Las deportaciones denegadas marcaron un nuevo capítulo en la política migratoria de Donald Trump este viernes 16 de mayo, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó su intento de usar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a migrantes. La decisión, que llegó tras una apelación de la Casa Blanca, ordena al gobierno garantizar el debido proceso a los migrantes, un principio que los jueces consideraron fundamental. El fallo representa un revés significativo para la administración Trump, que ha intensificado su campaña de deportaciones masivas desde que asumió el cargo en enero, enfocándose en comunidades de inmigrantes venezolanos y otras nacionalidades.
La controversia comenzó en marzo, cuando Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar la deportación de más de 200 venezolanos, muchos de los cuales fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, una megacárcel conocida por sus duras condiciones.
El gobierno alegó que los deportados eran miembros del Tren de Aragua, una pandilla venezolana, pero organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) denunciaron que no se presentaron pruebas sólidas de afiliación criminal y que muchos de los afectados carecían de antecedentes penales. La Corte Suprema, en su fallo, subrayó que el uso de esta ley de la era de la guerra para acelerar deportaciones violaba los derechos constitucionales al debido proceso.
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La postura de la Corte Suprema
El fallo de la Corte Suprema no solo detuvo las deportaciones denegadas bajo esta ley, sino que también envió un mensaje claro al gobierno de Trump sobre los límites de su autoridad en temas migratorios. Los jueces, en una decisión mayoritaria, ordenaron que los migrantes tengan la oportunidad de desafiar su deportación, especialmente aquellos que enfrentan riesgos en sus países de origen. Este mandato se alinea con decisiones previas de jueces federales, como la del juez James Boasberg en Washington D.C., quien en marzo detuvo temporalmente la deportación de venezolanos al considerar que el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros era injustificado sin un conflicto bélico declarado.
La administración Trump, sin embargo, ha defendido su estrategia. En abril, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó que había deportado a 139,000 inmigrantes desde que Trump asumió el cargo, aunque las cifras están lejos de su meta de un millón anual. La Casa Blanca ha argumentado que las deportaciones son esenciales para la seguridad nacional, pero el reciente fallo complica los planes de expansión que incluyen acuerdos con países como El Salvador y Colombia para recibir deportados. Estos acuerdos, según el DHS, buscan disuadir la migración irregular, pero han sido criticados por grupos de derechos humanos por las condiciones en las que los migrantes son retenidos.
Impacto en las comunidades migrantes
Las deportaciones denegadas han traído un alivio temporal a las comunidades migrantes, pero también han generado incertidumbre. En estados como California y Florida, donde residen grandes poblaciones de inmigrantes venezolanos, las protestas han sido frecuentes desde que comenzaron las deportaciones en marzo. Organizaciones locales han reportado un aumento en la demanda de asistencia legal, ya que muchos migrantes temen ser blanco de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En abril, el DHS amplió su capacidad de detención de 41,500 a 54,500 camas, lo que ha intensificado el temor entre los inmigrantes.
El caso de Kilmar Abrego García, un venezolano deportado erróneamente a El Salvador a pesar de una orden judicial que lo protegía, ha sido emblemático. Su esposa, Jennifer Vásquez Sura, ha liderado manifestaciones exigiendo su regreso, y la Corte Suprema ordenó en abril que el gobierno facilite su retorno, aunque hasta ahora no se ha cumplido. Este incidente, junto con otros reportados por la ACLU, ha puesto en evidencia las fallas en el proceso de deportación, incluyendo la detención de ciudadanos estadounidenses por error y la falta de pruebas en las acusaciones de afiliación a pandillas.
¿Qué sigue para la política de Trump?
A pesar de las deportaciones denegadas, Trump ha insistido en continuar su campaña migratoria. El 10 de mayo, ordenó al DHS sumar 20,000 agentes para reforzar las deportaciones, y ha promovido iniciativas como el «Proyecto Homecoming», que ofrece un incentivo de 1,000 dólares y vuelos gratuitos para que los inmigrantes se autodeporten. Sin embargo, el rechazo judicial a sus métodos más agresivos podría forzar un cambio de estrategia, especialmente en un contexto donde el apoyo público a sus políticas ha disminuido. Una encuesta reciente mostró que un 52% de los estadounidenses considera que las deportaciones de Trump han ido demasiado lejos.
La administración también enfrenta desafíos logísticos. Países como Colombia han mostrado resistencia a aceptar deportados, y el acuerdo con El Salvador ha sido objeto de críticas por las condiciones en el CECOT. Mientras tanto, el DHS planea seguir utilizando herramientas como la remoción expedita para acelerar las deportaciones, aunque estas medidas también están bajo escrutinio legal. La tensión entre el poder judicial y el Ejecutivo sigue marcando el rumbo de la política migratoria en Estados Unidos.