Este 10 de abril, Mahmoud Khalil, un activista palestino y exestudiante de la Universidad de Columbia, sigue siendo el foco de una controversia que sacude el panorama político y migratorio de Estados Unidos. Detenido el pasado 8 de marzo por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), su caso ha puesto en jaque los límites entre la libertad de expresión y las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.
La administración ha justificado su intento de deportación basándose en las creencias y asociaciones de Khalil, argumentando que su presencia representa un riesgo para los intereses de política exterior del país. Mientras su equipo legal lucha en los tribunales, el caso resuena como un precedente que podría afectar a miles de residentes legales en el país.
Khalil, de 30 años, nació en un campo de refugiados palestinos en Siria y llegó a EE.UU. en 2022 con una visa de estudiante para cursar una maestría en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de Columbia. Más tarde obtuvo una tarjeta verde al casarse con una ciudadana estadounidense, Noor Abdalla, quien está a punto de dar a luz a su primer hijo. Sin embargo, su papel como líder en las protestas pro-palestinas en Columbia durante la primavera de 2024 lo colocó en la mira del gobierno. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo acusó de actividades que, según el secretario de Estado Marco Rubio, comprometen la seguridad nacional, aunque no se han presentado cargos criminales formales contra él.
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El caso dio un giro esta semana cuando el juez de inmigración Jamee Comans, en Louisiana, ordenó al gobierno presentar pruebas concretas antes del viernes 11 de abril. En respuesta, Rubio emitió un memorando de dos páginas invocando una rara disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, que permite deportar a no ciudadanos por sus creencias, declaraciones o asociaciones si el secretario de Estado lo considera perjudicial para los intereses de EE.UU. El documento, según fuentes oficiales, no detalla actos ilegales específicos, sino que señala las opiniones de Khalil como una amenaza.
Protestas que desataron la polémica
Las manifestaciones en Columbia, donde Mahmoud Khalil actuó como negociador entre estudiantes y la administración universitaria, surgieron en apoyo a Palestina durante el conflicto en Gaza. Los estudiantes exigían que la universidad desinvirtiera en empresas vinculadas a Israel, lo que generó tensiones en el campus. Khalil, con su experiencia previa en organizaciones como la Embajada Británica en Beirut y su trabajo con refugiados, se convirtió en una voz prominente. Sin embargo, el gobierno de Trump calificó estas protestas como “antisemitas” y “pro-Hamas”, una designación que Khalil y sus abogados niegan rotundamente.
El DHS, liderado por el subsecretario Troy Edgar, ha defendido la detención, argumentando que Khalil “participó en actividades disruptivas” que afectan la política exterior. Edgar evitó dar detalles específicos en una declaración pública, diciendo: “Evaluamos su estatus en cualquier momento”. La Casa Blanca también vinculó el caso a una campaña más amplia para combatir el antisemitismo en campus universitarios, retirando recientemente 400 millones de dólares en fondos federales a Columbia por no controlar las protestas.
Mahmoud Khalil y el debate sobre los derechos
El arresto de Mahmoud Khalil ocurrió en su apartamento en Manhattan, donde agentes de ICE lo trasladaron a un centro de detención en Jena, Louisiana, a más de 1,400 millas de su hogar. Su esposa, Noor Abdalla, describió el momento: “Lo esposaron frente a mí, sin explicaciones, mientras regresábamos de una cena”. Desde entonces, organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Centro por los Derechos Constitucionales han asumido su defensa, argumentando que su detención viola la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión.
La jueza federal Jesse Furman, en Nueva York, bloqueó temporalmente la deportación de Khalil el 10 de marzo, ordenando que el caso se traslade a Nueva Jersey para revisión. Sus abogados, encabezados por Marc Van Der Hout, sostienen que el memorando de Rubio es insuficiente: “No hay evidencia de que Mahmoud sea una amenaza; esto es represión política pura”. Mientras tanto, el gobierno insiste en que su autoridad para revocar tarjetas verdes por razones de política exterior es absoluta, un punto que podría llegar a tribunales superiores.
En las calles de Nueva York, cientos de manifestantes han salido en apoyo de Khalil, con pancartas que rezan “Liberen a Mahmoud”. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, expresó preocupación por las implicaciones del caso, mientras la comunidad palestina en EE.UU. lo ve como un ataque directo a su derecho a protestar. Con el Mundial de Clubes y otros eventos internacionales en el horizonte, el caso de Mahmoud Khalil podría redefinir cómo se equilibran la seguridad nacional y las libertades civiles en el país.