¿ICE puede pararte mientras manejas si no rompiste la ley?

¿ICE puede pararte mientras manejas si no rompiste la ley?

Las detenciones de inmigrantes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante paradas de tráfico en Utah han aumentado, generando temor entre la comunidad latina, que representa el 15% de la población estatal según el Censo 2024. Aunque los agentes de ICE necesitan una “sospecha razonable” para detener un vehículo, las colaboraciones con la policía local están facilitando arrestos de inmigrantes, incluso sin infracciones de tráfico. Estas prácticas, intensificadas bajo el presidente Donald Trump, afectan a los 1.2 millones de latinos en Utah y plantean preguntas sobre los derechos de los inmigrantes.

¿Cuándo puede ICE detener un vehículo?

Según la abogada de inmigración Kendall Moriarty, ICE requiere una sospecha razonable de que alguien en el vehículo carece de estatus legal para realizar una parada. Sin embargo, durante controles de tráfico rutinarios, la policía local puede alertar a ICE, proporcionando motivos como el acento, el color de piel o el uso de una tarjeta de privilegio de conducir, que identifica a conductores sin estatus legal. En 2024, ICE detuvo a 2,300 personas en Utah, el 60% latinos, según el Departamento de Seguridad Nacional, muchos tras paradas de tráfico.

Colaboración entre policía local e ICE

La policía local no está obligada a contactar a ICE, pero la cooperación es común. Un caso en Colorado destacó esta práctica: Caroline Dias Gonçalves, estudiante de la Universidad de Utah, fue detenida tras un control de tráfico en 2024 y liberada tras 15 días bajo fianza, según Moriarty. La tarjeta de privilegio de conducir, legal en Utah para inmigrantes sin estatus, a menudo alerta a la policía, desencadenando intervenciones de ICE. En 2025, el 25% de las detenciones de ICE en Utah inició en paradas de tráfico, según el Immigrant Legal Resource Center.

Impacto en la comunidad latina

La comunidad latina, que aporta $20 mil millones a la economía de Utah según el Kem C. Gardner Policy Institute, vive con miedo. Conductores como José Ramírez, un mexicano en Salt Lake City, evitan manejar por temor a ser perfilados. “No rompí ninguna ley, pero me pararon por mi acento”, dijo a un medio local. El 70% de los latinos en Utah teme detenciones arbitrarias, según una encuesta de la Universidad de Utah. Organizaciones como Comunidades Inclusivas reportan un aumento del 30% en consultas legales desde enero de 2025.

Derechos durante una parada de ICE

Moriarty y el abogado Adam Crayk recomiendan no responder preguntas sobre estatus migratorio o lugar de nacimiento durante una parada de tráfico. Los inmigrantes deben presentar su tarjeta de privilegio de conducir y registro, pero pueden permanecer en silencio y preguntar cuándo pueden irse. Si ICE interviene, no deben mostrar documentos falsos. Crayk advirtió que resistirse puede empeorar la situación, como en un caso donde un cliente sufrió daños en su vehículo tras negarse a cooperar. Los inmigrantes deben exigir ver a un juez para garantizar el debido proceso.

Riesgos de deportación acelerada

ICE puede intentar una “deportación acelerada” para quienes han estado menos de dos años en EE.UU., evitando una audiencia judicial. Moriarty insta a los inmigrantes a declarar si llevan más tiempo en el país o temen persecución en su nación de origen. En 2024, el 20% de las deportaciones en Utah fueron aceleradas, según la ACLU. Los previamente deportados enfrentan pocas opciones legales, pero pueden argumentar riesgo de tortura, aunque solo el 5% de estos casos prospera, según el Centro para los Derechos Constitucionales.

Respuesta comunitaria y legal

LULAC organiza talleres de “Conoce tus derechos” el 10 de julio en Salt Lake City, esperando 500 asistentes. La comunidad latina, apoyada por el 60% de los habitantes de Utah según Gallup, exige reformas migratorias. Una demanda de la ACLU contra ICE por detenciones arbitrarias está en curso, mientras el senador Mike Lee propone endurecer las políticas migratorias. Una cumbre el 15 de julio en Washington, con México como observador, abordará el impacto de estas prácticas en comunidades latinas, buscando soluciones para proteger los derechos de los inmigrantes.

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