¿Qué es la regla «Matter of Q. Li» y cómo afecta a migrantes?

¿Qué es la regla «Matter of Q. Li» y cómo afecta a migrantes?

La regla “Matter of Q. Li”, emitida en 2022 por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), ha endurecido las posibilidades de libertad bajo fianza para miles de inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 2025. Esta decisión, aplicada con mayor rigor bajo la administración del presidente Donald Trump, restringe el acceso a audiencias de fianza, dejando a muchos migrantes en detención prolongada. Organizaciones de derechos humanos advierten sobre un impacto humanitario severo, mientras las cortes migratorias enfrentan un aumento de casos, afectando a comunidades en todo EE.UU.

Origen y alcance de la regla

La decisión “Matter of Q. Li” establece que los jueces de inmigración no tienen jurisdicción para otorgar fianza a migrantes bajo detención obligatoria, especialmente aquellos interceptados en la frontera o con permisos temporales revocados. Según el Centro de Información y Acceso a Registros, la regla afecta a 70% de los 180,000 detenidos por ICE en 2025. La abogada Lisette Sánchez explicó que la norma aplica incluso a quienes son arrestados dentro del país, como en paradas de tráfico, dejando a jueces sin autoridad para liberar bajo fianza. Esto marca un cambio respecto a 2020, cuando 60% de los detenidos podían solicitar audiencias.

Impacto en los migrantes

La regla ha transformado el panorama para los migrantes en proceso de deportación. Antes, quienes no representaban un riesgo podían obtener libertad condicional mientras sus casos, que promedian 18 meses según el Transactional Records Access Clearinghouse, se resolvían. Ahora, muchos enfrentan detenciones de hasta tres años. En centros como el de Adelanto, California, con capacidad para 1,940 personas, el hacinamiento ha alcanzado el 120%, según el American Immigration Council. Sánchez destacó que la detención prolongada afecta la salud mental, con 30% de los detenidos reportando depresión severa, según un estudio de Physicians for Human Rights.

Contexto de políticas migratorias

La “Matter of Q. Li” se alinea con las políticas migratorias de Trump, reforzadas por la Ley Laken Riley de 2025, que impone sanciones más duras a indocumentados. ICE ha deportado a 300,000 personas este año, un aumento del 50% respecto a 2024. Las redadas, que han detenido a 15,000 trabajadores agrícolas en California y Texas, han generado protestas, como las del 8 de julio en San Francisco, donde 10 activistas fueron heridos. La administración destinó $12 mil millones para centros de detención, pero las condiciones, con 25% de los centros reportando hacinamiento, han sido criticadas por la ACLU como “inhumanas”.

Reacciones de la comunidad

Organizaciones como la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes han calificado la regla como “devastadora”. En Los Ángeles, 2,000 personas marcharon el 7 de julio exigiendo su derogación. La abogada de inmigración María González señaló que los migrantes con familias en EE.UU., como los 500,000 con hijos ciudadanos, enfrentan separaciones prolongadas. En Texas, donde 10,000 detenidos esperan audiencias, los refugios reportan un aumento del 40% en solicitudes de apoyo psicológico. La Red de Respuesta Rápida de California instó a los migrantes a buscar asesoría legal inmediata para explorar opciones como el asilo, que solo se otorga al 15% de los solicitantes, según el Departamento de Justicia.

Desafíos legales y perspectivas

La ACLU planea desafiar la “Matter of Q. Li” en tribunales federales, argumentando que viola el debido proceso garantizado por la Quinta Enmienda. En 2024, un caso similar en el Noveno Circuito logró suspender temporalmente detenciones arbitrarias, pero la Corte Suprema, con mayoría conservadora, podría respaldar la regla. Mientras, las protestas del 17 de julio, inspiradas en John Lewis, planean movilizar a 50,000 personas en 20 ciudades para exigir reformas migratorias. La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, pidió al Congreso revisar la norma, argumentando que “criminaliza a comunidades trabajadoras”. Con 680,000 casos pendientes en cortes migratorias, según Syracuse University, los migrantes enfrentan un sistema cada vez más restrictivo, donde la detención prolongada se ha convertido en la norma.