El centro de detención migratoria ‘Alligator Alcatraz’ en los Everglades de Florida, inaugurado el 2 de julio de 2025, ha desatado indignación por confinar a 750 migrantes en jaulas, según legisladores demócratas tras una visita restringida. Por lo tanto, las denuncias de condiciones “infrahumanas” en este sitio, impulsado por el presidente Donald Trump y el gobernador Ron DeSantis, han generado 6.8 millones de interacciones en redes sociales. En consecuencia, activistas y la Arquidiócesis de Miami exigen su cierre, mientras el gobierno defiende su rol en la deportación de 320,000 migrantes en 2025, según ICE. Además, el costo de $450 millones anuales y su ubicación en una zona propensa a inundaciones avivan el debate sobre derechos humanos y seguridad.
Condiciones denunciadas en el centro
Legisladores como la congresista Debbie Wasserman Schultz reportaron que hasta 32 migrantes son hacinados por jaula en carpas improvisadas, con acceso limitado a agua potable y baños, según declaraciones del 12 de julio. Por su parte, el senador estatal Carlos Guillermo Smith describió el lugar como un “campo de internamiento”, señalando que no se permitió interacción con los detenidos ni acceso a áreas ocupadas. En consecuencia, reportes de migrantes, como el cubano Vladimir Miranda a Telemundo, denuncian comida con gusanos, falta de duchas y luces encendidas 24/7, afectando la salud mental del 80% de los detenidos, según la ONU. Sin embargo, el DHS niega estas acusaciones, afirmando que el centro cuenta con aire acondicionado y atención médica.
Críticas al diseño y ubicación
Además, ubicado en el Dade-Collier Training and Transition Airport, a 36 millas de Miami, ‘Alligator Alcatraz’ fue construido en ocho días con carpas y remolques FEMA, según el fiscal general James Uthmeier. En consecuencia, la instalación, con 28,000 pies de alambre de púas y 200 cámaras, pone en riesgo a 400 guardias y detenidos, según el legislador Darren Soto. Además, el costo de $450 millones, reembolsado por FEMA, genera críticas por desviar fondos de ayuda humanitaria.
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Resistencia de comunidades y activistas
La Arquidiócesis de Miami calificó el centro como “corrosivo” el 10 de julio, mientras la tribu Miccosukee, cuyos terrenos ancestrales están cerca, lo considera una afrenta cultural, según el líder Talbert Cypress. Por su parte, grupos como Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity presentaron una demanda el 27 de junio, argumentando que la construcción daña el frágil ecosistema de los Everglades. En consecuencia, 500 manifestantes protestaron en la Highway 41 el 28 de junio, según la Policía de Collier. Sin embargo, el DHS insiste en que no se usaron fondos federales directos y que Florida opera el centro bajo autoridad estatal.
Contexto político y migratorio
El centro apoya la meta de Trump de arrestar 3,000 migrantes diarios, con el 70% sin antecedentes penales, según el Transactional Records Access Clearinghouse. Por lo tanto, legisladores demócratas como Darren Soto denuncian que revocar el estatus legal de un millón de migrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua afecta a familias floridanas. Además, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, exigió acceso continuo para monitorear condiciones, tras reportes de un detenido hospitalizado el 7 de julio, según HCA Florida. Pese a todo, el DHS y DeSantis defienden el centro como “eficiente”, con planes de expansión a 5,000 camas para agosto, según Uthmeier.
Llamados a la acción
Por otro lado, la Florida Immigrant Coalition instó a Levine Cava a demandar al estado para cerrar el centro, mientras la ACLU planea apelar ante la Corte Suprema por violaciones a la Cuarta Enmienda. En consecuencia, el 60% de los latinos en Florida considera la inmigración el principal tema electoral, según Pew Research. Sin embargo, el DHS, liderado por Kristi Noem, asegura que el centro es temporal y que los detenidos, incluidos 200 menores no acompañados, reciben debido proceso. Además, la Guardia Nacional y 400 agentes de seguridad refuerzan el sitio, aunque el 55% de los estadounidenses desaprueba estas tácticas, según Gallup, en un contexto de creciente polarización.