El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado el despliegue de cientos de agentes federales adicionales para intensificar los arrestos de inmigrantes indocumentados en diversas ciudades del país. La medida, según confirmaron fuentes con conocimiento directo de la planificación, incluye la movilización de agentes de la Patrulla Fronteriza y el apoyo de unidades de la Guardia Nacional en estados que han autorizado su participación.
Esta nueva ofensiva se alinea con el compromiso del mandatario de ejecutar deportaciones masivas como parte central de su agenda migratoria. La Casa Blanca considera que la situación en la frontera sur está lo suficientemente controlada como para destinar recursos hacia la aplicación de leyes migratorias dentro del territorio nacional.
Funcionarios cercanos a la administración indicaron que el objetivo es superar las limitaciones logísticas y presupuestarias que han enfrentado gobiernos anteriores en esta materia. La presión sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para mostrar resultados concretos ha llevado a buscar refuerzos de otras agencias federales.
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La Guardia Nacional y la Patrulla Fronteriza refuerzan los arrestos de inmigrantes indocumentados
Aunque la misión principal de la Patrulla Fronteriza es la vigilancia de las fronteras, ahora sus agentes serán desplegados en ciudades del interior del país, asumiendo un rol más activo en los arrestos de inmigrantes indocumentados. Esta decisión marca un giro en la política migratoria de la administración Trump y refuerza el mensaje de que el gobierno federal actuará con firmeza en todo el territorio nacional.
A esta movilización se suma la participación de unidades de la Guardia Nacional. Si bien no tienen autoridad para realizar arrestos, su función será brindar apoyo operativo en el terreno y seguridad a los equipos de ICE, en lo que se denomina “protección de la fuerza”.
En Texas, por ejemplo, la Guardia Nacional ya ha firmado un memorando con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que les otorga autoridad migratoria bajo supervisión federal. Este tipo de acuerdos busca maximizar el impacto de las operaciones al integrar recursos estatales en la aplicación de leyes migratorias federales.
Fotografía de archivo fechada el 25 de febrero de 2013 que muestra agentes de la patrulla fronteriza mientras detienen a presuntos inmigrantes ilegales en un costado del Río Grande cerca de McAllen, Texas (EE.UU.). EFE/Larry W. Smith
Ciudades santuario, en la mira de los arrestos de inmigrantes indocumentados
Según una fuente del Departamento de Justicia, el gobierno ha identificado al menos 25 ciudades como prioridad en esta nueva fase de operaciones. Muchas de ellas son consideradas “ciudades santuario”, donde las autoridades locales limitan la cooperación con agentes federales de inmigración. La Casa Blanca ha criticado estas políticas, argumentando que crean entornos donde los inmigrantes sin documentos pueden eludir la ley.
El Departamento de Justicia ha ordenado que los agentes federales en esas ciudades —incluidos miembros del FBI, la ATF, la DEA y el Servicio de Alguaciles— concentren parte importante de su trabajo en apoyar la búsqueda y detención de inmigrantes indocumentados.
De acuerdo con la planificación, los agentes del FBI asumirán alrededor del 45 % del esfuerzo federal en esta operación. Algunos de ellos, incluso, podrían dedicar hasta un tercio de su tiempo a labores directamente relacionadas con inmigración.
La medida ha generado cuestionamientos entre sectores judiciales, que temen que se descuiden otras prioridades del sistema de justicia federal, como los casos de corrupción o delitos financieros.
Vista de inmigrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos durante un operativo en la frontera con México, en una fotografía de archivo. EFE/Allison Dinner
Acceso a datos fiscales y nuevas estrategias
En paralelo al despliegue de fuerzas federales, un juez federal autorizó recientemente al gobierno a utilizar información fiscal proporcionada por inmigrantes al Servicio de Impuestos Internos (IRS) para facilitar su identificación y posterior deportación. Esta resolución abre la puerta a que ICE tenga acceso a bases de datos que antes estaban protegidas, lo que podría ampliar significativamente la capacidad de localizar a personas indocumentadas.
Organizaciones defensoras de los derechos civiles advierten que esta práctica podría disuadir a inmigrantes de cumplir con sus obligaciones fiscales, al temer que sus datos sean utilizados para su detención.
Además, la administración Trump ha dado luz verde a gobernadores aliados para activar nuevas órdenes ejecutivas con el fin de involucrar directamente a sus estados en tareas migratorias. En algunos casos, estas órdenes permiten a la Guardia Nacional operar como “multiplicador de fuerza”, aunque siempre bajo un rol de apoyo y sin funciones de arresto directo.
Según cifras oficiales, ICE cuenta actualmente con recursos para unas 40.000 camas de detención y cerca de 6.000 agentes en campo. Esta capacidad es limitada frente a la escala de la operación impulsada desde la Casa Blanca, por lo que el apoyo de otras agencias resulta clave.
Aumento de presión en el sistema judicial
La administración también ha presionado al Departamento de Justicia para priorizar casos relacionados con inmigración por encima de otras investigaciones en curso. Según fuentes cercanas, algunas divisiones han recibido instrucciones para relegar temporalmente procesos por delitos de cuello blanco y redirigir esfuerzos hacia la identificación de facilitadores de redes migratorias irregulares.
El lunes pasado, Matthew Galeotti, jefe de la División Penal del Departamento de Justicia, anunció nuevas directrices que refuerzan el compromiso de la fiscal general Pam Bondi de enfocarse en “facilitadores financieros del crimen transnacional”, lo que incluye a quienes contratan o protegen a inmigrantes indocumentados.