¿Por qué demandan solicitantes de Green Card al gobierno?
Un grupo de 33 solicitantes iraníes de Green Cards (tarjetas verdes) basadas en empleo ha presentado una demanda contra la administración del presidente Donald Trump, alegando que una prohibición de viajes emitida el 4 de junio de 2025 ha paralizado ilegalmente sus procesos de inmigración. La acción legal, presentada el 4 de julio en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia, desafía las políticas migratorias de Trump, que han generado críticas por retrasos y restricciones excesivas. Los demandantes, profesionales en campos clave como la inteligencia artificial, buscan obligar al Departamento de Estado a procesar sus visas.
Detalles de la demanda
La demanda, titulada Ariani v. Blinken, impugna una proclamación presidencial que restringe la entrada desde Irán y 18 países más, incluyendo Somalia y Yemen. Según los demandantes, representados por Red Eagle Law LC en San Diego, la prohibición ha bloqueado sus solicitudes de visa a pesar de que cumplen con los criterios de “interés nacional” por sus roles en sectores críticos. Los 33 iraníes, entre ellos pilotos e investigadores médicos, completaron entrevistas consulares, pero enfrentan retrasos indefinidos. La queja sostiene que la política excede la autoridad presidencial y viola el debido proceso, afectando a unos 5,000 solicitantes de visas en 2025.
Contexto de la prohibición de viajes
La proclamación de junio, que reforzó las restricciones migratorias, permite teóricamente exenciones por interés nacional, pero los demandantes alegan que ninguna ha sido otorgada, creando una prohibición general de facto. Esta medida se suma a las políticas de Trump que han aumentado el escrutinio sobre inmigrantes legales, incluyendo un récord de 15,000 negativas de visas en el primer semestre de 2025, según datos del Departamento de Estado. La administración defiende la prohibición como una medida de seguridad nacional, pero críticos como la senadora Mazie Hirono argumentan que “castiga a profesionales que fortalecen la economía estadounidense”.
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Cambios en los procesos de Green Card
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) implementó el 11 de junio una norma que exige a todos los solicitantes de residencia permanente presentar un examen médico renovado, eliminando períodos de gracia previos. Esta regla, que afecta a 120,000 solicitantes anuales, ha generado costos adicionales de $100 a $500 por examen, según la Asociación Americana de Abogados de Inmigración. Los retrasos administrativos, agravados por recortes de personal en USCIS que redujeron su fuerza laboral en un 10% en 2025, han dejado a miles en el limbo, con tiempos de espera de hasta 18 meses para entrevistas consulares.
Reacciones de la administración
El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió las políticas migratorias en marzo, afirmando que las visas no se otorgarán a quienes “causen caos” en EE.UU., aunque no abordó directamente el caso iraní. En una publicación del 5 de mayo, USCIS enfatizó que “las tarjetas verdes serán revocadas si un extranjero infringe la ley”, destacando su colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional para imponer sanciones. La Casa Blanca, a través de la portavoz Karoline Leavitt, señaló que las medidas buscan “proteger a los estadounidenses”, pero no respondió a las críticas sobre la falta de exenciones por interés nacional.
Impacto en los solicitantes
Los demandantes, muchos con familias en EE.UU., enfrentan incertidumbre económica y emocional. Por ejemplo, un ingeniero de inteligencia artificial en Teherán, citado en la demanda, perdió una oferta de trabajo en Silicon Valley debido a los retrasos. La economía estadounidense, que depende de inmigrantes para el 18% de su fuerza laboral en tecnología según un informe de 2024, podría sufrir si las restricciones persisten. La demanda se suma a otras acciones legales contra Trump, incluyendo desafíos a la eliminación de protecciones migratorias para haitianos y sudaneses, que afectan a 50,000 personas. Mientras el tribunal evalúa el caso, los solicitantes esperan una resolución que desbloquee sus caminos hacia la residencia permanente y restaure la confianza en el sistema migratorio.