Desde el 27 de junio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzó a implementar un nuevo régimen sancionador que permite aplicar multas a inmigrantes indocumentados que infrinjan las leyes migratorias en Estados Unidos. Esta medida, anunciada por la secretaria Kristi Noem, endurece la política federal con el objetivo de reforzar el control fronterizo y frenar la inmigración irregular.
Las multas pueden ir desde los 100 hasta los 10.000 dólares, dependiendo de la gravedad de la infracción. La medida ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos migrantes, que la califican como un paso más en la criminalización de la población indocumentada.
Nuevas multas a inmigrantes indocumentados sin derecho a objeción
La política fue presentada como parte de un paquete de acciones ejecutivas impulsadas por el gobierno de Donald Trump. Según el DHS, se activará automáticamente un “Aviso de Intención de Multa” para toda persona que no acate una orden de salida o que haya ingresado al país sin autorización.
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El presidente electo de EE.UU. Donald Trump (i) junto a Kristi Noem, nominada para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Shawn Thew
Lo más polémico de esta disposición es que las multas a inmigrantes indocumentados se aplican sin audiencia previa. Esto significa que los sancionados no podrán presentar objeciones antes de que se haga efectiva la penalidad. Tampoco tendrán oportunidad de negociar condiciones de pago o recurrir a mecanismos judiciales antes de recibir la sanción.
“El objetivo es agilizar el sistema, eliminar trabas y dar un mensaje claro: las leyes migratorias deben respetarse”, señaló Kristi Noem durante una conferencia de prensa.
Las sanciones también afectarán a quienes permanezcan en el país tras recibir una orden de deportación. En estos casos, el DHS aplicará multas que pueden alcanzar los 998 dólares diarios por cada jornada de permanencia ilegal en el país.
DHS refuerza castigos y amplía margen de acción
Con esta medida, el DHS amplía sus herramientas para aplicar multas a inmigrantes indocumentados, al tiempo que fortalece su capacidad de vigilancia. El Departamento trabaja en estrecha colaboración con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detectar y sancionar las infracciones migratorias.
Fotografía de archivo de un agente de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. dirigiendo a los migrantes a una zona de espera para su procesamiento en Lukeville, Arizona, EE.UU. EFE/EPA/ALLISON DINNER
Según datos oficiales, solo en los primeros cinco meses del año, ICE ejecutó más de 56.000 arrestos de inmigrantes, en su mayoría sin antecedentes penales. Estas detenciones forman parte de la estrategia más amplia del gobierno federal para disuadir el cruce ilegal de fronteras.
En este contexto, las multas a inmigrantes indocumentados representan una nueva herramienta disuasiva, aunque sectores de derechos humanos han alertado que la medida puede empeorar la situación económica de las familias migrantes y generar más miedo en las comunidades.
Impacto de las multas a inmigrantes indocumentados en las comunidades latinas
Las organizaciones que trabajan con la comunidad latina ya han comenzado a documentar casos de familias que temen acudir a citas migratorias por temor a recibir sanciones económicas. En ciudades como Houston, Los Ángeles y Nueva York, abogados migratorios advierten que las nuevas reglas están sembrando confusión y ansiedad.
“El problema es que estas multas no distinguen entre una persona que no puede salir del país por razones humanitarias y alguien que simplemente decide quedarse. El sistema no ofrece alternativas”, afirmó Mariana Vázquez, abogada especializada en migración en California.
El impacto de estas sanciones se suma a otras medidas impulsadas por el gobierno de Trump, como la propuesta de eliminar beneficios sociales para quienes no puedan comprobar residencia legal, y el refuerzo del muro fronterizo.
Mientras tanto, el DHS asegura que seguirá implementando esta política como parte de un enfoque integral de “cero tolerancia” contra la inmigración irregular. La secretaria Noem ha insistido en que estas acciones son necesarias para proteger la soberanía del país y garantizar que quienes infrinjan las leyes enfrenten consecuencias reales.
Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y el Centro Nacional de Leyes Migratorias han anunciado que podrían emprender acciones legales para detener la aplicación automática de estas multas, alegando que violan el debido proceso.
Por ahora, el DHS no ha aclarado si existen excepciones para personas con solicitudes de asilo en curso o para menores de edad. Tampoco se ha precisado cómo se cobrará la deuda en casos de migrantes sin ingresos o con estatus económico precario.
La nueva política marca un punto de inflexión en la gestión migratoria de Estados Unidos y podría convertirse en uno de los pilares de la campaña de reelección de Trump, quien ha prometido “mano dura” y “orden en la frontera” como sus principales banderas.