Una delegación conformada por familiares de deportados y representantes de derechos humanos llegó esta semana a El Salvador para exigir información sobre la situación legal y física de más de 250 ciudadanos venezolanos, enviados al país centroamericano por las autoridades migratorias de Estados Unidos.
Estas personas están recluidas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad construida por el gobierno de Nayib Bukele y destinada, originalmente, a miembros de pandillas. La prisión, ubicada en Tecoluca, es considerada una de las más severas de América Latina.
El grupo de familiares de deportados está encabezado por Jhoanna Sanguino, tía de uno de los reclusos, Widmer Agelvis Sanguino; Reina Cárdenas, abogada amiga de la familia de otro detenido, Andy Hernández; y Walter Márquez, directivo de la fundación venezolana El Amparo Internacional.
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Los familiares aseguran que no han tenido ningún tipo de contacto con sus seres queridos desde que fueron deportados entre marzo y abril de 2025. Exigen al gobierno de El Salvador conocer su estado de salud, situación legal y condiciones de detención.
“Solicitamos un derecho básico: ver a nuestros familiares y saber si están vivos”, dijo Márquez en una rueda de prensa. “Sabemos que Estados Unidos los trajo a El Salvador, pero no hay fe de vida. No conocemos su realidad actual”.
Familiares de deportados rechazan acusaciones de vínculos con el Tren de Aragua
Estados Unidos deportó a los 252 venezolanos bajo el argumento de que eran miembros del Tren de Aragua, una organización criminal transnacional que fue catalogada como grupo terrorista por el presidente Donald Trump en febrero de 2025.
El acuerdo entre el gobierno estadounidense y El Salvador permitió que estos migrantes fueran recluidos directamente en el CECOT, sin pasar por un proceso judicial ordinario en ninguno de los dos países.
Llegada de supuestos miembros de bandas criminales al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Foto: EFE/Presidencia de El Salvador
Sin embargo, los familiares de deportados niegan rotundamente que sus parientes estén relacionados con actividades delictivas. Denuncian que las deportaciones se hicieron sin pruebas y sin notificación formal.
“Hasta ahora no existen expedientes judiciales que vinculen a nuestros compatriotas con ningún crimen. No hay ni un documento que demuestre su culpabilidad”, denunció Márquez.
Organizaciones como Human Rights Watch han advertido que este tipo de operativos pueden constituir detenciones arbitrarias e incluso desapariciones forzadas. El silencio de las autoridades salvadoreñas, que hasta ahora no han publicado una lista oficial de detenidos, refuerza estas preocupaciones.
De momento, sólo se conocen los nombres de 30 de los deportados gracias a una acción legal impulsada por un grupo de abogados salvadoreños, que presentaron un recurso de hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia. El objetivo del recurso es verificar si la privación de libertad tiene sustento legal. Sin embargo, la Corte aún no ha emitido respuesta.
Familiares de deportados exigen acceso legal y atención médica para los venezolanos
Además de pedir acceso para constatar el estado físico y mental de los reclusos, los familiares de deportados solicitan que se respeten los derechos legales de los ciudadanos venezolanos encarcelados.
“Nadie sabe si están recibiendo atención médica. Nadie ha podido verificar si están siendo procesados o simplemente están recluidos sin cargos formales”, afirmó Reina Cárdenas.
Personas muestran pancartas a favor de migrantes venezolanos detenidos en El Salvador. EFE/Rodrigo Sura
El Centro de Confinamiento del Terrorismo fue inaugurado en 2023 y cuenta con capacidad para 40,000 reclusos. Desde su apertura, ha recibido críticas por violaciones a derechos humanos, condiciones inhumanas de encierro, aislamiento extremo y falta de acceso a abogados.
En este caso, la situación se agrava porque las familias están en el extranjero, sin posibilidad de comunicarse con sus allegados ni de saber si están vivos. La mayoría de los deportados eran solicitantes de asilo en EE.UU., y sus casos no llegaron a concluirse ante un juez migratorio.
El gobierno de Bukele, por su parte, no ha emitido declaraciones sobre las demandas de los familiares. Tampoco ha confirmado cuántos venezolanos están actualmente detenidos en el CECOT, ni ha ofrecido detalles sobre su procesamiento judicial.
Estados Unidos tampoco ha respondido a los cuestionamientos sobre por qué estos migrantes fueron deportados a El Salvador en lugar de ser repatriados a Venezuela, ni ha publicado pruebas que demuestren su relación con el Tren de Aragua.
Crece la presión internacional sobre El Salvador por trato a familiares de deportados
El caso de los venezolanos recluidos en el CECOT ha encendido alertas entre organizaciones internacionales. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han solicitado transparencia y han advertido que El Salvador estaría incurriendo en posibles violaciones al derecho internacional humanitario si mantiene detenidas a personas sin debido proceso.
“Las deportaciones masivas sin juicio previo y las detenciones sin acceso legal representan una seria amenaza al estado de derecho”, expresó Tamara Taraciuk, directora para las Américas de Human Rights Watch.
En redes sociales, se han multiplicado las campañas exigiendo la liberación o, al menos, la presentación pública de los detenidos. La etiqueta #DóndeEstánLos252 se ha hecho viral entre activistas venezolanos y salvadoreños, que piden una respuesta concreta del gobierno salvadoreño.
Mientras tanto, los familiares de deportados planean permanecer en El Salvador el tiempo necesario para insistir en su demanda. Afirman que no se irán sin tener información directa y verificable de sus seres queridos.
“Exigimos humanidad. Exigimos justicia. Esto no es política, es una cuestión de derechos humanos”, concluyó Walter Márquez.