Texas ordena a alguaciles actuar como agentes migratorios
El estado de Texas ha dado un paso más en su ofensiva contra la inmigración irregular. La Legislatura, dominada por el Partido Republicano, aprobó la Ley Senatorial 8 (SB-8), una medida que obligará a los departamentos del alguacil en la mayoría de los condados a firmar acuerdos de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El proyecto ya ha sido enviado al gobernador Greg Abbott, quien se espera que lo firme en los próximos días.
De ser promulgada, esta ley transformará a cientos de alguaciles locales en colaboradores directos del sistema federal de control migratorio, autorizándolos a cuestionar el estatus legal de personas detenidas en las cárceles del estado.
Alcance estatal: 234 condados implicados
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Según cifras citadas en medios locales, al menos 234 de los 254 condados de Texas se verán afectados por la SB-8. La normativa exigirá que los departamentos de alguaciles que administran centros de detención celebren pactos con ICE, lo cual les permitirá actuar bajo la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta sección otorga a ciertos agentes locales poderes limitados de detención y procesamiento de inmigrantes.
Los defensores de esta ley argumentan que reforzará la seguridad en las comunidades texanas al facilitar la identificación y expulsión de personas sin estatus legal. Sin embargo, organizaciones civiles, activistas y legisladores demócratas advierten que la medida legaliza la discriminación racial y convierte a la policía local en brazo ejecutor de políticas migratorias federales.
Oposición de organizaciones de derechos civiles
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) ha sido una de las voces más críticas. En un comunicado, Sarah Cruz, estratega de políticas migratorias de la ACLU en Texas, señaló que la ley “no aumentará la seguridad de nuestras comunidades, pero obligará a los alguaciles a realizar el trabajo del ICE en apoyo a los vergonzosos esfuerzos de deportación masiva del gobierno federal”.
Cruz advirtió que la medida desviará recursos de las fuerzas del orden público, afectará la confianza entre comunidades inmigrantes y la policía, y dejará a víctimas y testigos de delitos en una posición aún más vulnerable.
El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) también publicó un análisis reciente que contextualiza esta legislación dentro de una política migratoria más amplia impulsada desde Texas. El informe sostiene que el estado se ha convertido en un laboratorio de prueba para las políticas antimigrantes promovidas a nivel federal por el presidente Donald Trump tras su reelección.
Una política alineada con la visión nacional de Trump
Durante los últimos cuatro años, el gobernador Greg Abbott ha promovido múltiples leyes y órdenes ejecutivas destinadas a reforzar el control fronterizo y castigar la inmigración irregular, entre ellas el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur, la construcción de un muro financiado con fondos estatales y la creación de delitos penales por entrada ilegal al estado.
La nueva SB-8 encaja dentro de esta estrategia. Al obligar a los alguaciles a colaborar con ICE, el estado elimina la posibilidad de que las jurisdicciones locales adopten políticas de “ciudad santuario” o limiten su participación en la aplicación de leyes migratorias federales.
Desde el Gobierno federal, el presidente Trump ha elogiado la “valentía” de Texas al enfrentar lo que ha calificado como una “crisis fronteriza sin precedentes” y ha impulsado que otros estados adopten leyes similares. Ya se han registrado movimientos legislativos inspirados en Texas en estados como Florida, Georgia y Tennessee.
Efectos en las comunidades inmigrantes
Grupos de defensa de los inmigrantes aseguran que esta política tendrá un impacto devastador en las comunidades latinas y de otras minorías. Se teme un aumento en las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de perfiles raciales y una caída en la denuncia de delitos por parte de personas indocumentadas, que temen ser arrestadas al acudir a las autoridades.
Además, expertos legales advierten que estas políticas podrían enfrentar desafíos constitucionales en tribunales federales, especialmente si resultan en la detención prolongada de personas sin cargos penales o sin justificación migratoria inmediata.
La implementación de la SB-8 marcará un giro drástico en la relación entre las agencias locales y las autoridades migratorias en Texas, consolidando al estado como uno de los más agresivos en la aplicación de políticas migratorias restrictivas en Estados Unidos.