La posible deportación del migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García a un tercer país ha generado nuevas tensiones legales entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la defensa del acusado, quien fue expulsado a El Salvador en marzo de este año a pesar de contar con una protección legal vigente. Su liberación está en suspenso mientras se analiza si el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) podría trasladarlo fuera del país inmediatamente después de dejar la cárcel en Tennessee.
El caso de Ábrego García ha sido símbolo de la pugna entre el gobierno del presidente Donald Trump y el sistema judicial federal en temas de deportación. Tras ser devuelto a EE.UU. el 6 de junio y acusado de tráfico de personas, el migrante permanece bajo custodia federal. Una jueza ordenó su liberación, pero esta fue postergada en espera de que se resuelva si ICE puede actuar antes de que Ábrego recupere su libertad.
Kilmar Ábrego y el fallo que puso en jaque su protección legal
Según documentos judiciales, fiscales del Departamento de Justicia indicaron a la jueza federal Paula Xinis su intención de que ICE detenga nuevamente a Kilmar Ábrego García y lo deporte, aunque no necesariamente a El Salvador. En una audiencia telefónica a la que accedieron medios como Politico y WUSA9, subsidiaria local de CBS, los fiscales reconocieron que no existe una fecha concreta para su remoción, pero tampoco descartaron que esta pueda suceder en cuestión de días o incluso horas.
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Fotografía de Jennifer Vásquez Sura (c), esposa de Kilmar Ábrego García, rodeada de simpatizantes a la salida de un Tribunal en Nashville, Tennessee (EE.UU.). EFE/EPA/ John Amis
“¿Así que podría pasar en 30 segundos o 30 días o 30 meses?”, preguntó la jueza Xinis. El fiscal Jonathan Gynn respondió de forma ambigua, afirmando solamente que no hay “planes inminentes”.
La falta de claridad ha llevado a los abogados del migrante a presentar una moción para que sea trasladado desde Tennessee a Maryland, donde se originó su caso. Según los defensores, este movimiento legal busca evitar una posible deportación “inmediata e irreversible” por parte del ICE.
Los abogados aseguran que Kilmar Ábrego corre un alto riesgo de ser deportado a un país diferente a El Salvador, sin que se respeten los procedimientos establecidos por la corte. La defensa sostiene que el gobierno estadounidense ha manifestado, de forma pública y privada, su intención de expulsarlo pese al fallo que declaró su deportación como ilegal.
El precedente de la deportación ilegal y su retorno a Estados Unidos
En marzo, Ábrego fue deportado junto a más de 230 migrantes hacia El Salvador, a pesar de que un tribunal federal había prohibido su remoción. La Corte Suprema y la jueza Xinis concluyeron posteriormente que su deportación fue contraria a la ley.
Katheryn Millwee sostiene un cartel con la imagen de Kilmar Armando Abrego García frente al Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Medio de Tennessee. EFE/EPA/JOHN AMIS
A raíz de ese fallo, la administración Trump se vio obligada a repatriarlo a EE.UU. el 6 de junio. Sin embargo, apenas regresó, fue detenido en Tennessee bajo nuevos cargos federales relacionados con tráfico de migrantes. La acusación se basa en un hecho ocurrido en 2022, cuando Ábrego fue interceptado por la policía mientras viajaba con varios inmigrantes presuntamente indocumentados.
Según los documentos judiciales, los cargos podrían derivar en una sentencia de hasta 20 años de prisión. La defensa ha negado que Ábrego sea culpable y ha denunciado que se trata de un intento del gobierno por justificar su expulsión previa, usando un caso penal armado.
Kilmar Ábrego ha estado detenido desde su regreso, y aunque una jueza en Tennessee ordenó su liberación bajo fianza, la ejecución del fallo ha sido suspendida hasta que se determine si ICE puede legalmente actuar contra él.
ICE y la estrategia de deportación hacia terceros países
El caso de Kilmar Ábrego también ha cobrado relevancia por el precedente que puede establecer respecto a las deportaciones a terceros países. Con base en un fallo reciente de la Corte Suprema, la administración Trump argumenta que tiene la autoridad para enviar a migrantes a naciones diferentes a su país de origen si se considera que su permanencia en Estados Unidos representa una amenaza legal o si no hay garantías diplomáticas con el país de nacimiento.
Este nuevo enfoque genera alarma entre defensores de los derechos de los migrantes. Según ellos, podría abrir la puerta a expulsiones arbitrarias, sin el debido proceso ni revisión judicial.
La posibilidad de que Kilmar Ábrego sea deportado a una nación que no es El Salvador, sin tener vínculos con dicho país, representa un punto crítico en este debate. Organizaciones de derechos humanos han manifestado que esta práctica puede violar tratados internacionales y constituir una forma de castigo extrajudicial.
Mientras tanto, la familia del salvadoreño permanece a la expectativa. Su esposa, Jennifer Vásquez Sura, fue vista el jueves en las afueras del tribunal en Nashville, acompañada de simpatizantes que exigen su liberación y rechazan una nueva deportación.
En las próximas semanas, la jueza Xinis deberá decidir si concede el traslado a Maryland o si permite que Ábrego permanezca detenido en Tennessee, expuesto a una posible expulsión. El caso podría escalar nuevamente hasta instancias superiores si el gobierno insiste en forzar su salida sin cumplir con los procesos legales adecuados.