Rubio impulsa plan global para deportar migrantes: «Cuanto más lejos de EE.UU., mejor»
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció este miércoles que la administración Trump está «buscando activamente» que más países, además de El Salvador, acepten inmigrantes deportados desde Estados Unidos, independientemente de su nacionalidad. Durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca, Rubio expresó que el objetivo es enviar a individuos considerados peligrosos a prisiones extranjeras, afirmando: «Cuanto más lejos de América, mejor, para que no puedan cruzar la frontera».
Este enfoque ha generado controversia, especialmente tras la deportación de 240 venezolanos, presuntos miembros de bandas criminales, utilizando la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798, hacia una prisión de alta seguridad en El Salvador. La negativa del gobierno venezolano a aceptar su retorno motivó esta acción.
Ruanda y Panamá entre los países que podrían recibir deportados
Te Recomendamos
Además de El Salvador, la administración Trump ha iniciado conversaciones con países como Ruanda y Panamá para establecer acuerdos similares. Ruanda respondió positivamente a una propuesta reciente de EE.UU. para aceptar deportados, enmarcando la colaboración como parte de su política de apertura a tales arreglos. Sin embargo, críticos argumentan que esta aceptación busca mejorar la imagen internacional de Ruanda en medio de preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos bajo el presidente Paul Kagame.
Estos acuerdos han sido objeto de críticas por parte de defensores de derechos humanos, quienes consideran que trasladar a inmigrantes a países con registros cuestionables en derechos humanos es éticamente problemático y políticamente motivado.
Caso Abrego García: deportación errónea y desafío judicial
El caso de Kilmar Abrego García, un inmigrante salvadoreño deportado erróneamente en marzo, ha intensificado el escrutinio sobre las políticas de deportación de la administración Trump. Abrego García fue deportado a El Salvador a pesar de una orden judicial de 2019 que prohibía su expulsión debido al riesgo de persecución en su país natal. Actualmente, se encuentra en una prisión de alta seguridad en El Salvador, conocida por sus condiciones inhumanas.
El presidente Trump reconoció en una entrevista con ABC News que podría ordenar la liberación de Abrego García, pero declaró no tener intención de hacerlo, alegando que se trata de un criminal. Sin embargo, no existen pruebas ni cargos en su contra relacionados con pertenencia a pandillas, y sus abogados y familiares niegan tales acusaciones.
La jueza federal Paula Xinis describió la deportación como «totalmente ilegal» y ordenó al gobierno facilitar su retorno a EE.UU. antes del 7 de abril. La Corte Suprema respaldó esta orden, indicando que el gobierno debe «facilitar» su liberación, aunque no especificó que deba «efectuar» su retorno inmediato.
Rubio defiende acciones y rechaza supervisión judicial
Ante las críticas, Rubio defendió la postura de la administración, afirmando que la conducción de la política exterior corresponde al presidente y al poder ejecutivo, no a los jueces. «Nosotros dirigiremos la política exterior, pero nunca la comentaré y nadie nos obligará a hablar de ella», declaró.
Esta afirmación ha generado preocupación entre expertos legales y defensores de derechos humanos, quienes argumentan que el caso de Abrego García representa una amenaza al debido proceso constitucional y evidencia el desprecio de la administración Trump por la autoridad judicial.
Implicaciones y críticas a nivel nacional e internacional
La estrategia de la administración Trump de deportar inmigrantes a terceros países ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos y líderes políticos. Senadores como Chris Van Hollen han expresado su oposición, y jueces federales han cuestionado la legalidad de estas acciones.
Además, la utilización de la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798 para justificar deportaciones ha sido vista como una medida extrema y controvertida. Defensores de derechos humanos argumentan que estas políticas podrían poner en peligro la vida de los deportados y socavar los principios fundamentales del sistema legal estadounidense.
Mientras tanto, la administración continúa buscando acuerdos con más países para reubicar a inmigrantes deportados, en una estrategia que, según Rubio, busca mantener a individuos considerados peligrosos lo más lejos posible de EE.UU.