Familia inmigrante arrestada por 20 agentes en San Diego
El 18 de junio de 2025, una familia inmigrante de cuatro miembros fue arrestada violentamente por 20 agentes federales en su hogar en San Diego, California, en un operativo que ha generado indignación en la comunidad latina. Los padres, Arnoldo Robles y Angélica Ortega, permanecen detenidos, mientras sus hijos, ciudadanos estadounidenses, fueron liberados. El caso destaca la intensificación de las redadas migratorias bajo la administración del presidente Donald Trump.
Violento operativo en San Diego
A las 6:00 a.m., agentes de ICE irrumpieron en la vivienda de la familia Robles-Ortega, ubicada en el vecindario de Logan Heights. Equipados con rifles de asalto y equipo táctico, los agentes rompieron ventanas y usaron granadas aturdidoras, según Kevin Robles, de 19 años. “Llegaron quebrando todo, apuntándonos con rifles y luces”, relató. Videos grabados por vecinos muestran el despliegue masivo, descrito como desproporcionado para una familia sin antecedentes violentos. En 2024, San Diego registró 3,200 detenciones de ICE, un aumento del 25% respecto a 2023, según el Departamento de Seguridad Nacional.
Detención y cargos
Arnoldo Robles enfrenta un cargo federal por reingreso ilegal tras una deportación previa, según registros judiciales. Condenado en 2023 por conducir bajo la influencia, permanece en custodia federal. Angélica Ortega está recluida en el Centro de Detención de Otay Mesa, donde 1,800 inmigrantes están detenidos. Kevin y su hermana Raquel, ciudadanos estadounidenses, fueron liberados tras horas de interrogatorio. “Nos trataron como criminales, me mandaron a callar”, dijo Kevin, quien denunció el uso de lenguaje agresivo por parte de los agentes.
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En 2025, el 60% de las detenciones de ICE en California involucraron a personas con delitos menores, según el American Immigration Council, lo que cuestiona la priorización de recursos en casos como este.
Condiciones en Otay Mesa
El Centro de Otay Mesa ha sido criticado por condiciones inhumanas. Un informe de 2024 de Human Rights Watch documentó hacinamiento, atención médica deficiente y alimentos inadecuados. Angélica, que padece hipertensión, no ha recibido atención adecuada, según la familia. En X, hashtags como #LiberenALosRobles han ganado tracción, con 5,000 publicaciones exigiendo la liberación de los padres. La comunidad latina, que representa el 34% de la población de San Diego, planea una protesta el 30 de junio frente al centro.
En 2024, Otay Mesa reportó tres muertes bajo custodia, lo que intensifica las preocupaciones sobre la seguridad de los detenidos. La audiencia de deportación de Angélica está programada para el 15 de julio.
Impacto en la familia
Kevin y Raquel, de 19 y 17 años, enfrentan incertidumbre tras la detención de sus padres. “Mi papá nos dijo que fuéramos fuertes, pero es duro”, confesó Kevin. La familia dependía de los ingresos de Arnoldo, un trabajador de la construcción, y ahora lucha económicamente. Organizaciones como la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de San Diego han recaudado $8,000 para gastos legales. Iglesias locales, como la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, ofrecen apoyo emocional a los hermanos.
En California, el 20% de los niños tienen un progenitor detenido por ICE, según el Migration Policy Institute, lo que agrava el impacto psicológico en comunidades inmigrantes.
Contexto político
La redada refleja la política migratoria de Trump, quien ha prometido deportar a 11 millones de indocumentados. En junio de 2025, ICE reportó 1,200 detenciones diarias, un récord desde 2017. El senador demócrata Alex Padilla criticó las tácticas de ICE como “deshumanizantes”, mientras el republicano Darrell Issa defendió las redadas, argumentando que “las leyes deben cumplirse”. La administración Trump ha destinado $8,700 millones al presupuesto de ICE en 2025, un aumento del 15% respecto a 2024.
La comunidad latina de San Diego, con 1.2 millones de personas, ha organizado vigilias, exigiendo reformas migratorias. El caso de los Robles-Ortega se suma a otros, como la detención de una enfermera hondureña en Georgia, que han avivado el debate sobre las políticas de deportación.
Respuesta comunitaria
Grupos como Alliance San Diego han pedido al DHS revisar el caso, destacando que Arnoldo y Angélica son padres de ciudadanos estadounidenses. “Esta familia no es una amenaza”, afirmó un portavoz. El Consulado de México en San Diego ofrece asistencia legal, mientras el senador estatal Steve Glazer propuso legislación para limitar redadas en hogares. La indignación en X refleja un creciente rechazo a las tácticas de ICE, con 10,000 usuarios pidiendo el cierre de Otay Mesa.