El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó este lunes al Gobierno de Donald Trump a reanudar la expulsión de migrantes a países considerados peligrosos, como Sudán del Sur y El Salvador. Con esta decisión, se revierte una orden judicial previa que impedía tales deportaciones, marcando una nueva victoria para la administración republicana en su ofensiva por implementar deportaciones masivas.
La resolución, emitida en una orden breve y no firmada, suspende el fallo del juez federal Brian Murphy, quien había bloqueado el envío de ocho migrantes desde una base militar en Yibuti hacia terceros países, entre ellos Sudán del Sur, bajo el argumento de que podrían ser víctimas de tortura o persecución. El Supremo no justificó su decisión, como es habitual en este tipo de órdenes de emergencia.
Trump podrá expulsar migrantes a Sudán del Sur pese a riesgos humanitarios
La mayoría de los migrantes afectados no son originarios de Sudán del Sur: uno procede de ese país africano, pero los otros son ciudadanos de Cuba, México, Laos, Birmania y Vietnam. Según el gobierno, todos ellos fueron considerados «peligrosos» por haber cometido crímenes graves en Estados Unidos, aunque en algunos casos no se detallaron los cargos ni se ofreció acceso legal adecuado para apelar sus deportaciones.
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El Departamento de Estado cataloga a Sudán del Sur como un país extremadamente peligroso, afectado por un conflicto armado prolongado, con riesgo elevado de violencia, secuestros, y donde se han documentado múltiples casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales. La propia administración estadounidense ha recomendado a sus ciudadanos evitar viajes al país africano y evacuó al personal no esencial de su embajada en mayo.
Civiles que han huido de los combates en Sudán caminan hacia el centro de tránsito de refugiados de la ciudad de Renk, en el estado del Alto Nilo, en Sudán del Sur, en una imagen de archivo. EFE/EPA/Amel Pain
Aun así, el Tribunal Supremo dio luz verde para que los migrantes puedan ser trasladados allí, bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La orden permite además que el gobierno de Trump continúe gestionando expulsiones a otras regiones con altos niveles de violencia, bajo acuerdos bilaterales que no han sido totalmente transparentados ante la opinión pública.
Acuerdo con El Salvador: deportaciones en cárceles de máxima seguridad
El caso de El Salvador es otro ejemplo que levanta alarmas entre defensores de derechos humanos. La administración de Trump firmó un acuerdo confidencial con el presidente Nayib Bukele para que más de 200 personas deportadas desde Estados Unidos sean confinadas en una megacárcel en territorio salvadoreño, construida recientemente para albergar hasta 40 mil presos.
Según información publicada por medios locales e internacionales, la mayoría de los deportados aún no han tenido contacto con abogados ni familiares. Además, diversas organizaciones salvadoreñas han denunciado condiciones inhumanas dentro del penal, como hacinamiento, falta de acceso a alimentos adecuados y malos tratos.
El acuerdo incluye una contraprestación de 6 millones de dólares entregados por Washington a cambio de que El Salvador reciba a los migrantes durante un periodo inicial de un año. Ni el Congreso salvadoreño ni el estadounidense han revisado el documento, lo cual ha generado críticas por la opacidad de su contenido.
Fotografía cedida por la Presidencia de El Salvador, donde se observa a guardias del Cecot con los migrantes enviados por EE.UU. EFE/ Presidencia de El Salvador
La administración de Trump ha argumentado que estos convenios son necesarios para mantener la seguridad nacional y acelerar las deportaciones, debido a que algunos países de origen se han negado a aceptar a ciudadanos condenados por delitos en Estados Unidos.
Controversia legal por deportaciones a zonas en guerra
La legislación estadounidense prohíbe expresamente la deportación de personas a terceros países donde existan fundamentos razonables para creer que podrían ser sometidas a tortura. Esta norma, basada en convenios internacionales como la Convención contra la Tortura, suele proteger a solicitantes de asilo y personas en riesgo por razones humanitarias.
Sin embargo, el fallo del Tribunal Supremo abre la puerta a una interpretación más flexible, al permitir la deportación sin que haya certeza plena sobre los riesgos en el país de destino, siempre que el gobierno alegue razones de seguridad nacional o diplomáticas.
El fiscal general del estado de Massachusetts, una de las partes que presentó la demanda para detener las deportaciones, expresó su decepción por la decisión del alto tribunal. “Estamos hablando de personas que, más allá de su estatus migratorio, tienen derecho a un trato justo y a no ser enviados a lugares donde su vida corre peligro”, señaló.
Mientras tanto, defensores de inmigrantes y líderes comunitarios han alertado sobre el impacto de esta decisión en miles de familias latinas que podrían verse afectadas por futuras deportaciones. Varios activistas en Los Ángeles, Nueva York y Chicago anunciaron movilizaciones y campañas legales para evitar que la medida siente un precedente duradero.
El caso también ha reactivado el debate sobre el uso de bases militares estadounidenses en el extranjero para operaciones migratorias, como la base en Yibuti donde permanecían detenidos los ocho migrantes. La presencia de civiles detenidos en instalaciones militares fuera del territorio continental ha sido fuertemente criticada por organizaciones como Human Rights Watch y la ACLU.