Un tribunal federal de apelaciones bloqueó este viernes la entrada en vigor de la controvertida ley antiinmigrante en Florida, conocida como SB 4-C, al considerar que su aplicación viola principios constitucionales. La medida, impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, buscaba criminalizar la migración irregular dentro del estado, pero ha sido duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos, abogados constitucionalistas y sectores de la comunidad latina.
El fallo, emitido por el Undécimo Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, representa un nuevo revés judicial para las políticas migratorias restrictivas del gobierno de Florida. La decisión fue tomada por unanimidad y rechazó la solicitud del fiscal general del estado, James Uthmeier, quien pretendía suspender la orden previa de un tribunal inferior que ya había frenado la implementación de la ley SB 4-C desde mayo.
¿Qué establece la ley antiinmigrante en Florida bloqueada por la Corte?
La ley antiinmigrante en Florida, aprobada en febrero de este año, permite arrestar y encarcelar a personas que hayan ingresado al país sin autorización oficial, incluso si posteriormente lograron regularizar su estatus migratorio y no han cometido ningún otro delito. Una de las disposiciones más polémicas es que obliga a mantener a estas personas en prisión preventiva sin considerar factores como arraigo, familia, trabajo o peligro de fuga.
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De acuerdo con la demanda presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), la Coalición de Inmigrantes de Florida, la Asociación de Trabajadores Agrícolas y otros colectivos, esta ley representa una violación a la supremacía de la ley federal sobre asuntos migratorios, y además infringe derechos constitucionales como el debido proceso y la igualdad ante la ley.
En sus argumentos, los demandantes sostuvieron que la norma criminaliza la mera presencia de personas indocumentadas en el estado, sin respetar los marcos legales federales que ya regulan esa situación. También advirtieron que su aplicación crearía un efecto paralizante en comunidades inmigrantes que temerían salir a trabajar, asistir a la escuela o buscar atención médica, por miedo a ser arrestadas.
El juez federal que bloqueó inicialmente la aplicación de la ley sostuvo que la SB 4-C “probablemente es inconstitucional”, lo cual motivó que su implementación fuera suspendida mientras avanza el proceso judicial.
La reacción de las organizaciones de derechos humanos ante la ley antiinmigrante en Florida
Bacardi Jackson, directora ejecutiva de la ACLU de Florida, calificó la decisión del tribunal de apelaciones como “una victoria legal y moral”. Según Jackson, la ley SB 4-C no solo era inhumana, sino también una herramienta de persecución que utilizaba el miedo como base de gobierno. “Los legisladores intentaron convertir la discriminación en ley. Este fallo rechaza con firmeza esa estrategia”, declaró.
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Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU a nivel nacional, indicó que la decisión del Undécimo Circuito se suma a otros fallos similares en estados como Texas y Oklahoma, donde también se han intentado aprobar leyes migratorias estatales. “La Constitución es clara: la política migratoria es responsabilidad del gobierno federal. Los estados no pueden legislar por su cuenta en este tema”, explicó.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes celebraron el fallo como un freno necesario ante lo que consideran una ola de medidas estatales destinadas a criminalizar la migración. “Esto no es solo sobre una ley, es sobre proteger a comunidades enteras que viven con miedo”, señaló Andrea Mercado, directora ejecutiva de la organización Florida Rising.
¿Qué impacto tiene el bloqueo de la ley antiinmigrante en Florida?
Aunque el fallo no pone fin definitivo a la ley antiinmigrante en Florida, sí establece que no podrá aplicarse mientras se resuelve su constitucionalidad en los tribunales. Este tipo de medidas cautelares son frecuentes cuando los jueces consideran que la aplicación de una ley puede causar daños irreparables mientras se debate su legalidad.
Para las comunidades inmigrantes en Florida, esta decisión significa un alivio temporal. Grupos comunitarios como la Red Fronteriza por los Derechos Humanos han intensificado sus campañas informativas para asegurar que las personas conozcan sus derechos y no caigan en detenciones injustas.
No obstante, el gobierno de Ron DeSantis ha insistido en que la ley responde a una supuesta “crisis migratoria” que afecta al estado, pese a que los datos demográficos muestran que los inmigrantes —incluidos los indocumentados— contribuyen de forma significativa a sectores como la agricultura, el turismo y la construcción.
De acuerdo con el Instituto de Política Migratoria (MPI), se estima que más de 770,000 inmigrantes indocumentados residen actualmente en Florida. Muchos de ellos tienen años viviendo en el país, tienen hijos nacidos en Estados Unidos y forman parte activa de sus comunidades. La aplicación de la SB 4-C habría afectado de forma directa a miles de familias.
El Centro de Estudios Americanos del Sur (Southern Poverty Law Center) también emitió un comunicado advirtiendo que la ley, de haberse aplicado, habría alimentado el perfilamiento racial por parte de autoridades estatales y locales, lo cual ya ha sido denunciado en otras partes del país donde se han intentado políticas similares.
Aunque la disputa legal en torno a la ley antiinmigrante en Florida está lejos de terminar, el fallo del tribunal de apelaciones representa un obstáculo importante para el plan de DeSantis, que ha hecho de la migración una de las banderas de su carrera política.