Hondureños comienzan a autodeportarse de EE.UU. con apoyo del gobierno de Trump
Este lunes 19 de mayo, un grupo de 18 hondureños aterrizó en Tegucigalpa tras haberse acogido al nuevo programa de autodeportación del gobierno de Estados Unidos. El mecanismo, impulsado por la administración de Donald Trump, permite a migrantes indocumentados regresar de forma voluntaria a sus países sin enfrentar detención o proceso judicial. La iniciativa busca reducir en hasta un 70% los costos del sistema de deportaciones tradicional, según cifras oficiales.
El programa, promovido a través de la aplicación móvil CBP One Home, ofrece vuelos gratuitos y un incentivo económico de $1,000 dólares a quienes decidan abandonar voluntariamente el país. “Cualquier inmigrante ilegal puede presentarse en un aeropuerto y recibir un vuelo gratuito para salir de nuestro país”, dijo Trump en una declaración reciente. La medida, parte de una orden ejecutiva firmada el 9 de mayo, ha comenzado a ser implementada en países como Honduras, donde las autoridades ya trabajan coordinadamente con Estados Unidos.
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Honduras colabora para evitar presión política
Según Lester Ramírez, director de gobernanza de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la colaboración del gobierno hondureño con Trump responde a intereses estratégicos. “Honduras no quiere que los Estados Unidos se inmiscuya en los temas político-electorales del país, especialmente cuando se aproximan las elecciones generales de noviembre de 2025”, explicó.
Ramírez también aseguró que Honduras está aceptando vuelos con personas deportadas desde Venezuela, que hacen escala en el país antes de continuar su regreso. Aunque el gobierno de Xiomara Castro tuvo una postura crítica frente a la administración Biden, actualmente mantiene una relación más pragmática con Trump.
Migrantes retornan con dignidad, dicen autoridades
Antonio García, subsecretario de Asuntos Consulares y Migratorios de Honduras, aseguró que el nuevo modelo de retorno ofrece “una salida digna, sin detenciones y sin deportación forzosa”. Según explicó a medios locales, los retornados no enfrentarán consecuencias legales al llegar a Honduras y contarán con apoyo para su reintegración.
En lo que va de 2025, más de 8,000 hondureños han sido deportados, de los cuales 3,375 provenían de Estados Unidos. Aunque el fenómeno migratorio sigue siendo masivo, el nuevo programa abre una vía alternativa para quienes desean regresar sin mayores conflictos con la ley.
Impacto económico y social en Honduras
Las deportaciones podrían afectar las finanzas del país centroamericano, que depende en gran medida de las remesas enviadas por sus ciudadanos en el exterior. En 2024, Honduras recibió 9,740 millones de dólares en remesas, lo que representó su principal fuente de divisas, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El retorno masivo de migrantes, sin acceso inmediato a empleos estables, podría afectar estos ingresos.
Aun así, algunos expertos creen que el impacto económico será limitado. “La mayoría de las personas deportadas se incorporan al sector informal, que es el que mueve gran parte de la economía hondureña”, indicó Ramírez. Sin embargo, advirtió que el problema más preocupante podría ser la seguridad.
“Se está hablando mucho de personas deportadas con antecedentes criminales. La policía no tiene un registro ni está haciendo esfuerzos para darles seguimiento”, alertó. Casos recientes han demostrado que algunos retornados se han visto involucrados en actos delictivos apenas días después de su regreso al país.
Críticas a las políticas migratorias de Trump
A pesar de las duras medidas adoptadas por el presidente Trump contra la inmigración irregular, las cifras indican que en el primer mes de su nuevo mandato fueron deportadas 37,000 personas, un 35% menos que el promedio mensual durante el último año de Joe Biden. Esta reducción podría estar vinculada a la implementación del programa de autodeportación y a una nueva estrategia de gestión migratoria que prioriza la eficiencia y los acuerdos bilaterales.
En este contexto, Honduras se posiciona como uno de los primeros países en aceptar activamente este tipo de retornos voluntarios, lo que marca un giro en la cooperación migratoria entre ambos gobiernos.