Un ciudadano guatemalteco deportado a México por error ha regresado a Estados Unidos, luego de que un juez federal ordenara su retorno inmediato. Esta decisión marca la primera vez que el Gobierno de Donald Trump facilita el regreso de un migrante tras ser obligado por una corte.
Identificado solo como O.C.G. para proteger su identidad, el migrante aterrizó esta semana en suelo estadounidense y se puso en contacto con su equipo legal, según confirmó Trina Realmuto, directora ejecutiva de la National Immigration Litigation Alliance. “Ha sido un proceso extraordinariamente difícil, pero la justicia prevaleció”, dijo Realmuto.
La medida se da en medio de una creciente controversia por las políticas migratorias del actual gobierno, que ha intensificado las deportaciones a países donde los migrantes no tienen vínculos familiares ni legales. En el caso de O.C.G., las autoridades lo enviaron primero a México y luego a Guatemala, ignorando advertencias sobre los riesgos que enfrentaba en ambos países.
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Guatemalteco deportado a México no fue permitido una defensa legal
De acuerdo con documentos judiciales, O.C.G. ingresó a EE.UU. por primera vez y fue deportado, pero más adelante volvió a cruzar la frontera en 2024, huyendo de múltiples ataques violentos en su país natal. Durante ese segundo ingreso, solicitó asilo y explicó que había sido violado y secuestrado en México durante su travesía, un temor que comunicó claramente a las autoridades migratorias.
Pese a estas advertencias, en marzo de 2025 fue deportado a México, donde volvió a ser blanco de violencia. La expulsión ocurrió tan solo dos días después de que un juez dictaminara que no debía ser devuelto a Guatemala, su país de origen. En su testimonio, O.C.G. asegura que no se le permitió hablar con un abogado ni presentar evidencia de su temor de ser enviado a México.
Un grupo de personas deportadas desde Estados Unidos, en una fotografía de archivo. EFE/ Esteban Biba
El juez federal Brian Murphy, quien supervisa el caso, criticó duramente la actuación del Gobierno, al señalar que la deportación probablemente “careció de debido proceso”. En su fallo, Murphy ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que facilitara el retorno de O.C.G. a EE.UU., al considerar que sus derechos legales fueron violados.
La administración de Trump argumentó inicialmente que el guatemalteco había dicho no temer ser enviado a México. Sin embargo, al no poder identificar a ningún funcionario que confirmara esa supuesta declaración, la defensa del Gobierno retiró la afirmación. El juez concluyó que O.C.G. sí expresó su temor, pero que fue ignorado.
Casos similares a la deportación del guatemalteco aumentan presión sobre el Gobierno
El caso del guatemalteco deportado a México no es un hecho aislado. En los últimos meses, distintas cortes federales han examinado procesos similares, en los que migrantes fueron expulsados a países peligrosos sin recibir la oportunidad de apelar. La Corte de Apelaciones ya negó la solicitud del Gobierno para suspender una orden relacionada con la deportación errónea de un migrante venezolano de 20 años a El Salvador.
En otro caso emblemático, el Gobierno también ha sido presionado por la jueza federal Stephanie Gallagher para facilitar el regreso de un migrante retenido en la megacárcel CECOT de El Salvador. La jueza advirtió que “los esfuerzos para cumplir la orden judicial han sido prácticamente inexistentes”.
Personas con pancartas que rezan «Welcome with Dignity» (Bienvenido con dignidad) durante una marcha en El Paso, Texas. Foto:Jesús Rosales/EFE
Asimismo, en Maryland, la jueza Paula Xinis continúa enfrentando resistencia por parte del Departamento de Justicia respecto al caso de Kilmar Ábrego García, un venezolano deportado por error en marzo. Xinis ha denunciado una falta de transparencia por parte de la administración para informar qué acciones están tomando para cumplir con el mandato judicial.
Organizaciones de derechos humanos han alertado que estas deportaciones “aceleradas” no solo ponen en riesgo la vida de los migrantes, sino que violan normas básicas del debido proceso. “Lo que estamos viendo es una política de deportar primero y preguntar después”, advirtió el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes en un comunicado reciente.
Qué sigue para el guatemalteco deportado a México
Aunque O.C.G. ya está de vuelta en territorio estadounidense, su situación aún no está resuelta. Se espera que sea puesto bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional en los próximos días, pero su equipo legal aún desconoce en qué ciudad será detenido.
La abogada Trina Realmuto adelantó que solicitarán una audiencia rápida para evaluar su solicitud de asilo, que había sido interrumpida tras su deportación irregular. “Ahora que está de regreso, podrá ejercer su derecho a presentar su caso ante un juez, algo que nunca debió negársele”, afirmó.
El retorno del guatemalteco deportado a México podría sentar un precedente en la forma en que se revisan las expulsiones hechas bajo órdenes ejecutivas sin revisión judicial previa. Bajo la administración Trump, estas medidas se han intensificado, particularmente desde la implementación del llamado “programa de terceros países seguros”, que permite enviar migrantes a naciones que no son su lugar de origen.
Diversas organizaciones están documentando casos similares con la esperanza de lograr fallos judiciales que frenen estas prácticas. “Es un sistema que ha perdido cualquier semblanza de humanidad”, sostuvo un representante de Human Rights First.
En este contexto, la decisión del juez Murphy abre la posibilidad de que más migrantes erróneamente deportados puedan solicitar su retorno. Sin embargo, advierten que las autoridades migratorias podrían seguir resistiendo el cumplimiento de las órdenes judiciales, tal como ha ocurrido en otros casos.