Enfermedades y violencia: alarmas en centro migratorio de EE.UU.
Una nueva crisis humanitaria se desató en un centro migratorio improvisado por autoridades de Estados Unidos en la base naval de Yibuti, donde al menos ocho migrantes permanecen retenidos en un contenedor metálico adaptado, en condiciones que han sido calificadas de “inhumanas” por activistas y funcionarios judiciales. Los detenidos, originalmente destinados a ser deportados a Sudán del Sur, enfrentan temperaturas extremas, exposición constante a humo tóxico y un riesgo latente de ataques con cohetes, según revelaron documentos judiciales presentados este jueves.
La situación ha generado alarma dentro y fuera del país, y ya ha sido motivo de debate entre miembros del Congreso, mientras la administración del presidente Donald Trump sostiene que las condiciones son producto de obstáculos legales que impiden ejecutar las deportaciones con rapidez.
Detenciones prolongadas y sin comunicación con abogados
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Los migrantes afectados —procedentes de países como Cuba y Vietnam— fueron trasladados en un vuelo de deportación que debía aterrizar en Sudán del Sur. Sin embargo, tras una orden del juez federal Brian E. Murphy, con sede en Boston, el avión fue desviado a Yibuti, a más de 1.600 kilómetros de su destino original.
El magistrado señaló que el gobierno había violado una orden judicial previa al intentar deportar rápidamente a personas que no eran originarias del país receptor, sin darles la oportunidad de expresar sus temores ante posibles represalias o persecución. Desde entonces, los migrantes permanecen retenidos sin acceso adecuado a representación legal.
“Hasta ahora no hemos podido comunicarnos directamente con nuestros representados”, afirmó Robyn Barnard, directora de defensa de refugiados en Human Rights First, quien testificó en una audiencia organizada por legisladores demócratas. Algunos familiares lograron hablar brevemente con los detenidos el jueves, según informó la organización.
Riesgos para la salud y el personal de ICE
Los testimonios oficiales recogidos en los documentos judiciales revelan un escenario de emergencia sanitaria. Los detenidos están alojados en un contenedor metálico adaptado como sala de conferencias, sin aire acondicionado ni ventilación adecuada, bajo temperaturas superiores a los 38 °C.
A pocos metros del lugar, fosas de incineración activas emiten humo denso proveniente de la quema de basura y desechos humanos. El aire contaminado ha provocado síntomas respiratorios tanto en los migrantes como en los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que los custodian.
Además, varios de los detenidos no han recibido su medicación regular y los agentes de ICE no completaron el tratamiento antimalárico antes de aterrizar, aumentando los riesgos de infecciones. “No se sabe cuánto durarán los suministros médicos”, advirtió Mellissa B. Harper, subdirectora ejecutiva adjunta de operaciones de cumplimiento y remoción del ICE.
Amenazas de seguridad y falta de protección
A los problemas de salud se suman las amenazas a la seguridad. Según los documentos, el grupo permanece sin el equipo de protección necesario ante un posible ataque con cohetes, un escenario que no es improbable dada la proximidad de grupos armados en Yemen, según advirtió el Departamento de Defensa. La ubicación de la base y su exposición a riesgos externos ha intensificado las preocupaciones por la integridad física de los migrantes y del personal estadounidense.
Contexto: la ofensiva migratoria del gobierno de Trump
El caso se desarrolla en un contexto de endurecimiento de la política migratoria por parte del gobierno del presidente Donald Trump, quien ha reiterado su compromiso de deportar a millones de personas que viven sin autorización en el país.
Los ocho migrantes detenidos han sido previamente condenados por delitos graves en Estados Unidos, lo que ha dificultado su repatriación a sus países de origen. Ante la imposibilidad de concretar esas expulsiones, el gobierno buscó enviarlos a terceros países. Sin embargo, la decisión fue bloqueada por el juez Murphy, quien remarcó que cualquier persona detenida tiene derecho a presentar temores creíbles antes de ser deportada.
Mientras tanto, el Departamento de Justicia apeló directamente a la Corte Suprema para que autorice la reanudación inmediata de las deportaciones a países terceros, sin importar el origen de los migrantes. La batalla legal continúa, mientras las condiciones en la base de Yibuti siguen deteriorándose.