunidades locales. Familias enteras quedan en la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos, generando miedo y desconfianza hacia las autoridades. Además, la ausencia de información dificulta la provisión de asistencia legal adecuada a los detenidos, vulnerando su derecho a una defensa justa.
Reacciones de líderes comunitarios y políticos
Líderes comunitarios y algunos políticos locales han expresado su preocupación por las tácticas utilizadas por ICE y la aparente falta de supervisión en las detenciones. Han llamado a una mayor transparencia y responsabilidad por parte de las agencias federales, enfatizando la necesidad de proteger los derechos humanos y garantizar que las políticas de inmigración se implementen de manera justa y equitativa.