El juez federal William Orrick dictaminó que el gobierno del expresidente Donald Trump no puede retener fondos federales a las llamadas “ciudades santuario”, en respuesta a una demanda presentada por 16 jurisdicciones, encabezadas por San Francisco. La decisión impide que la administración republicana castigue económicamente a las localidades que se niegan a colaborar con políticas migratorias federales consideradas coercitivas.
Este nuevo fallo representa un revés legal para la orden ejecutiva de Trump sobre ciudades santuario, que intentaba condicionar el financiamiento federal a la cooperación con operativos de detención y deportación de inmigrantes.
¿Qué son las ciudades santuario?
Las ciudades santuario son localidades que adoptan políticas para limitar la cooperación entre las autoridades locales y las agencias federales de inmigración, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Esto puede incluir la negativa a compartir información sobre el estatus migratorio de los residentes o a detener a personas solo por razones migratorias.
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Aunque no existe una definición legal única, estas políticas suelen estar diseñadas para proteger a comunidades inmigrantes, evitar el temor generalizado entre residentes indocumentados y fortalecer la confianza entre la población y las autoridades locales. Las ciudades santuario argumentan que priorizan el uso de sus recursos en delitos locales y no en la aplicación de leyes migratorias federales.
¿Cuáles son las ciudades santuario protegidas por el fallo?
Entre las jurisdicciones que presentaron la demanda y que ahora están protegidas por la decisión judicial se encuentran:
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San Francisco, California
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Santa Clara, California
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Seattle, Washington
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Portland, Oregon
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Minneapolis, Minnesota
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St. Paul, Minnesota
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New Haven, Connecticut
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Santa Fe, Nuevo México
Portland. Foto: Pixabay
Estas localidades han sido consistentes en su postura de no colaborar activamente con ICE y otras agencias migratorias federales. Argumentan que la orden ejecutiva de Trump sobre ciudades santuario es un intento inconstitucional de condicionar fondos públicos al cumplimiento de una agenda federal con la que no están legal ni moralmente de acuerdo.
El fallo del juez Orrick se suma a una serie de decisiones previas desde 2017, cuando tribunales ya habían limitado iniciativas similares de la primera administración de Trump. Esta nueva decisión refuerza el precedente de que la Casa Blanca no puede tomar represalias financieras contra gobiernos locales por sus políticas migratorias.
La orden ejecutiva de Trump sobre ciudades santuario enfrenta un nuevo revés
La demanda interpuesta en febrero de 2025 acusaba a la administración Trump de violar el principio de separación de poderes al intentar modificar el destino de fondos aprobados por el Congreso sin autorización legislativa. Según la resolución del juez, el gobierno federal no puede “tomar directa o indirectamente ninguna acción para retener, congelar o condicionar fondos federales” por razones relacionadas con las políticas migratorias locales.
El dictamen también establece que el Departamento de Justicia debe informar por escrito a todas las agencias federales sobre la invalidez de esta medida antes del lunes siguiente al fallo.
¿Qué hacen estas ciudades para proteger a sus residentes?
Más allá de los litigios, muchas ciudades santuario han implementado políticas efectivas para integrar y proteger a comunidades inmigrantes sin interferir con la seguridad pública. Estas políticas incluyen:
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Oficinas municipales de asuntos migratorios, que ofrecen asistencia legal y orientación sobre derechos.
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Prohibición de detenciones por motivos migratorios, salvo en casos de delitos graves.
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Instrucción a policías locales para no actuar como agentes federales de inmigración.
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Campañas de información comunitaria, que ayudan a los residentes a conocer sus derechos.
San Francisco, por ejemplo, ha reforzado sus programas de asesoría legal gratuita para inmigrantes, mientras que Portland ha creado fondos de emergencia para asistencia a familias afectadas por redadas migratorias. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia de resiliencia comunitaria, que busca mitigar el impacto de las políticas federales en comunidades vulnerables.
Foto: Pixabay
Reacciones políticas al bloqueo de la orden ejecutiva de Trump sobre ciudades santuario
La administración de Trump ha manifestado su intención de apelar la decisión, argumentando que las ciudades santuario “obstruyen la justicia” y comprometen la seguridad nacional. Sin embargo, desde la oposición, se ha elogiado el fallo como una victoria para el estado de derecho.
Grupos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) señalaron que se trata de un paso esencial para impedir que se utilicen fondos públicos como mecanismo de coerción política. «Este fallo protege no solo a los inmigrantes, sino también a la democracia local», expresó Anthony Romero, director ejecutivo de la ACLU.