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Inmigrantes en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en siete estados reportan hambre extrema, alimentos en mal estado y peleas por raciones insuficientes, generando 9.6 millones de interacciones en redes sociales. Por lo tanto, las denuncias, respaldadas por grupos defensores, señalan condiciones inhumanas en medio del hacinamiento impulsado por las políticas del presidente Donald Trump. En consecuencia, con 57,000 detenidos en julio de 2025, un 45% por encima de la capacidad financiada por el Congreso, los centros enfrentan problemas logísticos. Además, la reciente disolución de un organismo de supervisión dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) limita las quejas de los detenidos.
Hacinamiento y escasez alimentaria
ICE reportó 57,000 detenidos en 141 centros a nivel nacional en julio, frente a una capacidad financiada de 41,500 camas, según datos del DHS. Por su parte, el aumento de detenciones, con 320,000 arrestos en 2025, ha colapsado instalaciones como el Golden State Annex en California, donde Alfredo Parada Calderón describió raciones de carne “como piedrecitas” de pocas onzas. En consecuencia, abogados como Jennifer Norris reportan quejas de alimentos mohosos y “incomibles” en múltiples centros. Sin embargo, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, negó las acusaciones, asegurando que las comidas cumplen con estándares de 2,400 a 2,600 calorías diarias.
Condiciones deterioradas y violencia
En el Centro Correccional Winn en Louisiana, el inmigrante ruso Ilia Chernov denunció raciones cada vez más pequeñas, perdiendo peso tras meses de detención. Por su parte, una pelea en Delaney Hall, Nueva Jersey, en junio, fue atribuida a “comidas miserables” servidas a horas irregulares, según abogados citados por The New York Times. En consecuencia, la abogada Liliana Chumpitasi, de La Resistencia, recibe hasta 20 llamadas diarias de detenidos que reportan desayunos servidos a las 9:00 a. m. y cenas a medianoche, violando las normas de ICE que exigen no más de 14 horas entre comidas. Además, el 70% de los detenidos reporta hambre crónica, según la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.
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Problemas de seguridad alimentaria
En el Northwest ICE Processing Center en Tacoma, Washington, se detectaron siete infracciones alimentarias en 2025, frente a dos en 2024, según el Departamento de Salud del condado de Tacoma-Pierce. Por lo tanto, un brote en abril, que afectó a 57 detenidos con síntomas de intoxicación por Bacillus cereus en col recalentada, evidenció fallos en la manipulación de alimentos. En consecuencia, inspecciones sorpresivas encontraron prácticas inadecuadas, corregidas tras intervención del departamento. Sin embargo, McLaughlin afirmó que no hay pruebas concluyentes que vinculen los alimentos con las enfermedades, contradiciendo los hallazgos del condado.
Impacto de las políticas de Trump
Las detenciones masivas, intensificadas tras la orden ejecutiva de Trump en enero de 2025 que cerró la frontera sur, han sobrecargado los centros de ICE. Por su parte, el Congreso aprobó 45,000 millones de dólares para expandir la capacidad a 116,000 camas hasta 2029, según el Consejo Estadounidense de Inmigración. En consecuencia, un exfuncionario de ICE señaló que los fondos no llegan a tiempo para cubrir aumentos repentinos de detenidos, afectando la provisión de alimentos. Además, la disolución de la Oficina del Defensor del Inmigrante Detenido en marzo eliminó un canal clave para quejas, dejando a los detenidos con menos recursos para denunciar abusos.
Voces de los afectados
Rubimar, cuyo esposo José fue deportado desde El Paso, Texas, relató que los detenidos recibían “dos cucharadas de arroz” o bolsas de atún como comida. Por su parte, Vanessa Dojaquez-Torres, de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, reportó una docena de quejas recientes sobre raciones insuficientes y largos períodos sin alimento. En consecuencia, Karla Gilbride, de Public Citizen, criticó el cierre de la oficina de supervisión, que impedía abusos en cocinas y condiciones generales. Pese a todo, el DHS insiste en que está contratando personal para reactivar la oficina, aunque los detenidos reportan un aumento del 30% en quejas ignoradas desde su cierre.