ImmigrationOS: la tecnología que amplía la vigilancia sobre inmigrantes en EE. UU.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha firmado un contrato de 29,8 millones de dólares con la empresa tecnológica Palantir para desarrollar ImmigrationOS, una plataforma destinada a rastrear y monitorear a inmigrantes sin permiso legal o con documentación vencida. El objetivo declarado es facilitar las deportaciones y mejorar la eficiencia en la identificación de personas consideradas prioritarias para la expulsión.
Características y funcionamiento de ImmigrationOS
ImmigrationOS está diseñada para integrar y analizar datos de diversas fuentes gubernamentales, incluyendo información biométrica, geolocalización, antecedentes penales y otros datos personales. La plataforma permite categorizar a los individuos según múltiples criterios, como país de origen, estado migratorio, características físicas y posibles vínculos con organizaciones criminales.
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Según ICE, el sistema busca «ahorrar tiempo y recursos» al identificar y detener a inmigrantes que representen una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, expertos y organizaciones de derechos humanos advierten que esta tecnología podría ser utilizada para una vigilancia masiva y discriminatoria.
Preocupaciones sobre derechos humanos y privacidad
Organizaciones como Amnistía Internacional han expresado su preocupación por el uso de ImmigrationOS, señalando que la plataforma podría facilitar violaciones a los derechos humanos de migrantes y solicitantes de asilo. En un informe, Amnistía destaca que Palantir no ha realizado una debida diligencia en materia de derechos humanos respecto a sus contratos con ICE.
Ricard Martínez, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universidad de Valencia, calificó el programa como «aberrante» y «antiético», advirtiendo que establece una metodología de control social total sobre los inmigrantes. Martínez señala que esta tecnología despoja a las personas de su dignidad y derechos fundamentales, convirtiéndolas en «sujetos carentes de todo derecho».
Antecedentes y expansión de la colaboración entre Palantir e ICE
Palantir ha mantenido una relación contractual con ICE desde 2011, proporcionando herramientas tecnológicas para la gestión de casos y operaciones de cumplimiento. La empresa también ha desarrollado sistemas como FALCON e ICM, utilizados en operaciones de detención y deportación.
El nuevo contrato para ImmigrationOS amplía esta colaboración, con un prototipo previsto para septiembre de 2025 y una duración inicial de dos años. ICE justifica la implementación de esta plataforma como parte de las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, que identifican la inmigración ilegal y el crimen organizado como amenazas a la seguridad nacional.
Críticas a la ética empresarial de Palantir
A pesar de que Palantir afirma estar comprometida con la privacidad y las libertades civiles, críticos señalan que sus acciones contradicen este compromiso. Likhita Banerji, jefa del Laboratorio de Responsabilidad Algorítmica de Amnistía Internacional, sostiene que las tecnologías utilizadas en la gestión migratoria pueden potenciar el racismo, la discriminación y la opresión. Banerji enfatiza que las empresas proveedoras de estas tecnologías deben asumir la responsabilidad por los daños a los derechos humanos que han causado o a los que han contribuido.
Comparación con estándares internacionales
Expertos señalan que sistemas como ImmigrationOS serían inaceptables en otras jurisdicciones, como la Unión Europea, donde existen regulaciones más estrictas sobre la protección de datos y los derechos fundamentales. En Europa, cualquier sistema de vigilancia de esta magnitud requeriría una base legal adecuada y estaría sujeto al control de autoridades independientes. Martínez advierte que, en el marco de la UE, un sistema como el de Palantir no superaría la evaluación de impacto en los derechos fundamentales.
Conclusión
La implementación de ImmigrationOS por parte de ICE y Palantir ha generado un intenso debate sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y la protección de los derechos humanos. Mientras las autoridades defienden la necesidad de herramientas más eficientes para el control migratorio, organizaciones y expertos alertan sobre los riesgos de una vigilancia excesiva y la erosión de las libertades fundamentales.