El gobierno de Donald Trump ha decidido cancelar un programa esencial que brindaba asistencia legal a inmigrantes con enfermedades mentales, según una demanda presentada el lunes por varios grupos de abogados especializados en inmigración. Esta medida afecta a alrededor de 200 personas que recibían apoyo a través del Programa Nacional de Representantes Calificados, y deja en peligro a algunos de los inmigrantes más vulnerables, aquellos con problemas de salud mental, discapacidades cognitivas y lesiones cerebrales traumáticas.
¿Qué es el programa nacional de representantes calificados?
El Programa Nacional de Representantes Calificados fue creado como parte de un acuerdo legal en 2013 y tenía como objetivo proporcionar asistencia legal a los inmigrantes detenidos que padecen enfermedades mentales o discapacidades cognitivas. A través de este programa, se les asignaban abogados especializados para que pudieran defenderse en el sistema de justicia migratoria, un proceso notoriamente complejo y difícil de navegar, especialmente para aquellos que no pueden representarse a sí mismos debido a sus condiciones mentales.
El programa operaba en todos los estados de EE. UU., excepto en Arizona, California y Washington, donde fue establecido originalmente y continuó funcionando debido a acuerdos locales.
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¿Por qué se canceló el programa?
La cancelación del programa forma parte de los esfuerzos del gobierno de Trump para acelerar las deportaciones y reducir el apoyo legal a los inmigrantes. A lo largo de su mandato, el gobierno republicano ha buscado eliminar recursos que asisten a los inmigrantes, como los abogados de inmigración que ayudan a niños no acompañados y a adultos detenidos, limitando las opciones de los inmigrantes para obtener una representación adecuada.
La decisión fue anunciada el 25 de abril y ha sido recibida con gran preocupación por parte de las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. Según los demandantes, la eliminación de este programa deja a muchos inmigrantes sin las protecciones legales necesarias, lo que aumenta las probabilidades de que sean deportados injustamente.
Declaraciones de los demandantes
David Faherty, litigante supervisor de detención de adultos en el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, uno de los grupos demandantes, comentó sobre el impacto de la cancelación del programa: “En muchos países del mundo, las personas con enfermedades mentales corren un grave riesgo de tortura y muerte. Sin un abogado, la deportación podría someterlas a esas condiciones”, explicó a nuestra cadena hermana NBC News.
Faherty también subrayó que la cancelación del programa ya ha tenido consecuencias negativas inmediatas. En uno de los casos más recientes, un hombre detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue identificado como una persona con enfermedad mental, pero al no contar con asistencia legal, no pudo acceder a la representación que le correspondía.
Reacción del gobierno de Trump
El Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han defendido la cancelación del programa como parte de su esfuerzo por hacer el sistema de inmigración más eficiente y acelerar el proceso de deportación. Sin embargo, las organizaciones que luchan por los derechos de los inmigrantes critican esta decisión, señalando que no solo es cruel, sino también discriminatoria hacia las personas con discapacidad.
Laura Lunn, directora de defensa y litigio de la Red de Defensa de los Inmigrantes de las Montañas Rocosas, uno de los grupos demandantes, señaló que “la acción del gobierno de recortar los fondos para los abogados de oficio para personas incapaces de representarse a sí mismas en tribunales de inmigración no solo es despiadada y cruel, sino también discriminatoria contra las personas con discapacidad”.
Impacto en los jueces de inmigración
El programa cancelado también tenía un impacto importante en el trabajo de los jueces de inmigración. Los jueces solían delegar en los abogados la tarea de obtener evaluaciones psicológicas y médicas necesarias, lo que hacía el proceso mucho más eficiente. Sin estos abogados, el trabajo de los jueces podría verse entorpecido, lo que lleva a retrasos y a una mayor carga para el sistema judicial.
Verónica Barba, abogada que manejaba varios casos cubiertos por el programa cancelado, explicó: “La diferencia desde que comenzó este acuerdo es como la noche y el día. Las personas estuvieron languideciendo en los tribunales y centros de detención durante años, sin acceso a una representación adecuada. Ahora, las personas tienen un recurso que les permite enfrentar su situación de manera más efectiva”.
Los grupos demandantes
La demanda fue presentada por varias organizaciones, incluyendo el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, el American Gateways, el Amica Center for Immigrant Rights y el Estrella del Paso, entre otras. Estas organizaciones continúan luchando para garantizar que los inmigrantes vulnerables, especialmente aquellos con discapacidad mental, tengan acceso a la representación legal necesaria para defender sus derechos.